Producción de arándanos en Concordia: procesaron a tres empresarios por trata de personas

En la ciudad de Concordia en la provincia de Entre Ríos, la fiscal federal Josefina Minatta, apeló la falta de mérito dictada el pasado 31 de marzo pasado a un empresario imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado contra al menos 190 trabajadores rurales, que se dedicaban a la cosecha de arándanos.

En este sentido, Minatta pidió que fuera procesado al igual que otros tres empresarios. Se trata del presidente de la firma Extraberries S.A., que de acuerdo a la investigación explotaba los campos donde ocurrieron los hechos denunciados.

El juez federal Pablo Andrés Seró fue quien dictó el procesamiento de los tres hombres, el presidente de la empresa Eureka SRL y dos capataces, tras considerarlos responsables del mismo delito en calidad de autores, y a su vez dispuso el embargo de bienes de sus bienes hasta alcanzar la suma de 50 mil pesos cada uno.

A estos empresarios se les imputa haber intervenido en la captación y acogimiento de las víctimas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría procedentes de provincias del norte argentino, para explotarlos laboralmente en campos de Concordia para la cosecha de arándanos.

Entre Ríos es la primera productora y exportadora de este fruto del país, siendo el departamento Concordia como el epicentro de dicha producción.

Según la investigación, las víctimas eran convocadas en su mayoría por una persona a quien conocían por haber realizado trabajos anteriores.

Desde la terminal de ómnibus de esa ciudad eran trasladados en micros -cuyos pasajes luego les descontaban del salario- hasta la zona de las fincas en la provincia de Entre Ríos.

Una vez que arribaban al lugar, la mayoría de las promesas que les habían realizado no se cumplían. Además, eran alojados en lugares inhabitables sin luz, con precarias instalaciones eléctricas y sin baños. En su declaración, algunos de los trabajadores dijeron estar a las órdenes de Eureka SRL.

La investigación, según se informó, es el resultado de la unificación de seis causas originadas por denuncias presentadas entre los años 2013 y 2017, acumuladas porque involucran a las mismas personas imputadas.

De acuerdo a los testimonios, la explotación laboral de esas personas habría consistido en trabajo no registrado en la cosecha de arándanos, con jornadas de 12 horas diarias de lunes a sábados. No se les proveía la vestimenta de trabajo ni elementos de seguridad acordes a las tareas, les descontaban el valor de la comida y de los pasajes de traslado, y no les otorgaban recibo de haberes ni les efectuaban aportes previsionales.

Las personas explotadas tenían prohibido trasladarse a sus lugares de origen, se les retenía documentación personal y les prohibían salir cuando tenían problemas de salud, bajo amenazas de ser despedidos, así como también hablar con otras personas.

Según declararon las víctimas, los acusados imponían en este contexto sanciones a aquellas personas que expresaban su voluntad de renunciar, tales como no darles comida, no pagarles y hacerlos caminar distancias extremadamente largas.