Claudia
Según la última medición de la Universidad Católica Argentina (UCA), la indigencia aumentó de un 9,6% a un 18%: Más de 7,8 millones de personas se encuentran en estado de pobreza extrema, y no alcanzan un ingreso mínimo que sobrepase la canasta básica alimentaria. Mientras tanto, el Gobierno continúa anunciando despidos y recortes de políticas públicas.
“Lamentablemente tenemos que decir que 1 de 4 cuatro personas en la Argentina sufre inseguridad alimentaria total” expresó Eduardo Donza, Investigador especialista en Trabajo y Desigualdad del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Y amplió: “Esto es más triste cuando lo llevamos a niños y adolescentes menores de 18 años, donde aumenta al 32%”.
Para determinar si una persona se encuentra en situación de indigencia, se tiene en cuenta el costo de la canasta básica alimentaria establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ésta incluye productos suficientes para satisfacer las necesidades básicas nutricionales en calorías y proteínas. Si el hogar no tiene ingresos, o son menores a ese monto, se los considera indigentes. es decir, que no pueden cubrir servicios y alimentos para subsistir. Hoy, en esa posición se encuentra el 18% de la población del país.
El indicador de pobreza aumentó más de un 10% desde el último trimestre de 2023, alcanzando un 55,5% en el primero de este año. Más de 6 millones de trabajadores, pese a ser formales, son pobres.
El problema que se agravó de forma irrebatible durante la gestión de Javier Milei es la pobreza estructural. Ya no es una cuestión de ajuste meramente económico para llegar a fin de mes, sino que hay un recorte constante de oportunidades, puestos de trabajo, acceso a la vivienda, a la educación, y alimentación adecuada. Sin políticas públicas acordes, es casi imposible evitar esta problemática.
Actualmente, según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el 50% de las infancias asisten a comedores escolares, y casi el 37% recibe bolsones con comida y mercadería en estos espacios comunitarios. También aumentó la deserción escolar entre adolescentes alcanzando un 6%, y el índice de terminalidad es de solo el 13%.
Desde diferentes organizaciones sociales y espacios comunitarios buscan acortar esta brecha de desigualdad con donaciones, ya que desde el estado no brindan apoyo económico, ni con materia prima. Si bien la justicia ordenó al Ministerio de Capital Humano comenzar a repartir las toneladas de alimento que retienen en depósitos, el proceso resulta lento, no es equitativo sino más bien selectivo, y al momento el Estado sigue sin brindar detalles públicos.
La Catedral Metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, brinda cenas de lunes a domingo para 200 personas en situación de calle. Arman mesas largas en Plaza de Mayo los días que el clima lo permite y dentro de la catedral, en la nave central, las noches frías o lluviosas. A medida que los recursos escasean, la gente se acerca es cada vez más a recibir la caridad.
Mientras tanto Milei, al ser consultado por el hambre en una de sus últimas entrevistas, afirmó que “no tiene por qué lidiar con las emociones” de los argentinos. En un contexto plagado de recortes, despidos, cierre de comedores comunitarios y desfinanciación de políticas de asistencia, el futuro sólo permite anticipar el incremento de estas cifras.
