Defensores públicos piden rango constitucional para el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal

Entre los diversos temas que aborda la reforma de la carta magna provincial, hay uno que, si bien puede pasar inadvertido, atañe a garantías constitucionales básicas. Tiene que ver con la función indispensable que cumple el Servicio Público de la Defensa Penal en el ecosistema judicial y su impacto en el acceso a la Justicia.

Aunque la Constitución y las normas establecen derechos y garantías para todos los ciudadanos, en la práctica, muchas veces no se dan las condiciones sociales, educativas o económicas para que todas las personas tengan acceso al sistema de la misma manera, lo que se conoce como “igualdad de armas”. Allí, el Servicio Público juega un papel trascendental y así lo ha demostrado desde la puesta en marcha del sistema procesal penal en 2014.

La experiencia de esta década evidenció que es una pieza clave del engranaje en un sistema penal acusatorio. Quizás al ciudadano de a pie, que no suele tener contacto con el sistema penal, le resulte ajeno el planteo, pero nadie está exento de tener que transitar un proceso de estas características.

A diferencia del anterior sistema, los defensores públicos tomaron protagonismo en el desarrollo de la tarea que por ley les fue asignada; los resultados de su trabajo están a la vista y hoy también se reflejan en números.

La tarea de la Defensa Pública
Según una estadística que lleva adelante la Oficina de Gestión Judicial de la Segunda Circunscripción Judicial (con sede en Rosario), a mayo de 2025, la Defensa Pública tiene una cobertura del 76% de las causas y alrededor del 83% de los juicios orales, contó la defensora Maricel Palais, integrante de la Asociación de Defensores Públicos de la provincia de Santa Fe.

Este dato muestra la enorme carga de trabajo que tienen los defensores, a la que hacen frente con recursos humanos limitados. En la jurisdicción Rosario (que incluye la ciudad, San Lorenzo, Villa Constitución, Casilda y Cañada de Gómez) son 28 los defensores públicos: dos abocados exclusivamente a las causas de menores, tres a ejecución penal, dos dedicados a medidas alternativas y el resto trabaja «en la trinchera», llevando casos desde la Investigación Penal Preparatoria hasta terminar todas las etapas del juicio.

Este panorama se contrapone con las otras patas del sistema: jueces (en la jurisdicción segunda hay 32) o fiscales, que a los ya nombrados sumarán 22 nuevos fiscales subrogantes, los cuales se añaden a los cinco que ya pasaron del fuero de menores a Fiscalía, contaron desde la Asociación.

La desproporción de recursos
“Esa desproporción es un número absurdo porque en ningún sistema acusatorio comparado por audiencia existe. No puede haber nunca más jueces que defensores públicos”, explicó Palais.

Ante este panorama y de cara a la Convención Constituyente, El Ciudadano consultó a la Asociación de Defensores Penales (que nuclea la 2ª y 3ª Circunscripción judicial). La defensora oficial Caterina Traverso contó el posicionamiento que tomaron los integrantes de la Asociación, en consonancia con sus colegas del norte de la provincia: «Entender necesario y bregar por el reconocimiento constitucional del Ministerio Público de la Defensa”.

“No vamos a tomar o entrar en la discusión respecto del diseño institucional, en relación con dónde tiene que estar ubicado, porque hay múltiples modelos, múltiples experiencias de un lado o del otro, con resultados buenos, con resultados malos”, definió Traverso.

“Nosotros, como operadores del sistema y trabajadores de la Defensa Pública, entendemos que es un momento histórico para lograr el reconocimiento constitucional de lo que es el servicio de defensa con todo lo que ello implica, que es el reconocimiento ni más ni menos de numerosas garantías que hacen al desempeño de nuestro trabajo cotidiano”, explicó Traverso.

Palais agregó que desde la Asociación vienen trabajando el tema de la reforma constitucional hace varios meses con reuniones con posibles convencionales reformadores y personal de la Defensoría General de la Nación, quienes tienen la experiencia de un órgano extrapoder tras la reforma constitucional del 94: “Nos dieron bastantes lineamientos. Hay modelos comparados, hay provincias donde está dentro del Poder Judicial, otros donde está por fuera, otros donde se reconoce como órgano que cumple una función judicial”.

Y aclaró en relación con lo dicho por su colega: “No es algo sobre lo que nosotros tenemos una decisión concreta, una postura concreta, a diferencia sí de las cabezas u órganos jerárquicos de los dos ministerios, tanto de la defensa como de la Fiscalía”. Y agregó: “El texto del proyecto que elaboramos tiene que ver con la necesidad, obviamente, como dijo Catalina, de ubicación constitucional y de reconocimiento constitucional del órgano y, por supuesto, de sus miembros, que son los defensores equiparados a los magistrados, con lo que ello implica: sistema de designación, de remoción, de garantías…”.

«Lo que dice Maricel de este recorrido previo es importante, porque se hizo incluso antes de las elecciones de los convencionales. Hay desde la Asociación una subcomisión que se abocó a estas charlas. Es decir, se trabajó, no es una posición tomada sin un recorrido, se compartió con el resto de los asociados», describió Traverso.

El rol de la experiencia y los desafíos actuales
¿Es una posición tomada también desde la experiencia de esta década de sistema acusatorio?

“Exacto; hay un recorrido, también el estudio de los otros sistemas y más. Hoy no tenemos rango constitucional, solamente un reconocimiento legal. No escapa a nadie porque es de público conocimiento que hay proyectos de ley de prácticamente suprimir al servicio de defensa, la defensa pública. Entonces, el rango constitucional sería una valla prácticamente infranqueable: una reforma constitucional no se hace cada dos años, como se puede modificar una ley”, refirió Palais.

Y en cuanto a las últimas leyes sancionadas —como microtráfico o el traslado del sistema penal juvenil al sistema acusatorio— ¿con qué recursos cuentan para afrontar estos desafíos?

“Son cuestiones que van de la mano con la realidad que hoy atraviesa la defensa pública, con básicamente una carencia absoluta de recursos frente al sistema que no para de crecer. Todo lo que es penal juvenil se ha traspasado. Los recursos que estaban vigentes en la órbita del Poder Judicial fueron al MPA, mientras que la Defensa Pública no recibió un solo recurso humano, sino que lo que hubo fue una reestructuración en Rosario”.

“La situación de los compañeros de los distritos y de otros lugares es igualmente alarmante. Los defensores somos una pata absolutamente necesaria del sistema, al igual que los fiscales y los jueces”, explicó Traverso.

“Hay traspaso de funciones sin un correlato en el recurso humano. Hay más funciones con la misma gente”, resumió Palais.