La CGT analiza convocar a marchar el 7 de agosto a San Cayetano

La Confederación General del Trabajo (CGT) definirá en los próximos días si convocará a una movilización para el 7 de agosto en el marco del Día de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, y si se adhiere a la tradicional marcha de los movimientos sociales.

En diálogo con C5N, fuentes de la conducción de la CGT confirmaron la posibilidad de llamar a la marcha del 7 de agosto y señalaron que se discutirá durante un encuentro de la cúpula directiva. "Es una propuesta que se está planteando. La vamos a tratar en una reunión de directivos", expresó el directivo.

La movilización por San Cayetano se lleva adelante desde 2016 y es convocada por los movimientos sociales. Durante la que se realizó en 2024, la marcha se realizó en paralelo a la celebración religiosa y los sindicatos denunciaron la "emergencia alimentaria, social y labora" en el país.

En tanto, previo a aquella movilización, el cotitular de la CGT Héctor Daer expresó el compromiso de la central obrera con todos los trabajadores y había advertido que la marcha sería un hito "que tiene que ver con lo que dignifica a todo ser humano que es el trabajo".

Por su parte, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, señaló que el país atraviesa una crisis económica y social "muy importante" que no solo está afectando a los sectores más humildes, desocupados y trabajadores informales, sino que también a todos los sectores de la sociedad.

Por otro lado, en caso de que se concrete la convocatoria de la CGT, se producirá luego de que la central obrera llevara adelante una movilización el 30 de abril por el Día del Trabajador y en contra de las "políticas de exclusión y ajuste" del gobierno de Javier Milei.

La posibilidad de la convocatoria de la CGT, en medio de la participación sindical en el Consejo de Mayo
Casi un año después de su creación, el Gobierno puso en marcha el Consejo de Mayo, que se reunió por primera vez el 24 de junio en Casa Rosada para funcionar como una mesa de debate multisectorial sobre la agenda que busca impulsar el oficialismo en el Congreso.

El encuentro lo presidió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como representante del Poder Ejecutivo.

También participaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, por el Senado; el diputado nacional por Buenos Aires, Cristian Ritondo, por Diputados; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en representación de los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por las entidades gremiales empresarias de tercer orden.

"Hay un ánimo de diálogo muy conductivo, con miradas diversas y mucha vocación de trabajar para llegar a consensos de acá a diciembre", destacó Sturzenegger tras la reunión. La idea es que, a partir de este momento, los encuentros se realicen una vez por mes.

El objetivo del Consejo de Mayo es elaborar un informe a fin de año con propuestas legislativas y reformas sobre cada uno de los 10 puntos del Pacto. Los temas incluidos en este documento se propondrán para ser tratados en las sesiones legislativas a partir del 10 de diciembre próximo.

La intención del Gobierno es, a través del Consejo de Mayo, impulsar su agenda legislativa. "El Congreso todavía no está conformado de manera tal que los proyectos que nos interesan salgan", indicó un funcionario del oficialismo a Ámbito. El objetivo es tejer acuerdos para una reforma laboral, impositiva y previsional.

Uno de los puntos del Pacto de Mayo contempla "una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal". En esta línea, la Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó el nuevo Sistema de Cese Laboral, un régimen alternativo al tradicional esquema de indemnización por despido. El documento también plantea una reforma previsional y otra tributaria.

Otro de los puntos incluye "la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias". Respecto a este tema, 22 de los 24 gobernadores se reunieron con representantes del Gobierno para reclamar fondos.