Caputo y el viejo truco de diferir los pagos para maquillar las cuentas fiscales

La deuda flotante del gobierno nacional pegó un fuerte salto en junio de 2026 y superó los 3,6 billones de pesos. A esa cifra se llegó tras el diferimiento en la cancelación de compromisos corrientes, transferencias a las provincias y la liquidación de subsidios energéticos, entre otros rubros.

El truco permitió maquillar el resultado fiscal del primer semestre, aunque reveló una dinámica preocupante de las cuentas públicas, que combina ingresos en baja (por la reducción de impuestos a empresas y la caída de la actividad) con gastos ya difíciles de seguir recortando.

Según los datos oficiales de la Tesorería General de la Nación, la deuda exigible de la Administración Central al 30 de junio alcanzó los $ 3.634.796 millones, equivalente a 0,37% del PBI, y aumentó un 155% con relación al mes previo (ver gráfico).

La novedad fue omitida en el comunicado mensual del Ministerio de Economía. Este elabora sus informes sobre el resultado fiscal en base a los gastos efectivamente realizados, sistema denominado «base caja”. Así, esa cartera anunció un superávit acumulado de $ 6,2 billones para el primer semestre del año, aunque reconoció un resultado mensual negativo de $ 696.000 millones en junio.

El origen de la deuda flotante radica en la distinción entre gasto devengado y pagado. El primero “registra el compromiso que asume el sector público, por ejemplo, el envío de fondos a una provincia. El gasto pagado, por su parte, registra el monto de dinero efectivamente enviado a esa provincia. Si se paga o envía menos dinero que lo devengado, se genera una deuda, llamada habitualmente flotante”, explica un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

En los cuadros que difundió la entidad dirigida por el economista Nadín Argañaraz, se advierte con claridad la diferencia. Así, en junio hubo gastos devengados por $ 18,74 billones, mientras que con “base caja” se abonaron solamente $ 14,77 billones. Buena parte de esa diferencia pasó a incrementar la deuda flotante, aunque alguna parte puede haberse utilizado para cancelar pasivos anteriores.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), por su parte, estimó que «este stock de deuda flotante equivale al 7,3% del gasto total devengado del período”. Es decir, de cada 100 pesos de bienes y servicios consumidos, el Estado canceló menos de 93 pesos.

El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, calculó el estado real de las cuentas del Estado, incluyendo los saldos impagos si la deuda flotante se hubiese mantenido en su nivel habitual: «Como el resultado primario fue deficitario en $ 696.843 millones (base caja), el aumento de la deuda flotante evitó un déficit primario aún mayor que podría haber llegado hasta $ 2.908.897 millones”.

Frentes abiertos

En medio de ese manejo financiero para estirar el dinero disponible, los frentes abiertos que dejó el Palacio de Hacienda fueron varios. Uno es la disminución de los giros a Enarsa, la empresa estatal que debe abonar a las compañías que producen gas y lo inyectan en las redes de transporte. En el sector dicen que aún no cobraron los 260 millones de dólares por los volúmenes entregados entre enero y abril, en el marco del Plan Gas, y que la deuda actualizada llegaría a los U$S 500 millones.

La Nación también pateó la devolución de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires ordenada por la Corte Suprema. «En agosto de 2025 el Tesoro empezó a realizar transferencias parciales del monto total y desde enero de 2026 interrumpió por completo estos giros. Acumuló una deuda de $ 1,1 billones hasta mayo de 2026», señaló un informe de la consultora LCG.

Después de varias reuniones que involucraron al propio ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Nación canceló ese monto con bonos a vencer en 2027. Esa promesa de pago se contabiliza por fuera del resultado fiscal y de la deuda flotante.

De todas maneras el relato oficial, que prioriza el superávit fiscal, sigue en pie. Caputo dijo que “el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico” y que el déficit primario de junio, además de por una cuestión estacional (se pagan aguinaldos), se debió a que “corrimos el vencimiento de Ganancias de personas humanas de junio a julio”. Esa cifra, se estima, habría aportado $ 350.000 millones, una pequeña fracción de los $ 2,2 billones en que se incrementó el pasivo flotante. Como se ve, además de esa postergación, pasaron unas cuantas cosas más.