El presidente Javier Milei fue claro y determinante: desde el 23 de marzo de 2025, quienes no hayan logrado reunir los 30 años de aportes requeridos por ley ya no podrán acceder a una jubilación contributiva a través de moratoria. Esta herramienta, implementada durante la presidencia de Alberto Fernández, quedó sin efecto tras la decisión del gobierno de Javier Milei de no renovarla.
En ese marco, una consecuencia directa afecta a quienes opten por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): ya no tendrán derecho a percibir una pensión por fallecimiento de su pareja jubilada, un beneficio que sí se mantiene vigente para quienes acceden al régimen general.
Qué cambia con el fin de la moratoria
Hasta marzo, las personas sin aportes suficientes podían iniciar su jubilación mediante la moratoria previsional, regularizando años no registrados en AFIP y así acceder a una prestación contributiva. Con la eliminación del programa, quienes lleguen a los 65 años y no hayan cumplido con los aportes exigidos ya no podrán jubilarse por esa vía.
La única opción disponible en estos casos es la PUAM, una pensión no contributiva implementada en 2016 y destinada a mayores de 65 años que no perciban ningún beneficio previsional y acrediten residencia en el país.
Sin pensión por viudez: qué implica la nueva restricción
El recorte dispuesto por el Ejecutivo nacional tiene un impacto concreto: las personas que ingresen al sistema previsional a través de la PUAM no podrán heredar la pensión de su pareja en caso de fallecimiento. Esto significa que, aun si su cónyuge hubiera sido jubilado o pensionado, el sobreviviente no podrá tramitar la tradicional pensión por viudez si recibe la PUAM.
En cambio, quienes acceden a una jubilación regular con aportes sí conservan ese derecho, de acuerdo con las normativas vigentes de ANSES.
Requisitos y características de la PUAM
Las personas interesadas en iniciar el trámite deben:
La eliminación del acceso a la pensión por viudez para los beneficiarios de la PUAM marca un cambio sustancial en la red de protección social para adultos mayores, especialmente para quienes dependían del ingreso previsional de su pareja fallecida. Con esta medida, el Gobierno redefine los criterios de acceso y compatibilidad dentro del sistema previsional argentino.
