Despidieron a 4860 trabajadores del Correo Argentino

Con datos oficiales, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló que, entre noviembre de 2023 y abril de 2025, la dotación de personal en la administración pública nacional se redujo en 50.553 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 14,7%. Y una de las más afectadas fue la empresa estatal Correo Argentino, con 4.860 empleados que quedaron sin empleo.

“Correo Argentino lidera el ranking de despidos, lo que tiene implicancias profundas, ya que cumple funciones esenciales que van más allá del envío de cartas y paquetes: garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas donde los operadores privados no llegan y actúa como soporte logístico del Estado, incluyendo tareas clave como la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos, y el desarrollo de procesos electorales en todo el país”, publicó la CEPA.

Le sigue Aerolíneas Argentinas, con 1.745 puestos de trabajo menos, en el marco de un proceso de achicamiento que afecta no solo al personal sino también a rutas estratégicas que garantizan la conectividad federal del país y AySA, la empresa responsable del suministro de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en la que se registraron 1.548 despidos.

Desde CEPA se recordó que la ex Télam (Agencia Nacional de Noticias) fue desmantelada con la desvinculación de 644 trabajadores: “Representa un ataque directo a la pluralidad informativa y a la capacidad del Estado de producir contenidos propios con mirada federal y soberana”.

Otro caso que merece especial atención es el del Banco Nación, donde se registraron 1.517 despidos en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei ha manifestado abiertamente su intención de avanzar hacia su privatización.

En paralelo, el sistema ferroviario nacional también sufrió un profundo desguace: la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado perdió 1.906 empleos, mientras que Belgrano, Cargas y Logística recortó otros 333. “Reducir personal en las empresas ferroviarias estatales implica mucho más que un ajuste presupuestario. Tiene consecuencias directas sobre la calidad y alcance del servicio, ya que menos trabajadores significan, en muchos casos, una menor frecuencia de trenes, rutas canceladas y un deterioro en las condiciones de mantenimiento, limpieza, atención al usuario y seguridad operacional. El recorte no solo limita la capacidad operativa del sistema, sino que también genera una pérdida de saberes técnicos y experiencia acumulada a lo largo de años, difícil de reemplazar en el corto plazo. Estos datos no solo reflejan una política de ajuste, sino también un cambio de rumbo en la visión del rol del Estado, con impactos concretos sobre miles de trabajadores y sobre sectores clave para la infraestructura y el desarrollo del país”, sostuvo el grupo de profesionales economistas.

El alcance de la motosierra incluyó el vaciamiento de empresas tecnológicas y de infraestructura estratégica como el Polo Tecnológico Constituyentes, que sufrió una pérdida del 40% de su personal, lo que representa un retroceso en la capacidad estatal para sostener desarrollos científicos e innovaciones tecnológicas.

Y en la Administración General de Puertos y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias se registró recortes del 32% y 34% respectivamente, afectando áreas clave para el comercio exterior, la logística nacional y la planificación del transporte, y Nación Seguros perdió el 31% de su planta.

Controles y ciencia

El Centro de Economía Política Argentina destacó que este análisis permite dimensionar no solo el volumen de los despidos, sino también la profundidad del repliegue estatal en sectores estratégicos para la soberanía, el desarrollo productivo, la educación pública y la integración territorial.

“En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), la mayor reducción nominal de personal se produjo en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, con un recorte de 2.943 puestos de trabajo. Este ajuste masivo en el principal organismo de fiscalización tributaria y aduanera del país compromete seriamente su capacidad para combatir la evasión fiscal, controlar el comercio exterior y garantizar la recaudación que sostiene las políticas públicas”, agregó el informe.

Además, el Conicet, principal institución dedicada a la investigación científica y tecnológica, sufrió una reducción de 957 trabajadores, lo que afecta directamente la producción de conocimiento y la continuidad de proyectos de investigación de largo plazo y el Enacom, ente encargado de regular las comunicaciones, perdió 764 empleados, debilitando el control del espectro radioeléctrico, la fiscalización de servicios de telecomunicaciones y las políticas de conectividad.

Por su parte, el INTI, clave en la innovación industrial y el apoyo a las pymes, sufrió un recorte de 736 trabajadores, mientras que el SENASA, organismo central en el control sanitario y la trazabilidad de productos agroalimentarios, perdió 457 puestos, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y las exportaciones del sector agroindustrial.

En el plano social y previsional, también se observaron recortes significativos. La ANSES, pilar del sistema de seguridad social y responsable de la administración de jubilaciones, pensiones y asignaciones, perdió 1.381 trabajadores, afectando la atención al público y la capacidad de gestión de trámites clave para millones de ciudadanos.

Salud

Por otro lado, el grupo de economistas destacó que al observar la reducción de personal en términos porcentuales -es decir, en relación con la cantidad total de trabajadores de cada organismo- surgen casos particularmente alarmantes por la magnitud del ajuste y el rol estratégico de las instituciones afectadas: “En primer lugar, se destaca el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que sufrió una caída del 64% de su planta, lo cual representa un desmantelamiento virtual de un organismo clave para la articulación de políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables. Su debilitamiento implica una fuerte retracción del Estado en su capacidad de planificar, monitorear e integrar acciones sociales con enfoque territorial e interinstitucional”.

En segundo lugar, se encuentra la Junta de Seguridad en el Transporte con una reducción del 44%: “Lo que compromete seriamente su función esencial de investigar accidentes e incidentes en los distintos modos de transporte -aéreo, ferroviario, automotor y fluvial-, y generar recomendaciones para mejorar la seguridad operativa”.

Además, desde el CEPA se informó que “particularmente sensibles” resultan los recortes de personal en organismos vinculados a la salud pública: “El Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones ‘Lic. Laura Bonaparte’ registraron una caída del 39% en su dotación de personal, lo que representa un severo retroceso en políticas públicas orientadas al tratamiento integral del cáncer y a la atención de la salud mental, áreas que requieren equipos multidisciplinarios, continuidad en la atención y una fuerte presencia estatal”.

A su vez, la Agencia Nacional de Discapacidad sufrió la desvinculación de 471 trabajadores, lo que representa un serio retroceso en la garantía de derechos y en el acompañamiento a personas con discapacidad en todo el país. “Estos recortes no solo suponen un ajuste fiscal, sino una redefinición del rol del Estado en áreas críticas como la ciencia, la salud, la industria, la inclusión social y la soberanía económica. La magnitud y el perfil de los despidos reflejan una política sistemática de debilitamiento institucional que compromete la capacidad del Estado para intervenir en el desarrollo y garantizar derechos”, remarcó el CEPA, lo que implica un debilitamiento estructural en la capacidad del Estado para garantizar derechos, accesibilidad, prestaciones y acompañamiento a una población históricamente postergada.

“Estos recortes, medidos en términos proporcionales, permiten dimensionar con mayor precisión no solo la magnitud del ajuste, sino también su orientación política: un retiro del Estado de áreas vinculadas a la ciencia, la salud, la seguridad y las políticas sociales, que deja a vastos sectores de la sociedad sin respaldo institucional y debilita el entramado público que sostiene derechos fundamentales”, remarcó el informe.