ClaudiaUna fuerte polémica sacude al ámbito político y empresarial tras la revelación de que Eduardo Elsztain, el poderoso dueño de IRSA y uno de los empresarios de mayor cercanía con el presidente Javier Milei, posee participación accionaria en la Falkland Islands Company (FIC), el holding económico más influyente y estratégico del archipiélago.
El destape generó una ola de reacciones en redes sociales y en el arco político, donde diversos usuarios exigieron al Gobierno nacional que aplique a Elsztain el mismo esquema de sanciones anunciado recientemente para castigar a las corporaciones y capitales que operan en las islas sin autorización de la Argentina.
Las críticas apuntaron directo al corazón del oficialismo: la sospecha de una «doble vara» para medir la soberanía y aplicar la ley cuando los involucrados integran el círculo más afín a la Casa Rosada.
Ante la escalada de las acusaciones de «traición a la patria», el propio Elsztain decidió salir al cruce a través de una carta pública en la que justificó sus negocios en el territorio disputado.
Según la reconstrucción del empresario, sus primeras compras de acciones en la FIC se remontan a los años 2005 y 2006, emulando una «estrategia diplomática de nuestro país desde hace décadas». En su escrito, recordó antiguos antecedentes históricos, argumentando que expresidentes como Juan Domingo Perón o el empresario metalúrgico César Cao Saravia en 1977 también exploraron la vía de adquirir la FIC para estrechar lazos económicos y productivos que favorecieran el reclamo argentino.
Elsztain fue más allá y reveló que en el año 2017 intentó concretar el golpe definitivo: aprovechar una oferta pública de adquisición en la Bolsa de Londres para quedarse con la mayoría accionaria de la firma más importante del archipiélago. Sin embargo, según su relato, «la propuesta fue bloqueada y prohibida por las autoridades británicas», por lo que solo pudo conservar una participación minoritaria cercana al 2%.
Lejos de guardar silencio o tomar distancia para evitar el costo político, el Gobierno decidió involucrarse de lleno en la controversia. El canciller Pablo Quirno salió a cruzar públicamente los señalamientos contra el titular de IRSA asegurando que su actitud fue «todo lo contrario a ser un traidor».
La intervención de la Cancillería no pasó desapercibida: analistas y dirigentes opositores cuestionaron que la diplomacia nacional dedique esfuerzos a amplificar y blindar la estrategia privada de un empresario allegado al poder, en lugar de sostener una postura uniforme frente a la presencia de capitales no autorizados en el Atlántico Sur.
