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Son dos subinspectores y una inspectora que fueron detenidos el martes pasado en el marco de una redada de la ex Asuntos Internos que incluyó allanamientos en la sede de la Brigada de Orden Urbano (BOU) y la Sección Servicio de Policía Adicional de la UR II. Pese a que el fiscal pidió prisión preventiva y citó evidencias por varios delitos, el juez dictó libertad con reglas de conducta
Regionales 30/12/2022 GianiTres policías fueron acusados de varios delitos relacionados con el manejo indebido de la asignación de horas adicionales, el presuento incremento patrimonial injustificado y con el pedido de "atenciones" –en el sentido de dádivas– a terceros en una causa que instruye el fiscal José Luis Caterina sobre irregularidades en los servicios de custodia abocados a la Dirección de Viviendas y otros destinos.
El martes, la Agencia de Control Policial (ACP, ex Asuntos Internos) detuvo a los subinspectores Ariel Omar “Pájaro” Gorgerino (46); Jorge Sebastián Castro (40) y a la inspectora Claudia Roxana Maese (52) en sus respectivos domicilios. Hubo secuestro de vehículos, celulares, planillas, armas sin documentación y mucho material para ser peritado.
También hubo allanamiento en la sede de la Brigada de Orden Urbano (BOU), ubicada en Juan Manuel de Rosas al 1300, donde supo funcionar la comisaría 1ª. De allí los ex asuntos internos se llevaron 103 libros de guardia que datan de 2019 hasta la fecha. Y secuestraron el celular de Beatriz Romero, la jefa de la Brigada y hermana de la jefa de Policía del Departamento Rosario, Margarita Romero.
Otra visita de los ACP fue en la Sección Servicio de Policía Adicional de la Unidad Regional II donde se incautaron de varios documentos (solicitud de contrato, contratos a Vivienda y Urbanismo, libros memorándum de guardia del año 2019 a la fecha, memorándum de operaciones, etcétera). Y los teléfonos de tanto la jefa como subjefa de la sección.
Con ese telón de fondo, el fiscal José Luis Caterina (Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos) les imputó este jueves a Gorgerino, Castro y Maese los delitos de malversación de caudales públicos en calidad de partícipes necesarios; peculado de trabajos o servicios en calidad de coautores y defraudación en perjuicio de una administración pública.
Al subinspector Castro tambien lo acusó de cohecho pasivo y exacciones ilegales agravadas –concusión–. Y por último, a Gorgerino le imputó falsedad ideológica.
La Fiscalía les atribuyó “en su rol de funcionarios policiales por lo menos durante 2019, 2020 y 2021 –con el abuso de la autoridad que les había sido conferida por ley y las reglamentaciones vigentes– haber gerenciado adicionales de la Policía coordinándolos desde la determinación de los objetivos (lugares que detentarían policía adicional para su custodia); la designación del personal que quedaría asignado a cada uno de esos objetivos; la determinación de los horarios y de la cantidad de horas que los efectivos deberían cubrir; la confección de planillas –tanto provisorias como definitivas– para ser presentadas ante la Sección Servicio de Policía Adicional dependiente de la Unidad Regional II, y aún arrogándose el control in situ en los diferentes objetivos”.
Todo ello, en particular –aunque no exclusivamente–, respecto de objetivos correspondientes a lugares, establecimientos o predios vinculados con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe y de empresas particulares.
“Esta operatoria se llevaba a cabo bajo la dirección de Ariel Gorgerino, quien surge en la evidencia colectada como el principal referente con poder de decisión con relación a los adicionales y cuenta con el apoyo de Maese en la confección de planillas, ya que esta inspectora realizaba tareas de este tipo desde antes de 2019”, indicó el fiscal.
“Hay constancias fehacientes de que se abocaba a operatorias de este tipo con un jefe anterior que actualmente es inspector de zona”, agregó Caterina.
Gorgerino y Maese contaban en el territorio con Castro, que hacía las veces de controlador y mediador tanto entre Gorgerino y efectivos policiales. Y también entre Gorgerino y las víctimas, señaló la acusación.
En este contexto, empezaron a surgir denuncias por parte de diferentes personas que aluden a irregularidades en los adicionales tanto por exceso como por defecto.
Por exceso, por asignar a efectivos policiales horas por encima o por fuera de lo permitido por la ley y la reglamentación.
“Pero también –continuó Caterina– por defecto, por cuanto empezó a hablarse de policías «fantasmas» o también denominados «prestanombres», expresiones que aludirían a personas de existencia real que se desempeñan de ordinario como efectivos policiales pero que no concurren a cumplir con el adicional en el objetivo, sino que ceden su nombre y número de asignación como voluntarios para cumplir adicionales de modo tal que las planillas puedan reflejar un virtual cumplimiento con los objetivos mandados".
Esta es una "concesión que hacen a cambio de un porcentaje del pago que hubieran percibido de haberse presentado efectivamente, de lo que se deduce la percepción de un complemento a ese porcentaje que se paga efectivamente y que el prestanombre cede a los responsables de la maniobra que le permitieron tener un rédito económico sin presentarse a cumplir con el adicional”, indicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La maniobra –adelantó el fiscal– podría ser compatible a prima facie con un incremento del patrimonio de Gorgerino que no podría justificarse, de acuerdo con el informe preliminar elaborado por la División de Análisis Patrimonial de la ACP Delegación Zona Sur. Al “Pájaro” Gorgerino le secuestraron un auto KIA Sorento; un taxi Chevrolet Prisma; una Toyota Hilux gris y un viejo Chevrolet 400 11369 Special.
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