Derrame en el Paraná: la Justicia federal intervino de oficio y Prefectura retiene a un granelero

La Justicia federal intervino de oficio ante el derrame de líquido contaminante en el puerto de Vicentin en San Lorenzo, cuya mancha, aguas abajo, forzó esta semana la paralización de la planta de potabilización de Fray Luis Beltrán. Por el incidente se abrió una investigación a cargo del fiscal federal Claudio Kishimoto y la Prefectura Naval mantiene retenido al buque “Princess María”, de bandera de las Islas Marshall, hasta determinar la magnitud de los daños ambientales causados, si se trató de una acción involuntaria o deliberada, y las responsabilidades consecuentes. El caso puso en relieve, además, los controles sobre las naves en la Vía Navegable Troncal a nivel estatal y de las firmas privadas.

La hipótesis que investiga la Fiscalía Federal N° 2 de Rosario es el vaciado de la sentina, un compartimento de los buques ubicado debajo de la sala de máquinas donde se depositan pérdidas de tuberías, desperdicios de combustibles y lubricantes y otros fluidos. Es un líquido altamente contaminante y especialmente nocivo en aguas dulces. Los barcos hacen filtrados para separar las sustancias más densas, que son descargadas y tratadas en instalaciones especiales, y descargan los líquidos –obligadamente en condiciones de inocuidad– en aguas profundas, en el mar.

Según se informó, el Princess María está anclado a la altura del kilómetro 345 del río Paraná, frente al Campo de la Gloria. El buque granelero es el origen del derrame de derivados de petróleo y resinas cuando estaba amarrado en el puerto de Vicentin, lo que ocasionó una mancha que se fue desplazando aguas abajo hasta ser advertida por los operarios de planta potabilizadora, cuyas bombas extractoras tomaron parte del agua contaminada.

Pero las consecuencias ambientales del derrame de hidrocarburos se extienden a la flora y la fauna del Paraná, y con daños en el ecosistema costero que se irán verificando con el recorrido de la mancha provocada.

Por lo pronto, las autoridades y las empresas involucradas guardan silencio, mientras se intenta determinar si el incidente se originó en una negligencia, o de un vertido intencional. Además de los daños ambientales, este tipo de incidentes también genera demoras importantes en la logística del transporte de granos, con el consecuente impacto económico.

Los cuestionamientos alcanzan a las autoridades de Prefectura de San Lorenzo sobre los controles realizados a las naves que arriban a la zona y amarran en el puerto. Se investiga por qué fallaron los protocolos de contención para prevenir un incidente de esta magnitud, que debería haber sido evitado con medidas preventivas más estrictas.