Cooperativas de gas rechazan las políticas regulatorias de Enargas

En la audiencia pública que discute las "actualizaciones transitorias" de las tarifas para el transporte de gas y para la distribución, el sector de la subdistribución disparó duras críticas a las políticas regulatorias del Estado Nacional, tanto para el Ente Nacional Regulador del Gas como para la Secretaría de Energía de la Nación.
Cooperativas, mutuales y sociedades bajo el formato de Sapem de municipios y comunas conforman este subsector. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe la Cooperativa de Gas Setúbal es un subdistribuidor de la distribuidora Litoral Gas SA.

La titular de esa organización cooperativa santafesina, María Victoria Noriega, habló en representación de la Federación de Subsdistribuidores de Gas de la República Argentina. Son 15 las cooperativas santafesinas de ese y otros servicios que integran Fesubgas, entre ellas las de Esperanza, Coronda.
A la expositora santafesina (esta vez fue la única de la provincia en hablar en la audiencia pública) no le alcanzaron los 10 minutos que le concedió Enargas, la organizadora del debate, que en buena medida fue el blanco de sus críticas.

En síntesis, explicó que un cambio de fondo en la regulación en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, no se ha cambiado "hasta ahora", que básicamente encarece sus costos al punto de que ha significado una baja en las utilidades para la subdistribución del gas de un 45%. Mostró la desproporción de los intereses que las distribuidoras (por reglamento) aplican a las sub cuando se atrasan en sus pagos respecto de los que (por igual norma) se puede cobrar a los usuarios finales, y como novedad explicó que también la reglamentación de la ley que fija subsidios para la zona fría los perjudica al no haber contemplado el tiempo en que demoran las acreditaciones de fondos de la Secretaría de Energía: cooperativas, mutuales y empresas municipales y comunales deben pagar a los 45 días lo que el Estado las compensa recién a los 60 en promedio.

Las cooperativas, comunas y municipios surgieron en tiempos de Gas del Estado, ante la evidencia de que el sector público nacional no llegaría a las 200 localidades que eligieron tener sus propios servicios de gas natural por redes. Son anteriores a las privatizaciones del peronismo en los '90. Con las concesiones de esa década, que dividió al gas en producción, transporte y distribución, se creó la figura del subdistribuidor. Hoy de los 9 millones de argentinos que gozan del gas por redes 500 mil cuentan con subdistribuidores que son formas típicas de la llamada economía social.

Un panorama de flujos de fondos negativos por falta de tarifas (una queja compartida con las distribuidoras) y otros problemas específicos del sector fueron el eje de la exposición que insistió en advertir que todos los números del subsector son públicos como públicas son las políticas del gobierno nacional y sus regulaciones que los perjudican.

Noriega expresó que "el colectivo de las subdistribuidoras está afectado por regulaciones y las soluciones deben provenir también de Enargas", apuntó.