La medida se enmarca en el plan del Gobierno provincial para desactivar puntos de narcomenudeo en barrios vulnerables. La investigación estuvo a cargo del MPA y de la Policía de Santa Fe. Ocurrió este miércoles en Campbell 1600 bis y Pasaje Sin Nombre..
Provinciales07/05/2025
Claudia
El coordinador operativo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Toribio Aranda, y el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Federico Rébola, supervisaron este miércoles el derribo de otro búnker de venta de estupefacientes en Campbell al 1600 bis y Pasaje Sin Nombre, en el barrio Empalme Graneros de la ciudad de Rosario.
En la oportunidad, Aranda destacó que “estamos dando cumplimiento a una medida ordenada por la Justicia, en el marco de una investigación por narcotráfico. Es muy importante desactivar todos estos lugares, no solo por la actividad ilícita que se desarrolla, sino también por las situaciones de violencia que se generan en torno a estos puntos de venta, en este caso de Empalme Graneros”.
Por su parte, el fiscal Federico Rébola, de la Brigada de Extorsiones y Balaceras del MPA, explicó que “empezamos una investigación por un hecho de balaceras y así llegamos a este punto, donde se generaban hechos de violencia y se vendían estupefacientes. Se realizaron tareas investigativas con la División Judiciales de la Policía de Rosario y, la semana pasada, se allanó este domicilio en particular, donde comprobamos nuestra hipótesis: efectivamente, se vendía droga en este lugar”.
“Se secuestraron entre 160 y 170 dosis fraccionadas de cocaína; también había algo de marihuana. Encontramos a cuatro personas en el interior”, detalló el fiscal, y agregó: “Estas cuatro personas quedaron detenidas. El sábado se realizó una audiencia, en la que, además de solicitar la prisión preventiva de los detenidos, se pidió a la magistratura el derribo de este punto de venta de estupefacientes, solicitud que fue acogida por el juez de la causa”.
Este tipo de intervenciones se vienen desarrollando desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe -a través del Ministerio de Justicia y Seguridad que encabeza Pablo Cococcioni-, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de Santa Fe y con la colaboración de los gobiernos locales.
Más derribos
Cabe recordar que el viernes pasado se derribaron otros dos búnkers en la ciudad de Puerto General San Martín, en el departamento San Lorenzo. En el caso de este miércoles, se trata de dos nuevas intervenciones que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe para desactivar puestos de venta de estupefacientes, desde la promulgación de la Ley de Microtráfico en todo el territorio provincial, al inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
La inactivación de estos puntos de venta forma parte de las medidas contempladas en la Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial. Esta normativa establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos vinculados al “narcomenudeo”, que antes eran competencia exclusiva de la Justicia Federal.
El Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Salud Mental, coordina mesas de trabajo regionales con escuelas, clubes, organizaciones comunitarias y gobiernos locales para construir estrategias tempranas de detección, acompañamiento y prevención.
El líder del denominado Clan Gallardo, acusado de homicidio agravado y amenazas coactivas, fue detenido en Chubut tras dos años prófugo. Estaba en la lista de los diez más buscados de la Provincia y pesaba sobre él una recompensa de 25 millones de pesos. La captura fue resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el MPA, la PDI y fuerzas provinciales y federales, que siguieron su rastro durante meses por varias provincias.
Se trata de telemedidores con los que se podrá supervisar el uso de la energía de manera remota, mejorar la precisión de los registros, reducir pérdidas y optimizar la provisión del servicio. “Esta importante inversión nos permite eficientizar nuestros propios recursos”, indicó la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez. El presupuesto oficial es de $ 11.530.531.675,91.
El gobernador inauguró este miércoles la obra en el departamento Constitución, que demandó una inversión provincial de $ 1.200 millones, sumado al aporte del 30 % de la empresa Inalpa. “El Estado tiene que acompañar al privado con inversiones para que sea más eficiente y competitivo”, aseguró. El Gobierno Provincial “está llevando adelante 7 gasoductos en todo el territorio, invirtiendo 400 millones de dólares”.
La sanción rige desde junio y tiene alcance nacional. En Rosario ya hay 32 casos firmes y 14 en trámite. El castigo por el régimen de derecho de admisión se aplica a quienes realicen pintadas vinculadas a clubes de fútbol y puede ampliarse hasta cuatro años en caso de reincidencia.
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