ClaudiaLa reciente imputación de una partera de 88 años por la supresión de identidad y venta de bebés en Rosario abrió una puerta a la esperanza para decenas de personas que desde hace años buscan sus orígenes biológicos. Ante la sospecha de que la mujer operó durante más de una década, la Justicia Federal lanzó un fuerte llamado a la comunidad para que potenciales víctimas o testigos se presenten a denunciar o aportar información.
La fiscal federal Soledad García, quien lleva adelante la investigación, fue clara al advertir que los siete casos que hoy integran el expediente podrían ser solo la punta del ovillo. «No tenemos forma, por ahora, de reducir o establecer la cantidad de hechos de manera fehaciente. En ese período (1968-1980) entendemos que podría haber más personas en esta situación», explicó la funcionaria en declaraciones a Somos Rosario.
Por este motivo, desde el Ministerio Público Fiscal instaron a que todas aquellas personas que tengan dudas sobre su identidad, hayan nacido en esos años y sospechen de irregularidades, se pongan en contacto con las autoridades.
¿Dónde acudir? Los interesados pueden dirigirse personalmente a la sede de la Fiscalía Federal, ubicada en Mitre 621.
Atención especializada: Allí serán recibidos y asesorados por la Unidad de Víctimas, tanto si buscan orientación para iniciar una búsqueda personal como si tienen datos de interés para sumar a la causa de la partera.
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El llamado de la Justicia cobra especial relevancia al observar cómo se originó esta causa histórica. Según detalló la fiscal, el expediente no surgió por una investigación de oficio, sino por el empuje de quienes buscaban su verdad: «Comenzó uno de ellos a hacer la primera denuncia (que tramitó por el código viejo). Luego, entre ellos, que tienen sus búsquedas personales, han ido tomando contacto. Ante la información de que se podía acudir a la Justicia Federal, otras seis personas denunciaron a la misma partera». El elemento en común que los unía a todos era, precisamente, esta mujer.
La imputada, que hoy tiene 88 años y se abstuvo de declarar en la audiencia, trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña. Si bien la Fiscalía aclaró que la institución no está directamente involucrada, era el lugar desde donde la mujer lograba tener acceso a embarazadas vulnerables y hacerse de documentación en blanco que luego falsificaba para entregar a los bebés a cambio de dinero.
Los delitos que se le imputan —supresión de identidad y falsificación ideológica— son considerados en curso, por lo que a pesar de haber pasado más de 50 años, la acción penal no está prescripta.
El caso guarda, además, una arista escalofriante sobre el propio círculo íntimo de la acusada: la Fiscalía solicitó la extracción compulsiva de ADN a la propia hija de la imputada. «Tenemos que determinar si también se apropió de su hija. Es algo a confirmar que solicitamos en la audiencia», concluyó García.
