El Gobierno ante el dilema de judicializar la sesión: las cartas que intenta sacar de la manga

El Gobierno finaliza este viernes una semana complicada que comenzó con la suspensión del viaje de Javier Milei a Tucumán, continuó con errores en materia de comunicación que obligaron a Luis Caputo a dar explicaciones un feriado, y culminaron el jueves con la aprobación en el Senado de proyectos jubilatorios y de discapacidad con impacto en el tan preciado equilibrio fiscal. En este escenario, el Presidente prometió "vetar" lo votado en la Cámara alta y, "si el veto se cae", anunció que judicializará la sesión.

Acompañado de gran parte de su Gabinete, el jefe de Estado pisó luego de la votación en el Congreso la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en ocasión de su 171° aniversario. Desde allí, volvió a calificar de "ratas" y "degenerados fiscales" a los legisladores y trató a la vicepresidenta Victoria Villarruel de "traidora", sin nombrarla. Al mismo tiempo, ratificó la estrategia oficial frente a la sanción del Senado -que ya había sido anticipada por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos-, que pone al Ejecutivo frente a un dilema: si el Gobierno veta, legitima la sesión que dice desconocer; si judicializa, el reglamento no está a su favor.

En Casa Rosada sostienen que la sesión celebrada el jueves es "ilegal", y argumentan al respecto que "nunca se publicó el decreto de la Cámara convocando, el cual debe ser firmado por el presidente del Senado". Sin embargo, como explicó Ámbito, el artículo 16 del reglamento del Senado expresa que "la mayoría absoluta del número constitucional de senadores hace Cámara" y garantiza la viabilidad de lo votado una vez iniciada una sesión ordinaria. La sesión celebrada el jueves no fue especial sino ordinaria, y el día y fecha de este tipo de debates se aprobó el 7 de mayo, cuando se acordó que serían los jueves a las 14 horas, tal como ocurrió.

Vetar o judicializar, esa es la cuestión

Por estas horas, en Balcarce 50 se define la estrategia a seguir en las oficinas de la Secretaría de Legal y Técnica, que tiene a su cargo María Ibarzábal Murphy. Según pudo reconstruir este medio, prima la postura de ir por el veto y, en caso de ser necesario, acudir a la judicialización. Incluso, no descartan añadir "un texto al veto que explique que la sesión igualmente no se reconoce y que no se descarta ir a la Justicia".
El oficialismo cuenta con diez días para devolver los proyectos de ley al Congreso, y se va a jugar a conseguir en ese período los votos necesarios. Según el artículo 83 de la Constitución Nacional, ambas Cámaras deben alcanzar dos tercios de los votos para rechazar el veto.

La última vez que esto sucedió, en septiembre de 2024, el Gobierno vetó un aumento del 8,2% para todas las jubilaciones y consiguió sostener su posición gracias a “87 héroes”, que fueron agasajados con un asado en Olivos. En esta oportunidad, la contundencia de la votación y el vínculo con los gobernadores, que llega erosionado, dificultan el objetivo.

Por esto último, en Casa Rosada aseguran que el diálogo con los mandatarios provinciales "no se rompió". "Pese a lo que pueda parecer desde afuera, siempre hubo vínculo", dijo a este medio una fuente con despacho en Balcarce 50. De hecho, el Ejecutivo todavía no renuncia a la idea de hacer una convocatoria con "dialoguistas".

"Ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos", explican en el Gobierno sobre el inestable vínculo con los mandatarios de las provincias. Respecto a las declaraciones de Javier Milei, que dijo el 9 de julio que “quieren destruir al Gobierno Nacional” y "romper el país", en Casa Rosada minimizan sus expresiones y aclaran que el Presidente "Nunca va a dejar de ser como es". El oficialismo consideran que su verborragia es un activo político y que son otros los actores políticos que deben tender puentes con las provincias, tales como Guillermo Francos. Incluso, hay quienes sostienen en Presidencia que hay un pacto implícito de "policía bueno, policía malo", entre ambos.

Así las cosas, cabe preguntarse cuál es el rol sobre este punto de personajes como, por ejemplo, el asesor de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, y el presidencial, Santiago Caputo, quienes sostienen marcadas diferencias en el trato que el Ejecutivo debe tener para con los gobernadores. Ante esta inquietud, en el Gobierno aseguran que, por ahora, todos pueden convivir, y resumen: "Una cosa es el diálogo institucional, y otra es la rosca".