La investigación por malversación de caudales públicos que derivó en un allanamiento a la Jefatura de Policía de Rosario y la detención de 16 uniformados tiene su pata civil: son cuatro responsables del importante surtidor involucrados entre los detenidos
Información General07/05/2025
Claudia
La pesquisa que derivó en 38 allanamientos este lunes en el marco de la pesquisa por defraudación con combustibles en la Unidad Regional II de Policía de Rosario, que tiene una veintena de detenidos, se enfocó principalmente en la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos 3900, cuyos titulares y encargado están detenidos y cuyo local permanece clausurado, dijeron fuentes de la pesquisa a cargo del fiscal José Luis Caterina.
Todo indica que allí se concentró la maniobra ilícita entre la empresa y efectivos policiales, dijo un vocero del caso, que añadió. “No se descartan que hayan participado otras estaciones”, lo cuál concuerda con las versiones de que dentro de los 38 operativos hubo medidas en otras empresas de la misma marca.
El fiscal Caterina dijo que a medida que el gobierno provincial reforzó con más móviles a la Policía de Rosario se incrementó, lógicamente, la demanda y partidas para combustibles. “Parte de la carga de móviles se concentró en una estación de servicio, cuyos propietarios están comprometidos”, amplió.
Dieciséis de los arrestados son policías, entre ellos los jefes de las agrupaciones Cuerpos, Comando Radioeléctrico ( a quién sólo le incautaron el celular), Brigada de Orden Urbano, Caballería y Perros, Grupo Táctico Multipropósito, Infantería, Motorizada, Logística, Habilitación y Secretaría Privada.
El gobierno provincial, que colaboró con la pesquisa a partir de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, evaluó en unos 45 millones de pesos mensuales el desfalco a las arcas públicas. También el Ejecutivo intervino la regional y designó al mando a Claudio Romano.
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Hasta el viernes 9 de mayo se brindarán distintas actividades de manera gratuita, charlas sobre prevención, espirometrías y talleres para hacer accesibles los tratamientos en efectores públicos.
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