Allanaron la casa y la oficina del presidente comunal de Tartagal por presunta venta irregular de terrenos

Este jueves, por orden del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, en respuesta a la solicitud del fiscal federal Roberto Salum, personal de Gendarmería Nacional realizó dos allanamientos simultáneos: en la sede de la administración comunal de Tartagal y el domicilio particular de su presidente, Nelson Elham.

Los procedimientos se enmarcan en una causa que investiga la presunta venta irregular de terrenos ferroviarios, propiedad del Estado nacional, en pleno centro histórico del pueblo.

La investigación judicial se inició tras denuncia presentada por la médica Beatriz Villa, integrante de la Asociación Civil Huellas del Tanino, que busca rescatar la memoria de La Forestal.

Se investigan dos posibles figuras penales: el artículo 174, inciso 5° y último párrafo del Código Penal, que contempla penas de entre dos y seis años de prisión por fraude contra la administración pública; y el artículo 248, que establece penas de entre dos y diez años de prisión por malversación de caudales públicos , además de inhabilitación especial para el funcionario responsable.

La denuncia tomó impulso cuando se constató que vecinos particulares estaban demarcando terrenos, aparentemente cedidos o vendidos por el presidente comunal, lo que investiga el fiscal federal de Reconquista, quien pidió los allanamientos para buscar documentación probatoria.

En el procedimiento, se presentó un convenio firmado por Elham, en el que se establece la cesión de uso de terrenos que continúan siendo propiedad del Estado nacional. No existe escritura ni boleto de compraventa, pero los beneficiarios ya han construido cercos y pilares para bajar energía eléctrica sobre la propiedad estatal.

Las ocupaciones de los terrenos del ferrocarril son de larga data.

En su momento, la médica Noemí Cuellar, como presidente comunal, había construido un paseo y cedido en comodato el uso de algunos terrenos a empresas para la instalación de antenas.

Este jueves 18 de septiembre de 2025, por orden del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, en respuesta a la solicitud del fiscal federal Roberto Salum, personal de Gendarmería Nacional realizó dos allanamientos simultáneos: en la sede de la administración comunal de Tartagal y el domicilio particular de su presidente, Nelson Elham.

Los procedimientos se enmarcan en una causa que investiga la presunta venta irregular de terrenos ferroviarios, propiedad del Estado nacional, en pleno centro histórico del pueblo.

La investigación judicial se inició tras denuncia presentada por la médica Beatriz Villa, integrante de la Asociación Civil Huellas del Tanino, que busca rescatar la memoria de La Forestal.

Se investigan dos posibles figuras penales: el artículo 174, inciso 5° y último párrafo del Código Penal, que contempla penas de entre dos y seis años de prisión por fraude contra la administración pública; y el artículo 248, que establece penas de entre dos y diez años de prisión por malversación de caudales públicos , además de inhabilitación especial para el funcionario responsable.

La denuncia tomó impulso cuando se constató que vecinos particulares estaban demarcando terrenos, aparentemente cedidos o vendidos por el presidente comunal, lo que investiga el fiscal federal de Reconquista, quien pidió los allanamientos para buscar documentación probatoria.

En el procedimiento, se presentó un convenio firmado por Elham, en el que se establece la cesión de uso de terrenos que continúan siendo propiedad del Estado nacional. No existe escritura ni boleto de compraventa, pero los beneficiarios ya han construido cercos y pilares para bajar energía eléctrica sobre la propiedad estatal.

Las ocupaciones de los terrenos del ferrocarril son de larga data.

En su momento, la médica Noemí Cuellar, como presidente comunal, había construido un paseo y cedido en comodato el uso de algunos terrenos a empresas para la instalación de antenas.

Las cesiones tienen antecedentes de larga data. Se menciona el caso de Juan José Cuevas, quien tiene en el predio del ferrocarril su casa y su estación de servicio. También allí construyó la vivienda un tal Albarenga.

Nelson Elham, presidente comunal de Tartagal, es de origen radical, integrante del Frente Unidos y referenciado políticamente con el diputado provincial Dionisio Scarpín. Fue reelecto recientemente y asumirá en diciembre su tercer mandato, tras vencer en las últimas elecciones al candidato peronista Juan José Cuevas.

La denuncia ingresó hace un par de semanas. Primero el fiscal hizo algunas constataciones y -ahora- se realizaron los dos allanamientos buscando pruebas para determinar si imputará o no algún delito. Para eso tiene un plazo de 90 días a partir de la denuncia. De considerar que hay algún posible delito, debe profundizar la investigación porque tiene un año de plazo para presentar la acusación formal para elevar el caso a juicio.

Más sospechas
Elham viene golpeado también por otras sospechas, vinculadas con el dinero que la provincia le deposita para que pague el Boleto Educativo Rural a los beneficiarios directos; y por el sospechoso uso de fondos provinciales asignados para obra pública.

El diputado provincial Dionisio Scarpín se refirió a su relación con el gobierno de la comuna de Tartagal, manifestando que se ha enfriado debido a la falta de colaboración y al rechazo de su ofrecimiento de asesoramiento, y que últimamente ya ni le atendió el teléfono.

En una entrevista con Gustavo Raffin para Radio HOY, el legislador explicó que la relación se inició en el año 2021, motivada por la necesidad de un «cambio en la gestión comunal». En ese momento, ofreció al mandatario un «asesoramiento técnico y ayuda en la gestión», propuesta que, según el legislador, nunca fue aceptada.

Esta situación llevó a un «enfriamiento» de la relación. Como ejemplo, Scarpín mencionó que intentó mediar en un problema de caminos rurales, pero que le fue imposible establecer contacto. El diputado también afirmó desconocer detalles sobre la sesión de terrenos del ferrocarril y otras posibles irregularidades en la administración comunal. Pero aludió a comentarios de que «los cedía de manera gratuita, pero no conozco ese tema en profundidad».