Liberan a los cuatro detenidos mapuche tras denuncia del ex jugador de Newell’s que compró sus tierras

Fueron liberados los cuatro integrantes de la comunidad Mapuche‑Tehuelche de la agrupación Frenten Kimun, tras haber sido detenidos ayer en su propio territorio por orden del juez Jorge Criado de Esquel. Un empresario  habría comprado las tierras del a comunidad.

La detención se realizó luego de que el exfutbolista y hoy empresario agrícola Aldo Duscher reclamara haber comprado dos lotes que son parte del ejido municipal de Gualjaina. Allí vive la werken Susana Martín con su familia y animales. El empresario se acercó e invitó a Susana a que abandone sus tierras. Como relató Sonia Ivanoff “Ella se sorprendió y le dijo que no podía comprar esas tierras porque no podían estar en venta, que allí vivía y que tenía sus animales. y que Duscher ofreció comprarle las vacas” La comunidad mapuche alega que esos terrenos son “tierras fiscales” y que las leyes provinciales no fueron respetadas en el proceso de venta. Como publicamos ayer, la comunidad había realizado continuos pedidos para regularizar la situación del territorio incluso el mismo día de la detención habían difundido un comunicado.

Como explicó Luis Virgilio Sánchez, abogado defensor de La Gremial, el fiscal solicitó los cargos por “robo en banda” contra los miembros de la comunidad, lo que conlleva una pena de hasta quince años de prisión, acusándolos no sólo de una supuesta usurpación sino incluso de robo de su propio ganado y herramientas, “Todavía no estamos en la etapa de acusación. Esto es una calificación temporal. El fiscal, además de usurpación, acusa de robo en despoblado y en banda. Claro, nos opusimos formalmente a esa calificación porque no está demostrado el robo de nada. Pero bueno,  pide ese tipo de calificación porque es como una estrategia, porque el delito de usurpación es escarcelable si consiguieran la condena por robo ya en concurso real. Las penas son más altas y son de cumplimiento efectivo. Así que, bueno, pidió varias medidas de coerción.

El juez aprobó una medida de no acercamiento al lugar de los hechos. Había pedido el secuestro del vehículo de Susana y también me opuse. El juez ordenó que se lo devolvieran. También las pertenencias personales. Ya ellos están libres y, bueno, estamos aguardando ahora de un plazo de seis meses, que es lo que va a durar la investigación. En esos seis meses el fiscal tiene que presentar su teoría del caso. Nosotros vamos a elaborar nuestra defensa, pero en principio no hay medidas de restricción de otro tipo. El fiscal intentó pedir la restitución de las tierras de acuerdo al nuevo Código Procesal de Chubut que permite el desalojo y la restitución de las tierras. Obviamente que me opuse, por supuesto, y también fue rechazado. Las cosas creo que salieron bien, encaminadas. El fiscal obviamente no tenía nada. Obviamente en esta etapa del juicio no es mucho lo que se puede hacer, porque la formulación de cargo, lo único que había que hacer básicamente era oponerse a determinadas medidas”.

Los detenidos recuperaron la libertad con la sola restricción de no acercarse al predio durante sesenta días. Este desenlace, denuncian desde la comunidad y organizaciones de derechos humanos, no resuelve la raíz del conflicto: la indefinición dominial que cargan las tierras comunitarias indígenas y las leyes aprobadas en febrero pasado por la provincia que, según críticos, facilitan el despojo.

Entre esas leyes destacan la número 811, que crea una Comisión de Tierras Indígenas para reclasificar tierras fiscales como comunitarias; la número 810, que impone exigencias para el reconocimiento de comunidades; y la número 202, un protocolo de consulta que carece de carácter vinculante.

Comunicado de La Gremial de abogados:
LA PERSECUCIÓN A LAS COMUNIDADES MAPUCHE SE TRANSFORMA EN CACERÍA

Una y otra vez la Gremial dice que no hay un solo juez o fiscal «justo» en toda la Argentina. En todos los fueros, en todas las jurisdicciones.

Obviamente, con el debido respeto a otros colegas o colectivos de colegas y organismos de DDHH que puedan pensar distinto.

Los funcionarios judiciales son siempre instrumentos de la explotación o del saqueo, de un _status quo_ que se impuso con sable y mauser, e imparten «justicia» con las leyes de los explotadores, de los saqueadores. Años defendiendo luchadores, mucho conocimiento del Derecho de ELLOS y de los manejos de la entidad autopercibida como «Justicia» avalan lo que decimos. Sin contar con la ilimitada entrega y compromiso de nuestros compañeros colegas.

Esta última causa en la jurisdicción de la provincia del Chubut contra la Lof Costa de Lepa y la familia Antieco ratifica lo que arriba sostenemos. Lo que hace 50 años sostuvieron los fundadores de la Gremial; que pagaron un alto costo en vidas por ello.

El día de ayer 6/11, fueron detenidos Paola Martínez, Eusebio Antieco, Susana Martín y Matías Cisterna. Integrantes de la lof Newentuaiñ Inchin de Costa de Lepa. Los procedimientos, acusaciones y manejos de Fiscalía y Juzgado de Esquel son un calco de decenas de causas en los últimos años en toda la Patagonia, sean causas provinciales o federales.

Calco, también, de casi todas las causas contra las comunidades originarias en el Noroeste y el Noreste de Argentina. Todas de la misma forma: grupos asaltantes de empresarios o «inversores» que se presentan como «dueños», muchas veces desconocidos en el lugar. Otras veces el propio Estado nacional, provincial o municipal a través de instituciones propias.

En todos los casos con ingentes recursos económicos y humanos (jueces, fiscales, policías y ejércitos de empleados). En este caso (Costa de Lepa) todo es igual que en los anteriores; por eso la Gremial insiste tanto en advertir que pensar que cada comunidad o cada pueblo originario (o no originario) podrá resolver estás situaciones de dominio y represión por la vía individual es una ingenuidad.

Mientras tanto, nuestro trabajo es tratar de paliar una situación cuando ya se produjo, cuando las cadenas ya apresan las manos de los que luchan o resisten; cuando las rejas se cerraron y el expediente que justifica la aberración fue elaborado y armado con tiempo para no dejar resquicios o espacios de defensa.

Esa es la situación de la Lof Newentuaiñ Inchin de Costa de Lepa en la provincia de Chubut unos dos mil kilómetros al sur de Buenos Aires, en medio de la Patagonia profunda. Un empresario, un tal Ducher que surge de la nada. Una denuncia de usurpación contra moradores de años en el lugar.

Un Fiscal de Nombre ISMAEL ESTEBAN CERDA que se apura a aceptar los hechos del denunciante y ordenar la detención en un delito excarcelable en cualquier lugar de la Argentina.

Y justamente por eso le agregan hechos inexistentes que pretenden justificar la prisión preventiva, como supuestos robos y roturas. Y todo exactamente igual que cientos de casos contra Pueblos Originarios en la Argentina. Ahí está y estuvo toda la noche corriendo nuestro compañero Luis Virgilio Sánchez, vicepresidente de la Gremial. Enfrentándose a toda esa maquinaria blindada que puede empezar en un simple funcionario judicial y termina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo armónicamente, todo parte de una misma cosa, de una misma maquinaria.

En este caso ese tremendo esfuerzo de Luis dió sus frutos. Nuestro compañero las peleó todas. El fiscal agregó a la Acusación el delito de Robo en poblado y en banda y pidió medidas de coercion (prisión) Luis se opuso y ganó el round : los detenidos salieron en libertad.

El Fiscal pidió la restitución de la tierra, Luis se opuso y también ganó ese round. Una victoria en medio de la ofensiva más grande de los grupos multinacionales o de sectores de poder económico desde los tiempos del genocidio de los pueblos originarios.

Una victoria en medio de la ofensiva más grande de los grupos multinacionales o de sectores de poder económico desde los tiempos del genocidio de los pueblos originarios.

Fuente: www.anred.org