Presentan impugnación al pliego del candidato a fiscal regional de Rafaela

Una ONG de Rafaela impugnó el pliego de Carlos Vottero, propuesto por el gobernador Omar Perotti para ocupar la Fiscalía regional de la quinta circunscripción con sede en esa ciudad. Lo acusan de mal desempeño en un caso de violación de una joven de la localidad de Pilar, en el departamento Las Colonias, ocurrido en 2018.
La nota con la impugnación a Vottero recayó en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina y fue enviada por la Asociación Civil Florentina de Rafaela. “La Justicia es para las víctimas o la impunidad ns pone en riesgo a todas”, es el encabezado de la denuncia firmada por la presidenta de la organización, Soledad Comini Borda.

Lionella Cattalini, titular de la Comisión de Acuerdos, confirmó a La Capital la presentación de la impugnación contra Vottero. La diputada socialista aclaró que hasta el 8 de mayo se pueden presentar más objeciones y que todavía no tiene fecha la citación a esta ONG de Rafaela para que los legisladores escuchen la denuncia del caso.
También está prevista una entrevista personal con Vottero para el 10 de mayo, un día antes que de que la Asamblea Legislativa se reúna para tratar su pliego, al igual que el de Martín Riccardi, propuesto por el Ejecutivo para defensor regional de Rosario.
Los nombres de Vottero y Riccardi surgieron luego de que la Asamblea Legislativa “bochara” los pliegos de Orlando Toniolo para fiscal regional y el de Gonzalo Armas para defensor regional de Rosario.

La Asociación Florentina es una organización que asiste a víctimas de violencia de género. En la impugnación a Vottero detalla un caso atroz: una violación en manada de una menor de edad en la localidad de Pilar. La adolescente fue abusada por once adultos y un menor de edad durante largas horas y en el caso actuó Vottero. “Este fiscal no garantizó los derechos de la víctima al prolongar su dolor y dilatar el comienzo del proceso; proceso que puede traer una reparación a L. y a toda la sociedad que se vio conmocionada ante este hecho terrible y que exige un rápido castigo a sus abusadores. En los delitos contra la integridad física no puede haber diferencia de clases, si un menor resulta damnificado el Estado debe garantizar sus derechos sin dilaciones, cuidando su salud física, psíquica y social”, dice la carta enviada a la Legislatura.

Luego plantea que “desde que el fiscal asumió no ha generado las condiciones necesarias para establecer contacto con la víctima, es más, las veces que fue citada a declarar la menor no fue notificada fehacientemente por la Fiscalía. No garantizó el derecho a la información a la víctima. También queremos destacar que la extrema vulnerabilidad económica, social y familiar que vive la víctima requiere de esfuerzos efectivos por parte de la Justicia para asegurar el debido proceso, en pos de que pueda movilizarse para declarar y entender todo el proceso en el que participa como víctima, justamente por haberse vulnerado sus derechos y haber padecido vejaciones a su cuerpo e intimidad inimaginables”.

También objeta “las dilaciones en torno al juicio que debía comenzar en diciembre pasado, pero, por maniobras de los abogados defensores, se postergó para el pasado 3 de abril. Curiosamente en esa fecha el fiscal (Vottero) solicitó suspenderlo nuevamente. No entendemos esta actitud, y necesitamos entender por qué el representante del Ministerio Público Provincial elige demorar el inicio del juicio, cuando esta situación desalienta y deja en el desamparo a la víctima L”.

Luego de relatar el supuesto mal desempeño de Vottero, la Asociación Florentina se pregunta: “¿Un fiscal que no garantizó los derechos de una víctima de violencia de género tan vulnerable, siendo ese un caso tan importante para la víctima como para la sociedad, puede estar a cargo de una Fiscalía Regional?”. Y acota “que la impunidad de los agresores es el elemento adoctrinador más fuerte. Las estadísticas marcan que cuando no hay una sanción real a quienes ejercen violencia de género, los casos se multiplican y se profundiza el morbo con el que se ejecutan. Queremos ser claras: la impunidad nos pone en riesgo a todas, más aún cuando viene de mano del Estado que nos debe proteger”.