Ya tiene fecha el juicio a 21 policías de Santa Fe por torturar a 7 jóvenes en las Cuatro Plazas

De noviembre a noviembre. En noviembre de 2023 la Justicia santafesina había concluido las audiencias preliminares para iniciar el juicio contra 21 agentes de la Policía de Santa Fe acusados de torturar a 7 jóvenes en la comisaría 14ª después de arrestarlos en las Cuatro Plazas (Mendoza y Provincias Unidas) en la madrugada del 23 de marzo de 2018 por sospecha de que tenían droga de venta ilegal, algo que nuca fue comprobado. En noviembre de 2025, dos años más tarde y luego de numerosos pedidos de la querella, el Poder Judicial puso fecha para el inicio del juicio, donde deberán responder las imputaciones por apremios ilegales, robo, falsear actas de procedimiento y por incumplir deberes. Será en febrero de 2026 y las condenas previstas están entre 5 y 12 años de prisión, entre otras sanciones. 

Así lo confirmó Federico Pagliero, abogado querellante e integrante del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quien dialogó con El Ciudadano para intentar explicar por qué la Justicia tardó 2 años en sentar a los y las agentes policiales en el banquillo, cuáles son las pruebas más importantes y cuál es el clima de época en una ciudad donde recién esta semana, y luego de 8 años, la Justicia inició el juicio contra 5 agentes de la policía santafesina de la comisaría 10ª, donde encontraron atada y muerta a la docente María de los Ángeles Paris. 

—¿Cuál es el estado de la causa?

—Desde noviembre de 2023 están listas las audiencias preliminares y recién hoy, dos años después, la Justicia de Santa Fe puso la fecha para el juicio que será entre el 18 de febrero y el 9 de marzo del 2026. Venían postergando la fecha una y otra vez. Es una causa emblemática de represión policial en democracia.

—¿Cuál eran los argumentos para postergar el juicio? 

—Agenda. No era la prioridad del Poder Judicial santafesino. Las pruebas estaban todas colectadas, ya se había realizado la acusación, ya habíamos tenido hasta la las revisiones por la Cámara de Apelaciones hasta mantener la figura del delito de torturas. A pesar de eso, la Justicia nos negó una y otra vez la fecha. Incluso después de varias presentaciones que realizamos a través de autoridades nacionales de APDH. Tenían prioridad otros juicios por delante de este. Es muy selectivo, ¿no?

—Sos parte de los equipos jurídicos que llevan adelante la defensa de muchas personas en causa de lesa humanidad y de represión policial. ¿Cuáles son los tiempos habituales para un juicio que involucra fuerzas de seguridad? 

—Por lo menos la mitad del tiempo que está llevando. Acá vemos que es el Estado quien se limita y pone trabas. Es un hecho de 2018 el que se va a juzgar y debería haberse tenido un juicio en 2021 o 2022. En el medio, las víctimas tuvieron que pasar por muchísimas circunstancias de persecuciones, de amedrentamientos, de amenazas. Por eso es importante que haya celeridad procesal y tanto las víctimas como la sociedad pueda tener un juicio digno. Se trata de acceso real a la Justicia. Las víctimas van a tener que volver a poner el cuerpo y es importante el acompañamiento de la sociedad, de las organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas, estudiantiles porque estos casos no pueden volver a suceder y ocurren una y otra vez con jóvenes en diferentes ciudades de del país, donde existe la violación sistemática a los derechos humanos.

—¿Cómo se sostienen esos 2 años y qué pasó con el personal policial que está imputado en la causa?

—Los agentes tuvieron sus prisiones preventivas y luego quedaron en libertad. Incluso hoy siguen trabajando en la fuerza a pesar del pedido al Ejecutivo de que no lo hagan y pasen a disponibilidad por este antecedente. Fueron dos años muy complicados de acompañar a los chicos y de sostener la importancia de que lleguen estos juicios.

—La causa cuenta con registros médicos de quienes atendieron a los chicos y las chicas al salir de la comisaría, sus testimonios, las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Rosario, los registros de GPS de los coches policiales que dieron cuenta de 23 móviles que fueron a la madrugada a ver qué pasaba con estos siete chicos y chicas que habían ido a comer una hamburguesa a un carrito, ¿qué prueba consideras que es hoy la más potente?

—La cámara de video que capturó el momento donde la Policía golpea a Sasha (una de las víctimas) y le cortan las rastas. En muchos casos de violencia institucional o policial si no hay una prueba como esta quedan en la impunidad total porque después los agentes policiales generan la forma de cubrirse. En este caso realizaron un acta de procedimiento falsa y eso lo pudimos comprobar. Por eso, están imputados también por el delito de falsificación de documento público. Además, entendemos que los testimonios de los chicos son muy contundentes del terror que pasaron en la calle y dentro de la comisaría. Tenemos pruebas contundentes para condenar a los responsables. 

—¿Qué lectura haces del momento actual de la Justicia y del Ejecutivo provincial?

—Estamos dando una batalla difícil porque estamos en tiempos donde se alimentan discursos de odio contra sectores populares, jóvenes, pero tenemos la convicción de que vamos a lograr las condenas. En el último tiempo hemos tenido fallos muy vergonzantes como el de la causa por el Villazo. Por otro lado, recién ahora hubo un fallo que revisa la no condena por la causa Franco Casco. Son tiempos de mucha complejidad en cuando a juzgar violaciones a los derechos humanos. Es un mensaje peligroso que baja el Estado a todos. Incluidas las fuerzas de seguridad porque les habilita a hacer lo que quieran. Entonces, ya no se trata solo de discursos de odio, sino de acciones claras para otorgar impunidad. 

—Semanas atrás la Universidad Nacional de Rosario y la Multisectorial contra la Violencia Institucional emitieron un informe sobre prácticas policiales y violencias a sectores populares entre 2024 y 2025 dentro de la ciudad de Rosario, ¿qué lectura hiciste de este trabajo y cómo miras la gestión de seguridad hoy?

—Es tremendo en todo nivel porque no solo se modificó el Código Policial, sino el Código Procesa Penal, habilitando a las que las personas puedan estar privadas de su libertad durante muchas horas. La persecución estatal vuelve sobre las juventudes y las personas que menos tienen. Es algo muy peligroso que estamos naturalizando. No solo hambrear con políticas económicas a una parte importante del país, sino también señalarlo como peligroso, como enemigo y perseguirlo. Debemos tomar conciencia de que tenemos como sociedad que cambiar y entender la importancia de a quienes votamos.