El sistema judicial de Santa Fe ha dado una resolución de fondo a uno de los escándalos de corrupción más resonantes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Este viernes, el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, fue condenado como organizador de una asociación ilícita que operaba dentro de la Fiscalía, recibiendo una pena de 9 años de prisión.
Información General07/11/2025
Claudia
Tras el juicio oral y público por coimas y protección a empresarios del juego clandestino, el tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Macogliese dictó el fallo que, además de la pena de cárcel, incluye:
Junto a Serjal, también fue condenado el ex empleado del MPA, Nelson Ugolini, quien deberá cumplir una pena de 5 años de prisión, más inhabilitación y multa. Tras la lectura del fallo, Serjal fue detenido.
El Origen del Escándalo: Del Casino al Juego Clandestino
El entramado de corrupción se destapó a raíz de un hecho trágico: el asesinato de Enrique Encino por una balacera al casino City Center en enero de 2020. Este crimen reveló la existencia de una banda dedicada a las extorsiones mediante balaceras, liderada por Maximiliano «Cachete» Díaz (vinculado a Los Monos).
En la investigación apareció la figura de Leonardo Peiti, empresario del juego clandestino, quien, tras ser detenido, declaró haber sido extorsionado por la banda y, posteriormente, por funcionarios del MPA que le exigían coimas a cambio de protección judicial.
Los Funcionarios Implicados y el “Valijero”
Las declaraciones de Peiti y el posterior testimonio del fiscal Gustavo Ponce Asahad (quien reconoció ser el "valijero") señalaron a Serjal como el jefe de la organización. Aunque Ponce Asahad logró un juicio abreviado con una pena reducida tras colaborar, Serjal siempre retrucó esta afirmación y continuó el proceso.
El Conflicto con los Fiscales y el Celular Clave
El caso escaló hasta involucrar al legislador provincial Armando Traferri, a quien los fiscales originales del caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, acusaron de brindar protección política.
Durante el juicio contra Serjal, la defensa basó su estrategia en la teoría de una "causa armada", poniendo el foco en un celular secuestrado a Mariana Ortigala (ex allegada al narco Esteban Alvarado, luego ligada a "Guille" Cantero y a su vez informante de Edery). La defensa argumentó que este celular contenía la planificación para que Peiti declarara falsamente contra Serjal.
Los Cargos y la Apelación
Los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro acusaron a Serjal y Ugolini por múltiples delitos, incluyendo asociación ilícita (en carácter de organizador para Serjal), cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La Fiscalía había solicitado 12 años para Serjal, pero la condena final fue de 9 años. La defensa ya adelantó que presentará una apelación ante la Cámara Penal, manteniendo su postura de que hubo irregularidades en la investigación que podrían llevar a futuras nulidades.
Ese resultado se obtuvo tras el análisis de 40 casos incorporados en la investigación y este documento ya se incluyó en la causa que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak
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Los detenidos son el exjefe de la URII, además de otros funcionarios de la fuerza, por las maniobras fraudulentas para desviar fondos que debían ir a la carga de combustible de patrulleros. La investigación comenzó en marzo. Ahora terminó la intervención de la Unidad Regional. El ministro Cococcioni anticipó que en los próximos días se anunciarán las nuevas autoridades.
Son Daniel Acosta, ex jefe de la Unidad Regional II hasta mayo último, cuando la difusión del escándalo obligó a separarlo del cargo, Diego Santamaría, ex jefe del Comando Radioeléctrico, y Héctor Saucedo, ex titular de la Policía Motorizada. Un cálculo preliminar de Fiscalía cifra el fraude en 45 millones de pesos mensuales
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