Alerta en Salud Mental: El Desfinanciamiento Nacional Agudiza la Crisis y Ataca una Ley Clave

"Que el gobierno nacional deje de atacar la Ley de Salud Mental", claman profesionales ante la reducción presupuestaria, el despido de personal y la falta de convocatoria a residencias en un contexto de creciente malestar social.

Nacionales10/11/2025ClaudiaClaudia
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El proyecto de Ley de Presupuesto 2026, presentado por el Ejecutivo Nacional, ha encendido las alarmas en el ámbito de la salud mental. La iniciativa propone un drástico desfinanciamiento de la Actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” –única línea del Ministerio de Salud destinada a la implementación de la Ley de Salud Mental (LNSM) y al fortalecimiento de los abordajes comunitarios–.

Según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de aprobarse el presupuesto, esta actividad contaría con apenas 48 millones de pesos, lo que implica una reducción del 91,53% respecto a los recursos vigentes para el año en curso. Este ataque presupuestario se suma al que sufren otras instituciones como el Hospital Garrahan, el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte y las políticas para personas con discapacidad.

 Vidas Implosionando: El Impacto de la Precarización 

Celina Pochettino, presidenta del Centro de Estudios Salud Mental Memoria y Transformación, describe la situación como un “ataque generalizado de la esfera público-estatal”. La profesional vincula directamente el impacto en la salud mental de la población con el deterioro de las condiciones materiales de existencia: la falta de trabajo digno, la dificultad para llegar a fin de mes y la necesidad de múltiples empleos para subsistir.

“Vemos vidas implosionando y sufrimientos generalizados”, afirma Pochettino, citando el concepto de “implosión” de los sociólogos Ignacio Gago y Leandro Barttolotta.
En este contexto socioeconómico, las consultas en hospitales públicos se disparan. Karen Krenz, residente del Hospital Nacional Laura Bonaparte, relata que las demandas más frecuentes son por consumo problemático de sustancias –a menudo como "recurso de supervivencia" para personas en situación de calle–, crisis de angustia, ansiedad y depresión. "Mucho de lo que se habla en las consultas tiene que ver con la situación socioeconómica del país”, subraya.

 El Hospital Laura Bonaparte “A Media Máquina”

El emblemático Hospital Nacional Laura Bonaparte, referencia en salud mental y consumos problemáticos, atraviesa una profunda crisis. Tras resistir un intento de cierre en 2024, el hospital sufrió el despido de 200 trabajadoras y trabajadores en enero pasado, y no se habilitaron ingresos para nuevos residentes.

A esto se suma la alarmante fuga de profesionales:

  • Salarios Índimos: Muchos renuncian porque el salario es "ínfimo para las horas de trabajo y la exposición que requiere".
  • Ataque a Residencias: La falta de convocatoria a nuevas residencias pone en riesgo la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM), pionera a nivel nacional, y afecta gravemente la atención en la guardia.
  • Trabas Burocráticas: Los profesionales que finalizan su residencia están teniendo dificultades para obtener sus títulos del Ministerio de Salud.

"Necesitamos que el gobierno nacional deje de atacar a la Ley Nacional de Salud Mental y que empiece a financiar a los hospitales públicos", reclama Krenz.

 La Ley de Salud Mental Bajo Asedio 

La Ley de Salud Mental (26.657), sancionada en 2010, fue una conquista para romper con la lógica manicomial. Sin embargo, su desfinanciamiento amenaza con un retroceso:

“No es fácil salir del manicomio y sostener una vida por fuera del manicomio si no hay una política pública que acompañe a esas personas,” advierte Krenz.
La profesional subraya que la "manicomialización... genera lógicas de encierro, de segregación y de discriminación". La falta de presupuesto socava los dispositivos comunitarios que la ley exige para garantizar la autonomía y el acompañamiento de las personas con padecimientos mentales. 

Cifras Alarmantes: Suicidio, un Síntoma de Época 

El retroceso en políticas públicas se da en paralelo con una crisis social evidenciada en las estadísticas de suicidio. Un informe del Ministerio de Seguridad advirtió que 2024 registró el número más alto de suicidios desde el año 2000 (4.249).

Aún más crítico es el panorama en las juventudes: según el Ministerio de Salud de la Nación, en 2023, el suicidio se convirtió por primera vez en la primera causa de muerte para niñas y mujeres de 10 a 19 años, superando a tumores y accidentes. Para los varones del mismo rango etario, es la segunda causa.

Pochettino destaca la importancia de disputar los "entornos virtuales y precarios (consumos, apuestas on line, soledades)" con "entornos afectivos y cuidados". Concluye que el ataque a los derechos y la precarización generan un "duelo y angustia" generalizados, haciendo que se recorten los espacios de ocio, encuentro y organización. 

La Salida es Colectiva: Romper el Aislamiento 

Frente a la tendencia a la "responsabilización individual" del sufrimiento, las profesionales proponen una respuesta comunitaria y colectiva.

“El decidido ataque a los derechos repercute en la crisis de la salud mental en la que estamos”, sintetiza Pochettino, quien urge a que la salud mental sea una agenda de "todas y todos": de los ministerios, los ámbitos municipales y, fundamentalmente, de las organizaciones sociales.

“La salida no es en soledad. Tenemos que inventar formas de descansar, contando con otros; reinventar los modos de encontrarnos,” concluye la directora del Centro de Estudios Salud Mental Memoria y Transformación, cuyo trabajo llama a hacer memoria de los derechos conquistados para poder transformar la realidad actual. 

Estado de la Salud Mental en la Provincia de Santa Fe 

En el ámbito provincial, si bien existe un Plan Provincial de Salud Mental, Pochettino advierte que "faltan muchos pasos para su implementación". La profesional reclama la publicación de datos estadísticos sobre suicidio y el conocimiento del presupuesto asignado al área para avanzar en la creación de centros territoriales y el definitivo cierre de los manicomios. Además, expresa preocupación por la posible respuesta punitiva (como el uso de pistolas taser) en lugar de la multiplicación de "espacios de cuidado y servicios accesibles a la comunidad".

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