ClaudiaEl Gobierno acordó con los representantes del sector de practicaje una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación. El entendimiento permite normalizar el movimiento de los buques que permanecían sin operar en puertos y vías navegables.
Como parte del acuerdo, el Ejecutivo suspenderá la aplicación del decreto que modificó el régimen de practicaje y abrirá una mesa de trabajo para revisar sus principales disposiciones. El comunicado oficial no precisó todavía mediante qué instrumento jurídico se formalizará la suspensión ni durante cuánto tiempo quedará interrumpida la vigencia del nuevo esquema.
La instancia será coordinada por la administración nacional y contará con la participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos con competencia en la actividad. Las conversaciones abarcarán los aspectos tarifarios, operativos y de seguridad que generaron diferencias tras la publicación de la normativa.
Desde Casa Rosada presentaron la baja del 20% como el resultado inmediato de la negociación. El texto difundido, sin embargo, no detalla sobre qué cuadro de precios se aplicará el recorte, si alcanzará a todos los servicios y zonas de navegación ni desde qué momento comenzará a regir.
Antes de comunicar el acuerdo, el Gobierno defendió este martes la desregulación del sector de puertos. Durante su conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier dijo que la actividad se vería beneficiada a partir del ingreso de nuevos competidores que permitirían reducir los costos logísticos.
Ravier defendió el Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La resolución sustituyó el reglamento que regía la actividad desde 1991 y cambió varios de sus aspectos centrales.
Según el decreto, “la reforma elimina requisitos considerados obsoletos, facilita el ingreso de nuevos prestadores al servicio de practicaje y establece que los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios”. Se trata de una modificación que alcanza a los profesionales que asisten a los capitanes de los barcos en maniobras complejas o tránsitos por pasos fluviales, canales y accesos portuarios.
Desde la cartera de Desregulación plantearon que la normativa “actualiza los criterios para la exención del uso obligatorio de prácticos y reconoce la experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de zona y dominio del idioma inglés, en línea con los estándares internacionales de navegación”.
Esto desató un conflicto que afectaba directamente a la exportación de granos y combustibles. El vocero remarcó que la medida tiene como finalidad “bajar el costo argentino”. “En esta materia (transporte marítimo) la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países. Esto se resuelve con competencia, que puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos. Y que esto, eventualmente, impacte en mejoras para empresas y consumidores”, agregó.
