​Por una Ley de Emergencia para la Discapacidad: El Congreso debe estar a la altura

​El sistema de atención a las personas con discapacidad en Argentina enfrenta una crisis sin precedentes. La falta de recursos, la desfinanciación y los constantes retrasos en los pagos no solo ponen en riesgo la asistencia médica y terapéutica, sino que también socavan derechos fundamentales adquiridos a lo largo de décadas de lucha.

Información General04/09/2025ClaudiaClaudia
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Ante este panorama crítico, la sanción de una Ley de Emergencia para la Discapacidad en el Congreso Nacional no es una opción, sino una necesidad imperiosa.
​La situación actual se caracteriza por la falta de funcionamiento regular del sistema. No se trata de fallas aisladas, sino de una desarticulación que afecta a todos sus componentes: desde las personas que necesitan asistencia vital y tratamientos continuos, hasta los profesionales y centros especializados que se ven ahogados por la falta de pagos. Esta inestabilidad genera un perjuicio que va más allá de lo económico.
​El verdadero costo de esta crisis es humano. No solo sufren las personas con discapacidad, que ven interrumpidos sus tratamientos esenciales, sino que el daño se extiende a sus familiares y allegados. Ellos son quienes cargan con la angustia, la incertidumbre y la enorme tarea de gestionar una asistencia que el Estado no garantiza de manera efectiva. Se les exige un esfuerzo sobrehumano para sostener un sistema que no funciona, causando no solo un perjuicio médico, sino también un profundo perjuicio social. Se cercenan derechos básicos, como el acceso a terapias, medicación y acompañamiento, que son vitales para la calidad de vida y la autonomía.
​El Congreso Nacional tiene la obligación moral y legal de actuar de forma inmediata. Es fundamental que los legisladores estén a la altura de lo que el sistema necesita. No pueden permitir que se sigan aboliendo o arremetiendo contra los derechos de la discapacidad. Estos derechos no son concesiones, sino conquistas necesarias para la vida digna de miles de argentinos.
​Una Ley de Emergencia no solo proporcionaría un marco de contención urgente, sino que también enviaría un mensaje claro: la sociedad y sus representantes reconocen y protegerán los derechos adquiridos y necesarios de las personas con discapacidad. Es hora de dejar de lado las diferencias y priorizar la vida, la salud y la dignidad de quienes más lo necesitan. El tiempo de la espera ha terminado.

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