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El abogado está bajo investigación por pasar información a Juan José Raffo, agente exonerado de la fuerza que volvió a caer preso en marzo pasado durante un operativo en la ciudad de Buenos Aires
Policiales04/06/2025Un ex agente de la Side de Rosario volvió a ser detenido por la causa federal en la que está sospechado de haber filtrado datos sensibles a Juan José Raffo, un policía exonerado –condenado como miembro de Los Monos en 2018– que, a su vez, retransmitía informaciones a la célula que opera para la banda en Villa Gobernador Gálvez bajo las órdenes del recluso Leandro “Pollo” Vinardi –histórico ladero de Ariel Máximo «Guille» Cantero que está al mando de la barra brava de Newell’s–.
El espía apodado «Señor J» se entregó acompañado de su defensor particular después de una resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña, quienes consideraron inadmisible un recurso presentado después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocara la excarcelación del sospechoso.
Si bien la defensa del ex agente todavía tiene la posibilidad de presentar un recurso extraordinario federal, se lo puso a derecho para demostrar que no existen intenciones de escaparse ni de entorpecer la investigación.
«Señor J» –de quien se preserva la identidad porque el legajo está bajo secreto de la Ley Nacional de Inteligencia– había sido liberado en junio del año pasado por el juez federal Marcelo Bailaque –hoy imputado por tres carpetas judiciales–, y procesado al mes siguiente sin prisión preventiva.
Los camaristas Aníbal Pineda y Silvia María Andalaf Casiello, a la hora de revocar la excarcelación, cuestionaron a Bailaque al señalar que había apelado al bajo monto de pena que podría recibir el imputado por el delito de encubrimiento agravado.
“Resulta determinante contemplar la gravedad institucional extrema que representa la comisión de delitos vinculados al narcotráfico por autoridades de máxima jerarquía del Estado Nacional, el Ministerio Público de la Acusación, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, quienes tienen a cargo la importante función de prevenir, perseguir e investigar al narcotráfico”, concluyó Pineda en el escrito que lleva su firma.
Por su parte, Andalaf Casiello remarcó: “Las actividades presuntamente ilícitas por las que ha sido procesado (el ex agente de inteligencia) se relacionan directamente con hechos de criminalidad compleja, de gravedad considerable, lo cual se agrava aún más si se tiene en cuenta la función que desplegó el imputado mientras ocurrió el injusto que se le atribuye”.
De acuerdo a la investigación, el espía está sospechado de haberle información sensible a Juan José Raffo, un policía exonerado y condenado como integrante de Los Monos –que fue arrestado en la Ciudad de Buenos Aires en marzo pasado–, quien habría dado aviso de allanamientos y causas contra una célula de Los Monos que lidera el recluso Leandro «Pollo» Vinardi, alojado en el penal de Ezeiza y mano derecha de Ariel Máximo «Guille» Cantero.
La causa
La estructura de Leandro Vinardi está bajo investigación por venta de droga al menudeo en Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, San Lorenzo y Granadero Baigorria, según la causa que tramita la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario y la Procunar.
En el expediente, los fiscales federales sostienen que “Pollo” descansó la organización de su presunta estructura en Guillermo «Chupa» u «Ojitos» Sosa, un ex referente de la barra brava de Newell’s que está preso desde el 4 de mayo de 2022 por estar imputado por el asesinato de Nelson «Chivo» Saravia, otra persona relacionada con la barra brava leprosa.
Según se desprende del legajo, Vinardi y Sosa tenían una aceitada relación con Raffo, que en 2018 fue condenado como parte de Los Monos a la pena de cinco años y diez meses de prisión. Ese policía es, a criterio del expediente, quien se encargó de dar información a la presunta banda sobre causas judiciales y allanamientos. Además, de comunicarse con otros policías de los territorios en los que la organización buscaba avanzar.
A su vez, Raffo fue visto en tareas de inteligencia haciendo otra función para la presunta estructura: comprando dólares que después entregó a otros eslabones de la cadena que se encargaron de comprar droga para vender en la región. Casualmente, quienes recibieron las divisas eran integrantes de la comunidad gitana –de allí el nombre del «Operativo romaní»–, entre ellos, Mariano «Gordo» Salomón, otro condenado como parte de la banda liderada por «Guille» Cantero.
El policía exonerado también contaba con asistencia, según pudo saber Rosario3. Tenía comunicaciones frecuentes con el ex servicio de inteligencia, quien se sospecha que le filtró datos de seguimientos que le hacían y también le advirtió sobre causas judiciales que afectaran a la presunta banda de Vinardi.
Para los investigadores judiciales, esa asistencia en sí mismo fue un delito grave y posiblemente una “ayuda” para que Raffo haya permanecido prófugo durante dos años.
Se sospecha también que ese agente federal le dio información al exfiscal provincial Mariano Ríos Artacho sobre un seguimiento que se le hacía a un auto que estaba a su nombre y que usó Raffo en Buenos Aires, según las tareas de campo. Luego, ese exfuncionario judicial brindó un descargo y aportó documentos para exhibir que había vendido el vehículo y que todavía no se habían terminado los trámites registrales para el traspaso de la titularidad, que en ese momento se encontraban en manos de una gestora.
Por los datos trabajados en la investigación, también generó curiosidad que se haya encontrado en el celular del «Señor J» algunos documentos vinculados a causas de la Justicia federal de Rosario sobre la salida de cargamentos de droga desde la Terminal Puerto Rosario, ya que él no tenía relación con en esas tareas.
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La investigación incluyó cuatro casos, ocurridos entre agosto de 2024 y enero de 2025, donde los hombres fueron despojados de sus celulares y de dinero en efectivo, entre otros bienes, en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fiscal pidió la extracción de ADN de las imputadas para su remisión al Registro Nacional de Datos Genéticos.
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