Rescataron a 13 chicos que eran explotados laboralmente y vivían en condiciones inhumanas en un hogar de Florencio Varela

Trece chicos fueron rescatados de un supuesto “hogar” en el que vivían en condiciones inhumanas extremas en Florencio Varela, lugar en en el que eran violentados con golpes, sin atención médica y eran obligados a realizar trabajo forzado de albañilería.

Vivían en condiciones de hacinamiento, alimentación deficiente y falta de higiene. En algunos casos, los chicos dormían en colecho con perros y trabajaban cuando estaban enfermos, sin recibir atención médica adecuada.

Según el parte oficial al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, tenían prohibido mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar para evitar que contaran lo que ocurría, y vivían episodios de violencia, como golpes con objetos contundentes. No concurrían regularmente a la escuela, lo que implicaba una afectación directa de sus derechos a la educación y a la salud.

En el lugar donde los niños debían ser resguardados, eran obligados a juntar con carretillas las heces y desperdicios de decenas de perros y de dos caballos, así como alimentar a los animales y encargarse de la limpieza de las casas y del mobiliario del lugar, muchas veces sin supervisión adulta adecuada y en condiciones consideradas peligrosas para menores de edad.

Entre las tareas, preparaban cemento, levantaban maderas, piedras y otros elementos pesados, realizaban tareas de albañilería, cortaban cañas con machetes para construir cercos y cortaban el pasto del predio. Tareas que se extendían durante todo el día, hasta la medianoche, bajo la lluvia y a la intemperie.

Fue detectado en el marco de una investigación judicial por parte de la Fiscalía N.º 8 de Berazategui, a cargo de Ernesto Daniel Ichazo. Y la investigación también determinó que, si los chicos se resistían a cumplir con esas actividades, podían ser privados de alimento o expulsados al exterior durante jornadas de frío o durante la noche.

Según difundió la agencia, la causa investiga además a dos funcionarios de organismos de Niñez de zona oeste, quienes habrían ayudado a ocultar o alterar pruebas antes de un allanamiento, y habrían utilizado información reservada sobre medidas investigativas “para advertir a las principales imputadas y permitir que el lugar fuera acondicionado antes del procedimiento, con el objetivo de ocultar las condiciones reales en que vivían los chicos”.

Fueron varios los allanamientos en el supuesto hogar, así como en domicilios y oficinas vinculados a los funcionarios investigados. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares de distintas marcas, un disco rígido de 160 GB y documentación considerada relevante para el avance de la investigación.