Dueños de Vicentin, propietarios del campo donde descubrieron 31 trabajadores en condiciones infrahumanas

Organismos santafesinos y nacionales, junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), detectaron a principios de septiembre la existencia de trabajadores bajo condiciones laborales inhumanas en dos predios de Pozo Borrado, al norte de la provincia y sobre el límite con Santiago del Estero. Eran 31 personas, dos de ellas menores, que dormían en el suelo, sin ningún servicio elemental. Les pagaban 300 mil pesos a la quincena por jornadas de 10 horas que iban de lunes a lunes. Encima, de ese monto les descontaban la comida. Investigaciones periodísticas señalan que al menos una de esas propiedades pertenece a directivos y dueños del emporio quebrado Vicentin.

Según reveló LT9, uno de los campos, de más de 5.300 hectáreas, es propiedad de La Isabelina SA. Esa sociedad está presidida por Federico Castellarin, con Tomás Nahuel Moschen Padoan como vicepresidente y la participación de Carina Leticia Galarza y Roberto Joaquín Vicentín en calidad de directores. Es lo que figura en el Boletín Oficial de la Nación de fecha 22 de julio de 2025.

El Boletín indica que el 23 de junio la sociedad, una de las investigadas por reducción a la servidumbre por el fiscal federal de Rafaela Gustavo Onel, había cambiado las autoridades de su directorio. Y que en el mismo hay apellidos estrechamente ligados al escándalo de Vicentin. 

Apellidos conocidos y delitos variados
Tomás Moschen Padoan, quien por tres períodos se desempeñará como vice presidente de La Isabelina, es licenciado en Agronegocios por la Universidad Austral. Entre 2018 y 2024 trabajó en el frigorífico familiar, Friar. El flamante director Roberto Joaquín Vicentin es contador.

En 2018, la misma sociedad era conducida por Máximo Javier Padoan como presidente y Cristian Andrés Padoan como vice. Como directores se desempeñaban Amado Luis Moschen y Clelia Mireya Vicentin.

Máximo y Cristian Padoan fueron imputados en marzo último con otros 13 directivos de Vicentin Saic por presuntas maniobras de administración infiel. Esa conducta, está escrito en la causa, fue sostenida entre diciembre de 2019, momento de inicio de la debacle de la agroexportadora, y fines de 2024.

La acusación refiere al desvío ilegal de fondos de las empresas ligadas al emporio por más de 890 millones de pesos. Esas derivaciones, de acuerdo a la investigación conducida por los los fiscales de Delitos Complejos Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, fueron destinadas a pagarles a los abogados y a las fianzas que la Justicia impuso a la conducción del grupo. 

Maniobras antes y después del default
Antes, en 2023, los mismos fiscales habían imputado a Máximo Padoán como miembro de una asociación ilícita destinada a defraudar a productores, clientes y bancos vinculados a Vicentin SAIC.

En este caso, la maniobra bajo la lupa era la confección de balances falsos para enmascarar la ruinosa situación financiera de la compañía. Y así continuar recibiendo insumos y asistencia financiera pese a no calificar para ello. La empresa declaró que estaba bajo «estrés financiero» en diciembre de 2019 y en febrero del año siguiente solicitó iniciar su propio concurso preventivo de acreedores. Ese proceso todavía continúa, con dilaciones y vaivenes y ya encaminado hacia el procedimiento de cramdown (salvataje).

El mismo directivo figura entre los 23 convocados por el juez federal Julián Ercolini. El magistrado tardó cinco años en resolver sobre el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien acusó a la cúpula de Vicentin por defraudación al Estado nacional por al menos 264 millones de dólares. Eso, por el otorgamiento de créditos incobrables del Banco Nación. Entre los ahora convocados hay también ex funcionarios del Nación. 

Condiciones laborales infrahumanas

La causa por los trabajadores sometidos a un régimen de cuasi esclavitud accedió a la agenda pública el pasado 4 de septiembre.

El procedimiento de esa fecha derivó de un legajo judicial que tramita la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo de Onel. Y éste, a su vez, arrancó por una denuncia del Arca (ex Afip) tras una inspección realizada a los dos campos junto al Renatre.

Los operativos de principios de septiembre estuvieron a cargo de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI). Luego intervinieron la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, la Municipalidad de Tostado, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

“Se constató que (los trabajadores) vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños (solo tenían tachos para hacer sus necesidades) y dormían en el piso sobre mantas o colchones”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Dormían en el piso o en tolderías improvisadas, sin baños ni suministro de agua portable. No tenían posibilidad de retirarse del lugar, ni medios de comunicación. Algunos no saben leer ni escribir y pocos cuentan con documentos de identidad. Varios de esos trabajadores son oriundos de Santiago del Estero.

Además de la denuncia por trata laboral, los procedimientos detectaron prácticas de desmonte ilegal en bosques nativos categoría 2, cuya explotación está prohibida por la Ley de Bosques.