Procesan a ex directivos de Vicentín por fraguar exportaciones y facturas para cobrar reintegro de IVA

Son 14 y los apellidos de los encausados incluyen, además de los homónimos de la firma, a Padoán, Buyatti, Macua, Gazze y Boschi. La causa es por la denuncia de la Afip presentada en 2020 ante el Juzgado Federal de Reconquista. Se suma a otras varias, entre ellas la venta de Renova a Glencore

Regionales 10/05/2024 Claudia Claudia
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El juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, procesó a 14 ex directivos de la agroexportadora Vicentin SAIC por presentar facturas apócrifas y fraguar exportaciones inexistentes para cobrar créditos fiscales y de esa forma defraudar al Estado por sumas millonarias. La causa se inició a raíz de una denuncia de la Afip el 21 de agosto de 2020 que refería a las presuntas maniobras delictivas cometidas entre 2016 y 2019.

El magistrado ordenó también trabar embargo sobre los bienes libres de los encausados, y en el caso de los que no tuvieran a su nombre, una inhibición a cada uno hasta cubrir la suma de 100 millones de pesos.

Los procesados son los ex directores de Vicentin Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Herman Vicentín, Oscar Vicentín, Rubén Vicentín y Norma Vicentín. El juez los consideró “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales –artículo 3° del Régimen Penal Tributario, ley nacional 27.430, artículo 279–  con la agravante prevista en el artículo 15 por la participación de dos o más personas.

Por el momento, los implicados transitarán el proceso con “el beneficio de la libertad”, según la resolución firmada el 7 de mayo último. Los delitos que se les asignan, según las leyes mencionadas en el procesamiento, son reprimidos con una pena de entre tres años y medio a nueve años de prisión por cometer “declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño” para percibir o utilizar “indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria nacional, provincial o correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” si el monto de la estafa supera 1.500.000 pesos “en un ejercicio anual”. El agravante de participación de dos o más personas, en tanto, eleva la posible condena a un mínimo de cuatro años de prisión efectiva.

Si bien la denuncia de la Afip fue presentada en el Juzgado Federal de Reconquista en agosto de 2020, el juez Alurralde inició las indagatorias recién el 1° de noviembre de 2022. Y el pasado 7 de mayo firmó los procesamientos que salieron a la luz en las últimas horas. Además de los ex directivos, la resolución comprende a la propia firma, Vicentín SAIC, por losmismos delitos.

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Esquema adjuntado por el juez en el procesamiento.

El organismo fiscal sostuvo en su presentación de hace casi cuatro años que entre 2016 y 2019, “mediante solicitudes de reintegros del IVA-Créditos fiscales vinculados a operaciones de exportación, habiendo aprovechado, percibido o dispuesto de manera ilegítima de más de 100 millones de pesos” de entonces, suma cuya solicitud de reintegro fue respaldada con facturación apócrifa que la empresa presentó para su recupero en forma fraudulenta.

Las facturas falsas figuraban como emitidas por decenas de supuestos proveedores. La denuncia en cuestión agrega que “se encuentra efectivamente constatado que la firma percibió en los períodos fiscales 2016 a 2019 sumas millonarias por parte del Fisco Nacional en concepto de reintegros” que remiten a documentación apócrifa.

El juez Alurralde, por su parte, señala en el dictado de los procesamientos que tiene acreditado lo que denunció la Afip: para estafar al Estado, los ex directivos “hicieron figurar proveedores inexistentes, transporte de granos con evidentes signos de desuso y deterioro, impropios del giro comercial fingido y con movimientos bancarios que no se corresponden con la facturación; insuficientes empleados en relación de dependencia para cumplir con las tareas que demanda su funcionamiento o directamente inexistentes; que los vehículos incluidos en las Cartas de Porte no eran aptos para el transporte de mercaderías; que los supuestos lugares de explotación eran inexistentes; es decir, que no funcionaba ninguna planta industrial u oficinas de administración“.

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 Domicilios en cualquier lado: desde escuelas hasta el océano

Las maniobras detectadas a partir de la denuncia de la Afip son en muchos casos burdas. Uno de los proveedores truchos figuraba con domicilio legal en una escuela. Otros, en casas de familia con habitantes que declararon que viven allí “desde su infancia” y no conocen ni tienen ningún tipo de relación con la firma. Una dirección, incluso, figura en el “oceano pacífico” según un seguimiento de geolocalización.

Del análisis de débitos y créditos del IVA de varios de los pretendidos co-contratantes, “surgía la inequívoca conclusión de la cuasi nula capacidad económica y financiera de realizar una operación y/o que tal negocio jurídico le permita la sustentabilidad de la supuesta empresa”. Se trataba de empresas fantasmas o intermediarios con fines fraudulentos.

Vicentin argumentó que las operaciones por las cuales reclamó el crédito fiscal se habían efectivamente concretado. Pero el juez preguntó en forma retórica: “¿Si la operación existió y el vendedor es inexistente, con quien contrató entonces?” la empresa. Además, el magistrado refirió que algunos testigos presentados por al agroexportadora exhibieron “argumentación infantil y falaz”.

Alurralde insistió en que, para defraudar al fisco, los directivos de Vicentin “seleccionaban las personas físicas y/o jurídicas con las que supuestamente contrataban, luego asentaban las operaciones mendaces y, más tarde, se pedía el reintegro de tributos que no pagaron porque los negocios jurídicos nunca existieron”. Todo ello, “mediante sucesivos actos jurídicos/comerciales fingidos para llevar a engaño a la Afip”.

Para el juez de Reconquista, la comisión delictiva generó múltiples lesiones. La primera y fundamental, dijo, es el “detrimento a las arcas fiscales y las necesidades públicas que se cubren con esos fondos”. Agregó que “también se lesionan los derechos de las demás empresas que compiten en forma desigual al cumplir las normas tributarias”.

Y consideró que, por sus características, las maniobras imputadas “solo pueden ser realizadas mediante una planificación y ejecución de una serie de actos independientes pero concordantes entre sí… con un grado de organicidad, concordancia y obrar jerárquico, tanto dentro como fuera de la empresa”. Fue más que “una simple pluralidad de agentes”, se constituye en “un obrar conjunto de todos los partícipes”  en el marco de “una política empresarial desplegada por las personas que condujeron durante los períodos investigados… tendiente a configurar el fraude a las arcas fiscales” porun monto sin actualizar de 143.254.723,61 pesos.

 
En Vicentin, todos son delitos

La denuncia de la Afip que derivó en los últimos procesamientos –el organismo debió realizar tres ampliaciones a medida que profundizaba el seguimiento de operaciones fraudulentas– se suma al pormenorizado análisis de 164 actas de las reuniones del directorio de Vicentin, celebradas entre 10 de marzo de 2017 y el 9 de junio de 2020, que realizó el equipo de auditores de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) entre el 16 y 19 de junio de ese año.

En el informe “Análisis de las decisiones adoptadas por el Órgano de Administración”, lo primero que surge es el gran menoscabo patrimonial de Vicentin SAIC entre el último estado contable cerrado el 31/10/18, y el “Estado detallado y valorado de activos y pasivos” al 10/02/20, incorporado en el expediente del concurso que lleva adelanta Fabián Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista.

Al 31/10/18, los libros contables mostraron una importante ganancia anual de 1.880 millones de pesos, según el correspondiente estado de resultados consolidados. El balance arroja que el total de activos era de 64.272 millones de pesos, de los cuales el 40% remite a activos no corrientes y el 60% a activos corrientes. Los pasivos eran de 43.976 millones de pesos, de los cuales el 54% son pasivos corrientes. De esta forma, el Patrimonio Neto (activo menos pasivo) era de 20.296 millones. Sin embargo, del balance de activos y pasivos al 10/02/20, presentado al concurso preventivo, surge que el pasivo concursado de la Sociedad representaría el 97,46% del total de activos.

Las cifras muestran que en los 20 meses previos, la empresa incrementó un 126% su pasivo de 43.976 millones de pesos al 31/10/2018 a 99.486 millones según la información aportada en el Concurso Preventivo. Y que a la vez disminuyó un 88% su Patrimonio Neto, de 20.296 millones de pesos a 2.483 millones en el mismo periodo.

Directivos y exdirectivos de Vicentín tienen además varias causas penales en el Juzgado Federal de Julián Ercolini, fiscalía de Gerardo Pollicita, con sede en Buenos Aires, por presunta estafa concertada con funcionarios del Banco Nación en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri. Se suman causas en la justicia santafesina, donde están imputados por el fiscal de Delitos Complejos Miguel Moreno por estafar en 500 millones de dólares a numerosos acreedores. A los directivos involucrados, ese magistrado los calificó como “estafadores con vida de privilegios”.

El fiscal federal Roberto Salum investiga, además del caso de la documentación apócrifa para obtener crédito fiscal indebido, el destino del dinero obtenido por Vicentin con la venta de parte de sus acciones en Renova a su socia Glencore: le vendió el 16,67% de las acciones por 122 millones de dólares y se sospecha que hubo desvío de fondos, ocultando casi todo el dinero obtenido en esa transacción sospechosa y aumentando el perjuicio contra los acreedores.

Vicentín concretó la venta de acciones el 2 de diciembre de 2019 y tres días después anunció que tenía “estrés financiero”, tras lo cual dejó de pagar sus compromisos.

 

 

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