El año pasado, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) logró recuperar en el Gran Rosario unos 640 millones de pesos al detectar poco más de diez mil clientes entre residenciales y comercios que cometían fraude eléctrico, y regularizar su situación. No se trata de vecinos de barrios populares (para quienes hay un programa especial que cerró con 3.882 normalizaciones del servicio) sino de “suministros pudientes”, los que tienen capacidad de pago y aun así realizan conexiones directas o adulteran el medidor. En total, habían consumido 50 gigavatios (cada gigavatio equivale a un millón de kilovatios).

La Capital dio a conocer días atrás la cifra provincial de inspecciones (115 mil) que realizó la EPE, de las cuales 19.414 fueron “exitosas” o “positivas”. Un término paradójico si se considera que los casos de hurto de energía descubiertos perjudican a la compañía y en general al resto de la población, ya que la demanda no blanqueada afecta la infraestructura, quemando a veces la fase subterránea o aérea en baja tensión. “El consumo desmedido repercute sobre el tendido de la red, que se sobrecarga; los vecinos se ven afectados y muchas veces eso daña los artefactos eléctricos”, explicó Santiago Pucheta, responsable del Área de Control de Pérdidas.

Fue en Rosario y su área metropolitana que las cuadrillas encontraron la mayoría de las irregularidades (10.427), lo cual tiene su lógica pues allí se concentra el grueso de los clientes de la prestataria (549.188 usuarios sobre 1.400.000) y se verifica el 70 por ciento del consumo. En esta zona el índice de positividad de los operativos es del 29 por ciento, mayor que en toda la provincia (17 por ciento). Según estimaciones oficiales, la EPE se había perdido de facturar 640 millones de pesos.

Si se atiende la distribución por grandes zonas dentro de la ciudad, en el norte, el oeste y el centro, el 66 por ciento de los usuarios residenciales y los locales comerciales sobre los que pesaban denuncias fue detectado con fraude. En el barrio Hostal del Sol (al noroeste), más de la mitad de los hogares inspeccionados (el 54 por ciento) estaban en infracción. En Pichincha, durante un operativo nocturno en comercios -bares, restaurantes, heladerías- el 28 por ciento presentaba anomalías que alteraban la medición del consumo. Cuando los inspectores repitieron las verificaciones en el sector, uno de los centros nocturnos por excelencia de Rosario, el 16 por ciento volvió a dar positivo, siempre según estadísticas de la empresa. En el barrio La Florida, pasó en el 18 por ciento de los casos.

En localidades aledañas hubo hallazgos significativos durante 2022: el 60 por ciento de los domicilios revisados en el barrio abierto Santa Susana de Villa Constitución presentaba irregularidades, al igual que el 58 por ciento de la zona comercial de Pérez y el 36 por ciento de las casas del barrio Tierra de Sueños de Alvear. En la ciudad de San Lorenzo la cifra llegó al 26 por ciento y en el barrio Punta Chacra de Roldán, al 14.

Pucheta explicó que en 2020 la empresa hizo una diferenciación entre el programa EPE Social, para usuarios en situación de vulnerabilidad, y los suministros pudientes. Allí donde la compañía eléctrica tiene infraestructura se encuentran, sin embargo, con inmuebles que directamente no figuran como clientes. “La caja donde debería estar el equipo de medición está vacía y un cable entra al domicilio sin que se registre el consumo. Otra situación es cuando hay medidor, pero otro conductor lo sortea e ingresa al inmueble, por lo que paga parcialmente. La tercera modalidad es la adulteración del medidor, algo que se hace con la ayuda de un electricista”, señaló el funcionario.

“Hacemos operativos rutinarios y especiales, en zonas comerciales o por cantidad de metros cuadrados de la propiedad. Investigamos y cuando detectamos incongruencias, vamos a determinados puntos. Uno de los rubros que se analizan para inspeccionar son las canchas de ligas de fútbol que organizan torneos comerciales”, describió.

Si las instalaciones se encuentran en condiciones, el servicio queda normalizado; de lo contrario, se interrumpe. En cualquier caso, la cuadrilla hace una toma instantánea del consumo y en función de eso se establece una sanción económica, que antes equivalía al consumo estimado de un mes y desde 2020 se multiplicó por 12, ya que se presume que el fraude había comenzado un año atrás. Por instrucción de la presidencia de la EPE, áreas jurídicas estudian aumentar los criterios para calcular la multa.

La cuestión social.

El presidente de la EPE, Mauricio Caussi, explicó que la empresa no puede facturar el 17 por ciento de la energía que le compra a la mayorista Cammesa. En menor medida a causa de pérdidas técnicas propias de toda distribuidora y en gran parte (un 60 por ciento) por usuarios que se enganchan a la red, aunque distinguió a los vecinos en situación de vulnerabilidad, que una vez regularizados pasan a pagar una tarifa social, del segmento con poder adquisitivo y alto nivel de consumo eléctrico.

Para los primeros, dijo el funcionario, se invierte en obras que más allá de la facturación recuperada permiten brindar seguridad (muchas veces estos mismos vecinos se electrocutan o lesionan) y con relación a los segundos (el fraude propiamente dicho) el objetivo es aumentar los controles para que 2023 termine con el nivel de recupero en alza.

La regularización del servicio a través de EPE Social involucró a 4.800 usuarios en toda la provincia, por lo que ahora se podrán facturar 7,2 gigavatios más. En cambio, los suministros pudientes habían consumido 97,97 gigavatios.

La mayoría de los clientes de barrios populares están localizados en Rosario, de hecho la ciudad se lleva el 25 por ciento de la inversión en infraestructura (incorporación de subestaciones, tendido de media y baja tensión, instalación de medidores), dijo Caussi. “EPE Social era antes una parte olvidada del área de control de pérdidas. La jerarquizamos porque en primer lugar queremos evitar los riesgos en la vida y en la salud de la población. En segundo lugar, darle dignidad desde una mirada inclusiva, de equidad. El usuario social no tiene aire acondicionado”, subrayó.

Sobre la cantidad de fraudes detectados en el área metropolitana, pidió no estigmatizar a Rosario. Dijo que es algo propio de los grandes centros urbanos, donde el control social se diluye a causa del alto índice demográfico. “Le pedimos a la comunidad que nos ayude, que denuncien si tienen una sospecha”, remató.

Fuente: La Capital