La defensa de Patricio Serjal alegó sobre el «origen armado» de la causa

El ex fiscal regional Patricio Serjal comenzó a ser juzgado este lunes por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, entre otros. En el mismo proceso es siendo juzgado Néstor Ugolini, que era empleado de la Fiscalía.

El proceso que llevó a Serjal a ser destituido y acusado fue duramente cuestionado por su abogado Ignacio Carbone, quien pidió una serie de pruebas y declaraciones con la intención de demostrar que el caso estuvo armado y que esta situación fue develada cuando se encontró el teléfono de Mariana Ortigala (ahora detenida en una causa por narcotráfico) en el que se planificaba la futura declaración del zar del juego Leonardo Peiti contra Serjal.

El objetivo final no era el fiscal, dice la defensa, sino el actual senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri, uno de los blancos del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain -a su vez imputado por espionaje ilegal- a lo largo de su mandato durante el gobierno de Omar Perotti.

Si bien el tribunal no le permitió a la defensa incluir todas las pruebas que solicitaba, como por ejemplo las escuchas a Ortigala, sí avaló que declaren como testigos los fiscales que intervinieron en el proceso contra Matías Edery, uno de los acusadores iniciales de Serjal que terminó apartado e imputado por encubrir a Ortigala.

De todos modos, los abogados se reservaron pedir la nulidad del juicio ya que consideran, que Serjal no puede defenderse sino le admiten la integración total de la prueba. El caso Ortigala y los fiscales declarando como testigos pueden traer más problemas al vapuleada MPA, ya que vuelven otra vez a la escena pública casos que en su momento enfrentaron a dos sectores de la Fiscalía, alineados cada uno con un sector político diferente.
La estrategia principal de la defensa, o «teoría del caso», es que Patricio Serjal es inocente y que el caso de la Fiscalía es una fabricación basada en pruebas débiles, procedimientos legales incorrectos y un «plan» deliberado para incriminarlo.
La teoría del caso de la defensa
En los alegatos, la defensa sostuvo que la Fiscalía -luego de la caída de Edery y su par Luis Schiappa Pietra se pusieron al frente de la acusación José Luis Caterina y Marisol Fabbro- se basa en especulaciones y en los relatos poco fiables de personas que buscan reducir sus propias sentencias.

Agrega la defensa que la Fiscalía no logrará probar la existencia de una red de juego clandestino ilegal ni de ningún delito específico cometido por Serjal. Y aseguró que la investigación contra Serjal fue «direccionada» de manera ilícita por los fiscales, específicamente por Edery, como parte de un plan para destituir a Serjal de su cargo.

Argumento de la defensa:

Los abogados de Serjal destacan varias cuestiones importantes sobre el caso de la fiscalía:

• Irregularidades procesales y políticas: Afirman que el juicio es el resultado de un «plan» para incriminar a Serjal. La defensa señala que los propios fiscales fueron apartados del caso por irregularidades y que una parte significativa de la evidencia supuestamente fue ocultada a la defensa.
• Testigos poco fiables: La defensa tiene la intención de desacreditar a los testigos clave, el empresario Leonardo Peiti y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, ambos «imputados colaboradores» («arrepentidos») que ya aceptaron juicios abreviados. La defensa sostiene que sus testimonios son «absolutamente inverosímiles» y fueron dados bajo presión para mejorar su propia situación legal.
• El «plan» para incriminar a Serjal: La defensa intentará probar la existencia de un esfuerzo deliberado para dirigir la investigación contra Serjal. Señalarán una grabación de audio y otras pruebas que sugieren que Mariana y su hermano Rodrigo Ortigala -que de ex laderos del narco Esteban Alvarado pasaron a cumplir roles similares con Ariel «Guille» Cantero-, supuestamente actuando en nombre del fiscal Edery y su secretaria, presionaron a Peiti para que implicara a Serjal y otros funcionarios a cambio de un trato favorable para Rodrigo Ortigala.
• La figura del «arrepentido»: La defensa cuestionará la legalidad de los juicios abreviados y el uso de la figura del «arrepentido». Argumentan que la aplicación de esta ley federal en una provincia es ilegal. También señalan que estos acuerdos se realizaron de manera «incompatible» con la ley, ya que la veracidad de las declaraciones nunca fue verificada en un juicio apropiado.
• Pena desproporcionada: La defensa considera que la pena de 12 años solicitada para Serjal es «absolutamente improcedente», especialmente en comparación con las sentencias mucho más cortas que recibieron figuras clave como Peiti y Ponce. La defensa también menciona el costo personal del proceso para Serjal, destacando su condena mediática, su tiempo en prisión y su deterioro físico.

La Fiscalía
El equipo de fiscales compuesto por José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato junto al equipo de trabajo de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción Rosario acusan a Serjal por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador en concurso ideal con cohecho pasivo agravado por falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público en concurso real con los delitos de omisión de persecución y peculado de servicios éstos últimos en concurso real entre sí. La acusación pide la pena de 12 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos.

Y a Ugolini el MPA le imputa los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor y cohecho pasivo simple en carácter de partícipe primario, por lo cual solicita la pena de 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación especial para ocupar cargos o empleos públicos.

El caso Ortigala
Mariana Ortigala fue  una de las principales testigos contra Esteba Alvarado. Incluso, recibió varios plomos en su cuerpo en represalia. Con el paso del tiempo se transformó en informante del fiscal Matías Edery, una temporda que aprovechó para hacerse de 14 propiedades que nunca logró justificar. En esta relación con la Fiscalía la defensa basa su ataque.
«En la Fiscalía lo que pudimos determinar es que advertimos un vínculo muy cercano entre Ortigala y (Guille) Cantero. Hay que recordar que era testigo protegida desde 2019 y en diferentes instancias judiciales se dijo que «se pasó de banda» y precisamente en este período de tiempo que se la incluyó en el programa de protección a testigos y desde que el fiscal Edery informa que la incluyó como informante en el ámbito de la agencia es que en este período de tiempo se hizo multimillonaria. Por eso creemos que no es una testigo protegida sino una narcoprotegida», apuntó el fiscal Pablo Socca cuando Ortigala se sentó en el banquillo.

«La señora es miembro de la asociación ilícita del señor Cantero. Hay asociaciones ilícitas que se investigan en esta Fiscalía, casi todas ellas se investigaron en el marco de de la Agencia de Criminalidad Organizada a cargo de fiscales que se especializan en Los Monos, que tienen acabado conocimiento, experiencia en la estructura, y ¿cómo nunca se dieron cuenta que Ortigala era miembro de esa asociación ilícita y se hizo millonaria? En tres meses de investigación le encontramos 14 propiedades», añadió el investigador fiscal.

«Pudo haber sido una testigo protegida y pudo haber brindado información útil en la causa Alvarado; creemos que luego de eso debió cesar inmediatamente la protección como testigo y debió ser incluida como arrepentida si declaraba sobre delitos declarados por ella y la estructura a la que pertenece actualmente, Tiene que estar imputada, esa hubiera sido la ubicación correcta en atención a la vinculación criminal que tiene con Cantero», dijo en ese momento el fiscal Miguel Moreno.