ClaudiaLa disputa judicial ente el parque acuático que se construye en el marco de la remodelación integral de la Costanera Norte rosarino sumó un capítulo. La Procuración de Segunda Instancia se pronunció a favor de admitir la apelación presentada por Ciudad Futura contra la decisión de primera instancia que había rechazado la medida cautelar para detener el proyecto y sostuvo que existen razones suficientes para considerar que el avance de las obras puede generar situaciones difíciles de revertir antes de que la Justicia resuelva la cuestión de fondo.
El dictamen, firmado por la procuradora de Segunda Instancia Mariela Sarrias, no es vinculante y, por lo tanto, no implica por sí mismo la suspensión de los trabajos. Fuentes tribunalicias lo interpretaron como una presión sobre la Sala V de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, que ahora deberá resolver el recurso.
“Lo de la procuradora es una opinión. No tiene ninguna relevancia, en el sentido de que no afecta ni el fondo de la cuestión ni el avance de la obra”, restó importancia una fuente de la Municipalidad.
El bloque de Ciudad Futura, en tanto, anunció a partir del dictamen la presentación un nuevo escrito ante la Cámara para reclamar que se haga efectivo el carácter suspensivo que, según interpreta, tiene la apelación y que se ordene detener inmediatamente las obras mientras continúa la discusión judicial.
“La Procuración avaló nuestro planteo en la causa por el Parque Acuático. Apoyó la apelación y reconoció que la obra no debe avanzar mientras se discute su legalidad”, sostuvo Juan Monteverde al comunicar la novedad en la red social X. La respondió otra concejala: Carolina Labayru.
El expediente se originó a partir del amparo promovido por Monteverde y otros dirigentes de Ciudad Futura contra la Municipalidad de Rosario. El planteo apunta a suspender los efectos del decreto 715/2026, el procedimiento licitatorio y la ejecución del parque acuático previsto en la Costanera Norte.
El 3 de julio, el juez de primera instancia, Marcelo Quiroga, había rechazado la cautelar al considerar, entre otras cuestiones, que no estaba suficientemente demostrado un peligro irreparable por la demora y que los cuestionamientos sobre la intervención del Concejo, las normas presupuestarias y la regulación urbanística requerían un análisis más profundo.
Ciudad Futura apeló esa decisión. Su argumento central fue que permitir que continúen el procedimiento y las obras mientras se tramita el juicio podría consolidar hechos y relaciones jurídicas que después fueran muy difíciles de deshacer, incluso en caso de obtener finalmente una sentencia favorable. Ese razonamiento encontró ahora respaldo en la Procuración.
La Procuración no se pronunció sobre si efectivamente el intendente Pablo Javkin podía avanzar con el proyecto sin una nueva intervención del Palacio Vasallo. Esa es precisamente una de las cuestiones que deberán analizarse al resolver el fondo del amparo.
Pero sí consideró que la discusión tiene entidad jurídica suficiente como para ser tomada en cuenta al decidir la cautelar.
Ciudad Futura sostiene que el proyecto debía pasar por el Concejo tanto por cuestiones presupuestarias como por las disposiciones urbanísticas que regulan los cambios de uso del espacio público. Para la Procuración, se trata de “una cuestión seria de competencias y regularidad del procedimiento administrativo” y no simplemente de una discusión política sobre la conveniencia o no del parque acuático.
El parque acuático fue adjudicado por la Municipalidad el 1º de junio a la UTE integrada por Obring, De Paoli & Trosce por un monto de $13.735 millones, luego de una licitación que había partido de un presupuesto oficial de $12.600 millones.
