Qué Humedal ni Humedal: Nación, Entre Ríos y entidades ruralistas firmaron convenio para hacer tres puertos de entrada y salida de ganado en las islas

Luego de que ganaderos isleños del Delta entrerriano denunciaran un aumento “desmesurado” de las tasas de carga y descarga de hacienda en las islas por parte de la Municipalidad de Victoria, un convenio entre el gobierno nacional de La Libertad Avanza, la gobernación entrerriana del PRO y dos entidades del campo dejó afuera a la ciudad del Alto Delta, aunque la coloca en el nivel de principal perjudicada. Se trata de un proyecto para la construcción y operación de corrales y embarcaderos destinados al traslado de hacienda desde y hacia las islas, de dudosa sostenibilidad ambiental –toda el área de Humedal está bajo una disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impide una obra de tal envergadura– para la cual la Nación cede tres lotes ubicados sobre la traza de la ruta nacional 174, el puente Rosario-Victoria.

Ganaderos de Entre Ríos recientemente quedaron a salvo, básicamente por falta de elementos probatorios, de responsabilidad en las quemas que devastaron el Alto Delta. Y vienen lanzando un reclamo también contra una cautelar impuesta por el Juzgado Federal Nº1 de Paraná el primer día de julio de 2020 ante otros desastres ambientales que venían cometiendo en el Alto Delta, como la construcción de terraplenes para generar zonas productivas a salvo de crecidas, seca de lagunas internas, desvío de cursos de agua y otras alteraciones que concretaron con el uso de maquinaria pesada. Ahora, apalancados por el sobreseimiento judicial dictado tres semanas atrás por el mismo Juzgado Federal Nº1, que benefició a 43 empresarios imputados por las quemas, buscan tumbar la cautelar que dispone “prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”.

En su reclamo cuentan con el respaldo en todos los órdenes del gobierno del presidente Javier Milei. El propio jefe del Estado relativizó, en un razonamiento parabólico que no parece condecirse con el sentido común, que no habría problema en que una empresa contamine un río, ya que el valor del agua “es cero”, ya que “abunda”. Y que el problema de la contaminación se solucionaría cuando el agua sea un bien escaso, y por lo tanto se cree un interés económico.

Científicos ambientales vienen avisando hace añares que el agua dulce no solamente es escasa sino que representa un grave problema en todo el planeta, y analistas geopolíticos vienen advirtiendo ya por décadas de una posible futura “Guerra del Agua” a escala global, por su control.

Desregulando el ecosistema
Desde su primer día de inicio, la gestión de La Libertad Avanza suprimió el boletín informativo diario sobre incendios forestales en todo el país; modificó por decreto la legislación y las competencias del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y eliminó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al que degradó a Subsecretaría dentro del Ministerio del Interior, un rango inferior a la Secretaría de Comunicación y Medios que encabeza Manuel Adorni, a cargo también de la Vocería Presidencial.

Las modificaciones se sustentan en la línea política oficial, que es de absoluta negación de la existencia de un posible cambio climático y la denuncia de pactos internacionales que tengan que ver con políticas de preservación del ambiente, como la Agenda 2030.

Trasladado al llano, ese andamiaje ideológico se verifica, entre muchos más ejemplos, en el pliego para la reprivatización de la Vía Navegable Troncal por un período mayor –medio siglo– y con un dragado más profundo, de hasta 44 pies –13,41 metros– del canal de navegación, para habilitar el paso de buques de mayor porte, pese a las denuncias de innumerables organizaciones y comunidades ribereñas por la catástrofe que supondría a nivel ambiental, político y social. Estas vienen enfrentando la pérdida de soberanía sobre el corredor por el que se embarca el 80% de las exportaciones nacionales; también la resignación de la reconstrucción del sistema de estatal nacional que funcionó hasta la década del 90, hasta el traspaso a manos privadas –la belga Jan de Nul, por 25 años– para el dragado, balizamiento y mantenimiento –y especialmente el control– del corredor naviero del país.

También resisten la dificultad –o imposibilidad– de los residentes de las islas de acceder a sus propios hogares y actividades por el taponamiento de bocas, lo que se vería agravado por el “efecto embudo” que acarrearía un dragado a mayor profundidad. Incluso advierten que, al extenderse a buena parte del Paraná Medio, los daños pueden ser mayores incluso que el fuego mismo contra un ecosistema lábil, otrora de selva de galería con una biodiversidad apabullante, en la que supieron coexistir hasta no tantas décadas atrás, monos, tucanes, pecaríes, ciervos de los pantanos, lobitos de río, yacarés overos, entre más.

Donde hay una necesidad, nace un negocio
A las asociaciones ruralistas las tienen sin cuidado los reparos que entidades ruralistas puedan advertir sobre daños a ecosistemas. Incluso durante las grandes protestas de la Multisectorial Humedales ante los incendios intencionales en las islas, llegaron a acusar a los propios activistas por las quemas, en un “razonamiento” que no resistía lógica alguna. Ahora celebran un convenio que deja afuera al municipio de Victoria, encabezado por la peronista Isa Castagnino, quien ganó la intendencia en 2023 tras ocho años de gestión de Juntos por el Cambio.

El acuerdo fue rubricado entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Sociedad Rural de Victoria (SRV) y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC). El proyecto había sido impulsado por estas dos últimas entidades, con el objetivo de desconcentrar la operatoria del único puerto ganadero actualmente disponible en la zona.

“La operación de estos puertos permitirá la fluidez, reducción de costos y mejor operatoria para la ganadería de la zona”, explicó Guillermo “Willi” Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de la provincia Entre Ríos, quien según el diario La Nación ofició de nexo de las entidades ruralistas y las autoridades nacionales.

“Facilitar la logística y los procesos productivos es uno de los mandatos que nos encomendó el gobernador Rogelio Frigerio para impulsar el crecimiento del sector privado. Precisamente, el gobernador y su equipo gestionaron la tramitación con los organismos nacionales involucrados. La puesta en marcha de estos nuevos puertos ganaderos será un cambio significativo en la actividad productiva de las islas de Victoria”, agregó el funcionario.

La iniciativa llega tras un año de gestiones por parte de las entidades rurales ante autoridades provinciales y nacionales. Es parte del enfrentamiento con la intendenta Castagnino, que en abril de 2024, contando con mayoría en el Concejo Deliberante, impulsó una ordenanza que elevó el valor de la tasa que se cobra por cada animal que entra o sale de las islas en barcazas.

Desde entonces, la tasa pasó de un máximo de $300 por animal a un cálculo en kilos de novillo del Mercado Agroganadero (MAG): de dos a cuatro kilos, según el volumen de cabezas, lo que puede superar los $12.000 por vaca, novillo o vaquillona, que se paga en el ingreso y en la salida. A diferencia de los puertos provinciales que tienen un valor de referencia en la carga y descarga de animales de 70 centavos de dólar, o sea, unos $850.

Según la ordenanza del municipio, hasta las 100 cabezas se abona dos kilos; de 101 a 400, tres kilos, y más de 400 animales, se paga cuatro kilos, todo con el valor del índice de novillo (de la categoría 431/460 kilos) del MAG,

Medios especializados en agro, como Clarín Rural, Bichos de Campo y otros, celebraron la iniciativa. Y citaron, entre otros, al presidente de la Sociedad Rural de Victoria, Eduardo Grimaux, quien destacó: “Ahora comienza una etapa de una fuerte inversión, con características muy especiales al tratarse de construcciones móviles”.

Estas estructuras portuarias, explicó, deberán adaptarse a las particularidades del entorno isleño, donde las inundaciones son frecuentes, por lo que serán desmontables y trasladables según las condiciones climáticas lo requieran, adelantaron.

“Esto tendrá como resultado final un mejor y más económico servicio para el ganadero de nuestras islas. Luchamos para que los productores de las islas tengan un buen servicio, no era ni es nuestra intención la confrontación”, citó La Nación a Grimaux.

En ese sentido, dijo que en una situación de emergencia de repunte del río, va a haber cuatro puertos disponibles para que la hacienda salga sin inconvenientes, cuando “antes, con un solo puerto se hacía una especie de «Puerta 12» que complicaba la situación».

“Esto tendrá como resultado final un mejor y más económico servicio para el ganadero de nuestras islas”, insistió.

Por su parte, el empresario Enzo Mariani, conocido en Rosario por haber sido denunciado por el Estado municipal por la apropiación de un vasto territorio del Alto Delta que forma parte del llamado Legado Deliot, también destacó el convenio, como representante de la CIAC: “El tema de los corrales y los puertos para el traslado de hacienda, tanto de ingreso como de egreso, obedece a brindar una alternativa superadora a la gente que produce en la isla”.

“Lo que queremos remarcar es que tanto el gobierno provincial como Nación, nos dieron una ayuda fundamental para favorecer la producción y la posibilidad de mejorar los servicios de nuestra ganadería en las islas”, explicó.

Del acto también participaron Marcelo Campoy, administrador general de la DNV; José Basaldúa, coordinador de Políticas Agropecuarias de Entre Ríos; y José Colombatto, vicepresidente 1° de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En representación de la Sociedad Rural de Victoria firmaron, además, Emiliano Merzbacher, mientras que por la CIAC lo hicieron Mariani y Leonardo Scarparo.