ENACOM aprobó nuevo reglamento para garantizar condiciones de calidad y precios de los servicios de conectividad

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó este lunes el nuevo Reglamento General de Servicio Universal, que sustituye al vigente desde 2020 y regula la aplicación de los fondos aportados por las empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para garantizar la conectividad en condiciones de calidad, asequibilidad y precios justos en todo el territorio nacional.

La resolución 1182/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del interventor Juan Martín Ozores, deja sin efecto las normas anteriores (Resoluciones 2642/16 y 721/20) y busca dar mayor transparencia y eficiencia al uso de los recursos públicos.

El reglamento impacta directamente en proyectos de conectividad en escuelas rurales, hospitales públicos, pequeñas localidades del interior y barrios populares.

Nuevas herramientas de gestión

El nuevo reglamento incorpora instancias de análisis y monitoreo de los programas, mecanismos de validación previa de inversiones y un Certificado de Crédito para asegurar la trazabilidad de los aportes realizados por los licenciatarios de servicios TIC.
El Certificado de Crédito permitirá a las empresas aplicar parte de sus inversiones en infraestructura como compensación de sus obligaciones, siempre que los proyectos estén previamente validados por ENACOM. Esto busca evitar la discrecionalidad y acelerar los tiempos de ejecución.

La medida se enmarca en el Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones, aprobado en marzo de este año, que tiene como objetivo ampliar la cobertura de banda ancha fija y móvil, reducir la brecha digital y atender las demandas futuras vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial y centros de datos regionales.

Este plan contempla además la modernización de redes troncales de fibra óptica, el fortalecimiento de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) y la promoción de redes comunitarias en zonas rurales y periurbanas.

Expertos del sector TIC consideran que esta actualización normativa es clave para acompañar la creciente demanda de tráfico de datos (que se duplicó en los últimos tres años) y preparar al país para el despliegue de 5G y el ecosistema de aplicaciones vinculadas a la economía digital.