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Desde el comienzo de la gestión libertaria, el Ejecutivo cumplió a rajatabla con la premisa de que el funcionario que no defiende los intereses de la cúpula presidencial, se va. En este marco, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra dejó de integrar la gestión libertaria. ¿El motivo? El exintegrante de la Corte Suprema menemista emitió un dictamen en el que consideran no defendió al gobierno nacional.
El tema de la polémica se generó porque la Procuración del Tesoro firmó un dictamen vinculado a una empleada del Ministerio de Justicia por un caso con los Registros del Automotor. Sin embargo, el dictamen no fue firmado por Barra, sino por su segundo, Marcos Serrano. Por un convenio con la cartera que hoy conduce Mariano Cuneo Libarona, desde hace décadas se triangulaba la contratación de 2500 empleados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Los empleados encuadrados en ese convenio cobraban un “incentivo” o “premio estímulo” incorporado en su recibo de sueldo.
Con el avance de la motosierra, el Ministerio de Justicia despidió a muchos empleados de ACARA. Otros trabajadores accedieron al retiro voluntario y hubo otros que fueron incorporados a la planta de la cartera como personal contratado. El Ejecutivo les reconoció el incentivo como un ítem remunerativo en el pasado, pero no quiso seguir pagándolo a partir de la incorporación a la planta ministerial.
En este marco, una empleada pidió impugnar la decisión del Ministerio, lo que consideró una “violación a la intagibilidad” de su salario, debido a la reducción del 50% del mismo. En ese marco, Cuneo Libarona le pidió a la Procuración del Tesoro que se expida sobre el caso.
A pesar de que Serrano defendio la resolución judicial, al parecer no vieron con buenos ojos la alusión al carácter remunerativo del ingreso que reclama la agente. “Todo lo anterior, no implica desatender la jurisprudencia de la Corte Suprema que la propia Resolución N.º 376/24 (firmada por Cúneo Libarona) recoge al mencionar el reconocimiento del carácter remunerativo del incentivo abonado por entes cooperadores”, señalan en el dictamen.
Según el escrito, el Ministerio de Justicia debería ajustar el caso para no afectar la legalidad de su contratada. Si bien el dictamen de la Procuración del Tesoro no es vinculante, desde Presidencia le reclamaron a Rodolfo Barra que le dio pie al fuero laboral para fallar a favor de la denunciante y que no defendió los intereses del gobierno.
Sin embargo, la polémica no termina ahí. Según trascendió, cuando se comunicaron con Barra para reclamarle por el dictamen, el procurador habría responsabilizado a su segundo, quien fue el que firmó la resolución, en una actitud que no fue bien vista por las autoridades nacionales.
Mientras tanto, se especula con el nombre del exjuez Ricardo Manuel Rojas, quien contaría con el aval del presidente Javier Milei.
En línea con la salida de Barra, cabe destacar que la semana pasada el gobierno decidió desplazar al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci. El funcionario venía siendo seguido de cerca por la actuación del organismo en causas de narcotráfico y lavado de dinero. En medio de esto, sigue la incertidumbre de qué pasara con el ministro Cuneo Libarona, quien también continúa tambaleando en su cargo.

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