Claudia
El secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, y la fiscal Agustina Eiris supervisaron este jueves el derribo de un puesto de venta de estupefacientes en Almafuerte y San Jerónimo, en Barrio Travesía, en la zona norte de la ciudad de Rosario.
Se trató de una nueva intervención coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía Provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico que rige desde principios de 2024, mediante la cual ya se realizaron más de 50 derribos e inactivaciones en toda la provincia de Santa Fe.
En la oportunidad, Pereira destacó que “es una muestra más de la presencia del Estado en lugares que generan un contexto de violencia. Normalmente, estos lugares están vinculados a homicidios, balaceras y otros hechos violentos que generan, en un barrio humilde como este, una descomposición de la situación social”.
A continuación, el funcionario brindó detalles del procedimiento: “En el marco del derribo de este punto de venta, al momento de la inspección previa, se constató sobre el techo, una construcción de chapas sobre la que había una lona. Allí había un arma de fuego calibre 9 milímetros que, a primera vista, estaría en condiciones de ser usada con un cargador. No se puede constatar aún de qué marca es el arma, ya que está borrada, pero se procedió al secuestro, conforme las instrucciones fiscales acá presentes”.
Por su parte, la fiscal Eiris explicó cómo se llevó a cabo la investigación judicial. “Por parte del equipo de microtráfico de la Fiscalía General, se toma conocimiento por un informe de un centro de salud, en el que se daba cuenta de que una persona se encontraba expuesta a riesgos en el territorio. Había también menores de edad con problemas de consumo. Por eso automáticamente se dio intervención. Se realizaron investigaciones para dar con el punto de venta y se solicitó ese mismo día que tomemos conocimiento, para pedir varios allanamientos porque se trataba de un pasillo. El personal de PDI constató el punto de venta, se hicieron los allanamientos y arrojó como resultado positivo que se trataba de un búnker”. Y agregó que “en el lugar había una persona que se encontraba con estupefacientes, una gran cantidad de dinero en efectivo y había también elementos de corte. Esa persona quedó detenida, se le imputó el delito y se solicitó la prisión preventiva, la cual fue ordenada por el juez”.
Derribo e inactivación de búnkers
Los operativos de derribo e inactivación de búnkers, que se desarrollan en el marco de las facultades que otorga la Ley de Microtráfico, ascienden a más de 50 en toda la provincia, y se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
La inactivación y derribo de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.
Asimismo, apunta a dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
