Los hechos investigados son por la irregular construcción de una escuela en Caspalá, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, sobre un yacimiento arqueológico.
Otras Provincias29/12/2024
Claudia
La fiscal federal de Jujuy, Lucía Orsetti, imputó a seis exfuncionarios públicos de la gestión del exgobernador Gerardo Morales por fraude contra la administración pública y el uso de documentos públicos falsos labrados por diferentes áreas del Ministerio de Educación, para la construcción de la Escuela Secundaria N°57 en la localidad Caspalá. La decisión se produce en la causa por la que el Gobierno de Jujuy deberá restituir el predio que tomó y reparar los daños que provocó en otro privado, que pertenecen a los habitantes del pueblo que está ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, por avanzar sobre los derechos de la comunidad a preservar sus costumbres ancestrales.
La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicó que esas "maniobras" causaron un perjuicio de más de $43 millones al Estado nacional, quien aportó los fondos para las obras que comenzaron y no pudieron culminar debido a que el lugar designado para levantar el establecimiento educativo era un yacimiento arqueológico protegido por leyes provinciales y federales, la Constitución Nacional y convenciones internacionales. De acuerdo al antropólogo Gustavo Ontiveros, en la propiedad privada, ocupada por el Estado jujeño para construir la cancha de fútbol destruida, a modo de reparación, las máquinas "arrasaron con parte de cuatro o cinco estructuras subterráneas que podrían tratarse de tumbas o silos circulares". "Además, se destruyeron estructuras de andenes arqueológicos antiguos, algunos prehispánicos", agregó.
La jueza de garantías N°2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, hizo lugar a la imputación formulada por la fiscal federal de Jujuy, Lucía Orsetti, sobre la exministra de Educación provincial, María Teresa Bovi; la titular de la Secretaría de Infraestructura Educativa, arquitecta María Victoria Martínez Fascio, y el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura de esa cartera, arquitecto José Raúl Torrejón. También para la asesora legal de ese ministerio, María Cecilia Rotondo; el exasesor legal de la Fiscalía de Estado jujeña, Diego Montenovi; y el excomisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza.
Las maniobras que se investigan ocurrieron cuando el gobierno provincial avanzó con las obras de la escuela sobre la cancha de fútbol de Caspalá, el único terreno nivelado del pueblo, ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que constituye parte del patrimonio cultural identitario, y en un predio privado con yacimientos arqueológicos subterráneos.
Estos episodios generaron protestas de la comunidad kolla que fue reprimida, con amplia repercusión en medios nacionales, por tratarse de un pueblo de 400 habitantes que fue reconocido en 2021 por la Organización Mundial del Turismo como uno de los "mejores destinos del mundo", por su tranquilidad, estilo de vida rural y comunitario. La postulación que había sido gestionada por la gestión del exgobernador Morales en coordinación con el excomisionado Apaza, sin que lo supiera la propia comunidad, dato que se conoció cuando se produjo el conflicto.
La brutal represión derivó en el avance de un caso judicial en el fuero federal, en el marco del cual el mes pasado se arribó a un acuerdo de reparación en el que el gobierno provincial, vía Fiscalía de Estado, se comprometió a retirarse de los predios ocupados y a regresar al estado de cosas preexistente.
En lo pactado, el gobierno jujeño se comprometió a restablecer las condiciones preexistentes al inicio del conflicto, tanto en la cancha de fútbol como en la finca privada, en un plazo de 30 días hábiles. Se aclaró que este resultado no extingue las acciones penales por los daños provocados, en contra de los funcionarios estatales que participaron de todo el proceso, desde el exgobernador Morales y funcionarios de ministerios, hasta el comisionado de entonces.
En el caso del excomisionado Apaza, fue imputado de incumplimiento de los deberes a su cargo, en calidad de autor, al no haber cumplido con la ley provincial de patrimonio cultural y natural de la provincia de Jujuy, que prevé que entre sus obligaciones está la de llamar a consulta popular frente a decisiones que afecten el patrimonio cultural y que le dé intervención a la máxima autoridad de cultura dependiente del Poder de Ejecutivo provincial. También fue imputado de la defraudación a la administración pública, en grado de partícipe necesario.
Un paraíso
Caspalá se ubica en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy y el poblado está en medio de un cordón montañoso. Desde San Salvador de Jujuy se accede a Caspalá por la ruta provincial 73 y antes de llegar al pueblo se recorren dos cuestas en forma de caracol.
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