El juez Ramos Padilla ordenó que las fuerzas federales no apliquen el protocolo antipiquetes en la marcha antifascista

Sucedió que cuando las marchas son masivas y heterogéneas, el famoso «protocolo antipiquetes» escrito y fogoneado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no se aplica o se aplica en modo blando. Igual, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó este sábado un «habeas corpus preventivo» en relación a la Marcha Federal LGTBIQ+ antifascista y antirracista que tendrá su capítulo porteño a partir de una concentración en el Congreso. El magistrado, en una resolución, ordenó que «las fuerzas de Seguridad no intercepten a personas o transportes», ni filmen a los participantes de la manifestación.

El magistrado, titular del Juzgado Federal n° 1 de La Plata, exhortó a las autoridades nacionales y provinciales del área de Seguridad a garantizar «las condiciones necesarias para que los manifestantes puedan expresarse en libertad» y, en particular, a que «se abstengan de emitir órdenes que limiten arbitrariamente el derecho constitucional a la protesta social«.

En ese sentido, detalló: «Se exhorta a las Fuerzas de Seguridad para que el 1 de febrero no se intercepten personas en la vía pública -tanto en transportes públicos como en accesos a unidades de trenes- dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, ni se las filme con fines de identificación«.

Ramos Padilla hizo lugar a una acción de habeas corpus colectivo y preventivo en favor de todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que decidan convocarse desde distintos puntos de la provincia para participar de la movilización prevista en defensa del colectivo LGBTIQ+ en las inmediaciones del Congreso Nacional. Es para esa geografía, pero sus considerandos atañen a las marchas convocadas en casi todas las grandes ciudades del país, como Rosario.

Para el juez, «existe un interés público e internacional en preservar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que participen en la movilización social«. Para ello, requirió a las fuerzas federales y a la provincial que no intercepten a personas o se filmen con el fin de identificarlas o requisarlas sin orden judicial previa y sin que concurran circunstancias que hagan suponer la existencia de un delito«.

La acción busca prevenir cualquier tipo de acto que restringiera la realización del ejercicio del derecho constitucional a la protesta en el marco de la Marcha Federal del Orgullo LGBTIQ+ Antifascista y Antirracista.

En particular, el juez Ramos Padilla exhortó a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que se abstengan de expedir órdenes bajo su órbita que impliquen una limitación arbitraria al derecho constitucional a la protesta social pacífica.

En su presentación, los accionantes hicieron referencia a las declaraciones del presidente Javier Milei en el foro de Davos en tanto «generan un ambiente de prejuicio e intolerancia que puede fomentar la discriminación y violencia contra las personas LGTB (…) estos discursos crean un ambiente sistemático de hostilidad en contra de las personas del colectivo LGBT”.

Sumado a ello, agregaron que la situación de represión y detenciones ocurridas en otras protestas públicas anteriores por aplicación del llamado protocolo antipiquetes generarían un temor fundado de que pueda restringirse el derecho a la protesta y la libertad ambulatoria de quienes asistieran a la marcha.

La movilización convocada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y otros espacios del colectivo LGTBIQ+ en territorio porteño comenzará a las 16 con una concentración en el Congreso y luego una marcha hacia la Plaza de Mayo. El Gobierno nacional calificó la protesta como «política» y minimizó su impacto en la imagen de Milei.