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El pedido de indagatoria a los directivos de Aguas Santafesina SA denunciados por contaminar el río Paraná con el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento previo quedó demorado casi medio año, luego de que el juez federal Carlos Vera Barros se declarara incompetente –por segunda vez– en diciembre pasado. Su decisión fue revocada esta semana por la Cámara de Apelaciones que dio lugar a cuestionamientos en su contra por “falta de fundamento idóneo” a la hora de excusarse, además de provocar “demoras indebidas” ante un “riesgo inadmisible” a la salud pública y el ambiente. En especial porque no acató los criterios que la Corte Suprema de la Nación ya había fijado sobre la competencia “federal” en conflictos que atañen al río Paraná, dado que recorre varias provincias del país.
Ante ello, el juez de la Cámara de Apelaciones Fernando Lorenzo Barbará revocó esta semana la resolución dictada por Vera Barros el 15 de diciembre pasado y ordenó que el expediente vuelva a su juzgado.
Ahora Vera Barros deberá tomar cartas en el asunto sobre el pedido de indagatoria que solicitó el fiscal federal Claudio Kishimoto contra los directivos y gerentes de Aguas Santafesinas SA (Assa) por el presunto delito de infracción a la ley de Residuos Peligrosos.
El fiscal basó su acusación en peritajes oficiales que arrojaron resultados escandalosos: que la firma vuelca al río Paraná por día alrededor de 350 millones de litros de efluentes cloacales e industriales “en forma deficiente y sin tratamiento previo” contaminando el curso del río Paraná de un modo “peligroso para la salud, el suelo y el agua”. Esas pruebas fueron recolectadas en la zona donde está ubicada la planta de Recepción Emisario Sur (Ayolas y Circunvalación) donde los camiones atmosféricos realizan las descargas.
Según la Fiscalía, los peritajes de “corroboración” fueron realizados sobre muestras extraídas de suelo, agua y sedimentos del sector involucrado por la División de Medio Ambiente de la Policía Federal y la Prefectura Naval entre septiembre de 2018 y octubre de 2021, y evidenciaron que el sector peritado “se encuentra contaminado con un claro escenario de riesgo ambiental”.
La causa se inició a partir de una denuncia penal presentada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná en la que menciona que Aguas Santafesinas viola una ley nacional vigente desde 1891 que prohíbe el vuelco de efluentes sin tratar por el nivel de contaminación ambiental que pone en riesgo la salud pública.
Ambientalistas de esa ONG informaron que los análisis de laboratorio establecieron que las muestras estaban “altamente contaminadas con la bacteria escherichia coli (considerada un residuo peligroso por ser un organismo infeccioso) en un nivel escandaloso”. Y agregaron que los estudios también detectaron la presencia de metales pesados, como níquel, por encima de los parámetros legales, “lo que evidencia que además de efluentes cloacales estarían volcando efluentes industriales”.
Sin embargo, cuando en diciembre pasado el fiscal federal Claudio Kishimoto solicitó la indagatoria de los directivos de la empresa de servicios públicos, el juez Vera Barros declinó su competencia en la causa y por segunda vez argumentó que la investigación debería continuar en el fuero provincial.
Desde la Asociación Civil Cuenca Río Paraná tildaron su decisión como una “aberración jurídica que violenta la razón y toda lógica, pero además deja en absoluto estado de desprotección al ambiente y a la salud pública”.
Entre otros argumentos que presentaron para apelar la resolución esgrimieron estar frente a un caso de extrema gravedad: “Hablamos de una contaminación de magnitud enorme que ocurre en la provincia de Santa Fe, a escasos 100 metros del límite interprovincial con Entre Ríos, siendo que además el cauce recorre diversas provincias hasta desembocar en el río de la Plata y, pese a ello, el juez Vera Barros se declara incompetente porque dice que no tiene acreditada la interjurisdiccionalidad”.
También cuestionaron que el juez ya se había declarado incompetente en la misma causa, oportunidad en que remitió el expediente al fuero provincial, y se lo devolvieron luego de varias medidas probatorias donde el fiscal del MPA Matías Ocaris acreditó con imágenes satelitales, fotografías y otros elementos que la contaminación que se sospecha es de carácter interjurisdiccional.
Mientras tanto, concluyeron, “no se dictó ninguna medida cautelar que evite el vuelco de esos efluentes cloacales e industriales al río Paraná y tampoco ninguna medida que obligue a la empresa a emprender un rápido tratamiento de esos desechos como lo establece la ley”, dijeron desde Cuenca Río Paraná.
