Por efecto de la motosierra, se alarga demora en la entrega de leche para recién nacidos

El Ministerio de Salud demoró más de nueve meses el suministro de leche de fórmula de inicio para bebés. Es parte del Plan 1000 días, que había comenzado a implementarse en forma ininterrumpida en 2022 y que tiene como objetivo la alimentación de recién nacidos sin cobertura médica, que por diferentes motivos no pueden acceder a la lactancia materna.

En marzo de 2022, la cartera de Salud emitió una resolución para cumplir con la ley 27.611, conocida como la ley de los 1000 días, en la que estableció la entrega de leche maternizada “con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición” para quienes no tengan obra social o prepaga.

La ley dispone en su artículo 20 que “el Estado nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres (3) años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación, incluyéndose dentro de dicha cobertura: (a) medicamentos esenciales; (b) vacunas; (c) leche; y (d) alimentos para el crecimiento y desarrollo”.
En enero de este año, el ministerio a cargo de Mario Russo interrumpió las compras y dejó de enviar la leche a las provincias.
En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la más populosa del país, se necesitan 28 mil kilos de leche de fórmula por mes. Hasta ahora usaron parte del stock que quedaba remanente, pero ante la interrupción de la entrega por parte de Nación, la provincia inició el proceso de adquisición para cubrir la falta. Desde el área de Salud de la provincia de Santa Fe, por su parte, relataron a Ámbito una situación similar y advirtieron sobre la falta de información de Nación al respecto. Se trata de dos provincias de distintos signo político, ya que en la primera gobierna el peronista Axel Kicillof y en la segunda el radical Maximiliano Pullaro.

Según informaron a Ámbito fuentes del ministerio de Salud de la Nación la compra se reanudó y en las próximas semanas comenzarían la entrega. Detallaron que están esperando que el proveedor presente las muestras y luego harían la primera distribución desde que asumió la gestión de Russo.

El proveedor que ganó la licitación realizada recién en el mes de agosto de este año es Nutricia Bagó y ahora debe entregar las muestras de leche para su análisis ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Se trata del último paso del proceso antes de la distribución a las provincias. En total, se compraron 171 mil kilos.

Sobre los motivos de la demora, en Salud alegaron que los tiempos de la licitación estuvieron dentro del promedio de la administración.

Desarticulación

A pesar del reclamo de las provincias, Nación aún no informó oficialmente sobre la compra. Algunos distritos se enteraron, incluso, ante la consulta de este diario y advirtieron que el tema ni si quiera fue mencionado en el COFESA, que se reunió este lunes en el Palacio San Martín.

La leche de fórmula de inicio es el único alimento posible para aquellos bebés que no pueden acceder a la lactancia materna por diversos motivos. Ya sea porque la mamá tiene HIV, está descalcificada, padece de hipogalactia, atraviesa algún tipo de adicción u otro problema de salud que le impide establecer la lactancia exclusiva para los primeros seis meses de vida, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. En esos casos, con prescripción del médico, la o el recién nacido deben ser alimentados con fórmula.

Por eso, la ley estableció una política concreta para la cobertura en materia de leche. En el anexo del Decreto Reglamentario de la ley de los 1000 días se establece en el artículo 20 inciso c) que “toda leche y/o de otras fórmulas alimentarias requeridas por niños o niñas que no acceden a la lactancia por razones justificadas y cuenten con prescripción del médico o de la médica o equipo tendrán una cobertura del CIEN POR CIENTO (100 %)”. Es decir, que quienes tengan obra social o prepaga la leche debe ser cubierta por las mismas, de lo contrario, el Estado debe garantizarla.

Según el observatorio La Cocina de los Cuidados (una mesa intersectorial con representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, de la academia, funcionarios y legisladores), si bien la transferencia directa de ingresos para las personas y en particular para las infancias por parte del gobierno Nacional se mantiene, la motosierra pasa centralmente por la desarticulación de las políticas públicas, entre ellas, la red de articulación con las provincias que estableció la ley de los 1000 días. Según el último informe de la organización, “el retiro territorial del Estado se materializa en el cierre de sus representaciones federales: desde la falta de entrega de alimentos a las organizaciones hasta el cierre de los Centros de Desarrollo Territorial (Ministerio de Capital Humano), los Centros de Acceso a la Justicia (Ministerio de Justicia), las delegaciones del programa Acercar Derechos (Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género), las delegaciones provinciales de ANDIS y PAMI, los equipos del plan ENIA, entre otros”.

Mientras el gobierno de Javier Milei demoró más de nueve meses la compra de leche maternizada, desarticuló por completo el programa de apoyo a la lactancia, que incluía la entrega de kits para facilitar la continuidad de la lactancia cuando las mamás deben volver a trabajar. El kit constaba de un sacaleches, pads mamarios reutilizables, un bolso térmico, vasos recolectores para la leche y un manual de lactancia.

También fueron discontinuados todos los programas relacionados a la primera infancia: el plan de los mil días, el Plan ENIA, el Plan Nacional de Primera infancia (EPI) y sus prestaciones, entre otros.