Medicamentos oncológicos: denuncian a exfuncionarios por irregularidades en la compra

La Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra exfuncionarios del anterior Ministerio de Desarrollo Social. El caso se da específicamente en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), cuya función es brindar subsidios para la compra de medicamentos oncológicos a familias en situación de vulnerabilidad.
La denuncia abarca desde 2016, cuando se implementó un circuito de compra exprés fundamentado por la urgencia del caso, para reemplazar un sistema de compras de facto, hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la nueva gestión nacional. Según se desprende de una investigación interna, la Dadse seleccionaba a los proveedores y compraba a través de una cadena de correos electrónicos sin validar, de manera directa. Pero eso no es todo, desde Capital Humano también determinaron que 2.300 pedidos de pacientes estaban sin respuesta desde la gestión anterior, por lo que la celeridad argumentada no se cumplía.
De esta forma, montos por pagos en cientos de millones de pesos, o cotizaciones en dólares, fueron contratados y pagados a proveedores que no están debidamente verificados o incluso el precio estipulado tampoco era certero si correspondía a valores reales o estaba sobrestimado.

La Dadse administró el año pasado un presupuesto de más de $ 37.000 millones, que se prorrogó para 2024 en un crédito de $ 37.985.218.890. Los expedientes incluyen solicitudes de fármacos para cáncer y otras enfermedades que demandan productos de alto costo, como lupus, sífilis, hipertensión pulmonar, hemofilia, hemoglobinuria paroxística nocturna, entre muchos más. También hay solicitudes de prótesis y otros productos para cirugías.
Hay que precisar que la Dadse es el último recurso para los pacientes con cáncer sin cobertura de ningún tipo y en situación de alta vulnerabilidad social que no consiguieron su medicación en los bancos de drogas nacionales y provinciales.
Mientras avanza la denuncia penal, se modificarán los procedimientos, volviendo a la situación anterior a 2016, abriendo un nuevo concurso de proveedores. Así se informó en la resolución ministerial del 2 de febrero, que salió publicada en el Boletín Oficial y fue firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, donde se anunció la “suspensión de la Disposición de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) N°1 del año 2016″. Al mismo tiempo, el programa va a pasar a depender nuevamente del Ministerio de Salud de la Nación.

La denuncia
“La selección de los proveedores de la Dadse a los efectos de que el Estado argentino adquiera medicamentos por miles de millones de pesos, se realiza vía e-mails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente ni se certifica su titularidad. Una vez recibidos dichos e-mails, ciertos supuestos proveedores remiten presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno y es, en virtud de tales presupuestos, que la administración correspondiente, siguiendo la disposición dictada en 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos (sin siquiera un cuadro comparativo como exige dicha norma, por ejemplo”, refiere la denuncia que hizo la ministra Sandra Pettovello contra exfuncionarios de la Dadse y que recayó en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Julián Ercolini.
Esto se descubrió cuando al asumir revisaron una auditoría que en 2019 había hecho el Ministerio de Salud, donde se daba cuenta de estas irregularidades en las contrataciones.

“La Dadse no implementó nunca un procedimiento seguro, claro, transparente y razonable para la selección de los proveedores de los medicamentos, y ello incumpliendo no solo las recomendaciones de los sistemas de control, sino también de la normativa vigente en materia de contrataciones de la APN”, se detalla.
También se refiere que “se observaron incumplimientos en la presentación de la documentación exigida, debilidades o ausencia de tareas de monitoreo y/o seguimiento, y cierre de las actuaciones, entre otros”, y se menciona que se verificó la existencia de pagos en efectivo, “una práctica contraria a lo establecido por la normativa vigente y a las prácticas razonables para un sistema de control interno eficiente”.
“Pese a estar advertidos al respecto por una auditoria oficial, no hicieron nada para modificar dicha anómala situación, y todo ello en perjuicio del Estado Nacional por los elevadísimos e inconmensurables montos involucrados”. “Resulta imperdonable que, a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles, haya negocios cuyos montos se determinaran en la presente denuncia. Insistimos, a los ciudadanos que recurren al Programa se les mantendrá el subsidio”, aclararon desde Capital Humano.