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Ante esta situación, la administración santafesina se vio obligada a destinar recursos propios por alrededor de 2.800 millones de pesos para adquirir los insumos faltantes y asegurar la continuidad de las políticas de salud sexual
Salud22/10/2025El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó que durante todo el 2025 no recibió del gobierno nacional los insumos básicos destinados a los programas de salud sexual y reproductiva. La falta de envío incluye preservativos, anticonceptivos inyectables y test de embarazo, elementos fundamentales para garantizar el acceso a métodos de prevención y planificación familiar.
De acuerdo con el informe oficial, el único suministro recibido fueron 385.560 comprimidos de anticonceptivos orales, una cifra considerada insuficiente para cubrir la demanda de los distintos efectores del sistema público provincial. Ante esta situación, la administración santafesina se vio obligada a destinar recursos propios por alrededor de 2.800 millones de pesos para adquirir los insumos faltantes y asegurar la continuidad de las políticas de salud sexual.
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, advirtió que el faltante se enmarca en una reducción generalizada del envío de medicamentos e insumos sanitarios por parte del gobierno nacional. Según la funcionaria, “cada peso que logramos ahorrar se traduce en un Estado provincial que cuida a los santafesinos, con planificación y compras transparentes”.
Caída de los envíos nacionales
La falta de insumos de salud sexual no es un hecho aislado. El gobierno provincial también denunció una disminución drástica en la provisión de medicamentos esenciales que forman parte de los programas nacionales de abastecimiento. Entre enero y octubre de 2025, los envíos cayeron un 72 por ciento: mientras en el mismo período del año anterior se habían distribuido más de dos millones de unidades, este año llegaron apenas 574.060.
A esta reducción se suma la situación de los medicamentos oncológicos. Santa Fe presentó 2.956 solicitudes ante el programa nacional, pero más de la mitad, el 56,6 por ciento, fueron rechazadas. También se registraron faltantes en inmunosupresores, utilizados por pacientes trasplantados, cuyos envíos se redujeron en un 40 por ciento. En todos estos casos, la provincia debió recurrir a compras con fondos propios para garantizar la continuidad de los tratamientos.
La ministra Ciancio calificó la situación como un “ajuste criminal en la provisión de fármacos”, al considerar que la falta de respuesta nacional compromete la atención de miles de pacientes y el funcionamiento de los centros de salud.
Estrategia provincial: compras centralizadas y ahorro
Frente a la disminución del suministro nacional, Santa Fe implementó un sistema de compras centralizadas y licitaciones públicas que permitió garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales y reducir significativamente los costos.
Según datos oficiales, durante 2025 la provincia adjudicó licitaciones por más de 27.900 millones de pesos, lo que a valores de mercado hubiera representado más de 167.000 millones. Esto implicó un ahorro estimado del 83 por ciento. En el caso de los medicamentos oncológicos, algunas licitaciones lograron rebajas de hasta el 90 por ciento respecto del precio de venta al público.
La cartera sanitaria destacó que esta estrategia se complementa con la puesta en marcha de un nuevo sistema logístico de distribución que busca optimizar el traslado de los medicamentos hacia hospitales, centros de salud y Samcos de todo el territorio provincial. El objetivo es garantizar que los insumos lleguen en tiempo y forma, evitando demoras o desigualdades entre regiones.
Impacto sobre la salud pública
Las consecuencias de la falta de preservativos, anticonceptivos y test de embarazo son múltiples. En primer lugar, comprometen el acceso equitativo a métodos de prevención y planificación familiar, derechos reconocidos por las leyes nacionales y los programas provinciales de salud sexual integral.
Sin estos insumos, los centros de salud pública se ven limitados para acompañar a las personas en su autonomía reproductiva, y se incrementa el riesgo de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y diagnósticos tardíos de gestaciones. La situación afecta de manera especial a los sectores de menores recursos, que dependen de la provisión gratuita del sistema público.
En paralelo, la disminución en la entrega de medicamentos esenciales impacta directamente sobre la continuidad de tratamientos para enfermedades crónicas, lo que puede agravar cuadros clínicos y saturar el sistema hospitalario. En el caso de los pacientes oncológicos y trasplantados, el desabastecimiento representa un riesgo crítico, ya que la interrupción de los tratamientos puede tener consecuencias graves e irreversibles.
Contexto y perspectivas
El gobierno nacional aún no emitió una respuesta formal a los reclamos de la provincia. Sin embargo, fuentes del área sanitaria nacional atribuyen las demoras y recortes a la “reorganización presupuestaria” derivada de las políticas de ajuste implementadas en 2025.
Desde la provincia, en cambio, insisten en que el impacto de estas medidas se traduce en vulneraciones concretas al derecho a la salud y en una sobrecarga financiera para los gobiernos locales. Ciancio remarcó que “la salud no puede ser objeto de ajuste, porque detrás de cada insumo faltante hay una persona que deja de recibir atención”.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Santa Fe continúa ejecutando su estrategia de compras centralizadas, con el compromiso de mantener la cobertura de medicamentos e insumos básicos. Además, se está evaluando la posibilidad de ampliar los acuerdos con organismos internacionales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que ya colabora con la provincia en el fortalecimiento del acceso a insumos de salud sexual y reproductiva.
Los avances médicos mejoraron el diagnóstico y los tratamientos, pero se proyecta un importante aumento de casos para 2050
Desde la sanción de la nueva Ley Penitenciaria y la creación de la figura de “Alto Perfil”, el Gobierno Provincial consolidó un avance histórico en el control carcelario. En menos de dos años, la Justicia rechazó más de 700 hábeas corpus impulsados por narcos que buscan recuperar poder desde las prisiones.
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