Plata o cloro: la Corte santafesina dejó a salvo al propietario de Petroquímica Bermúdez, pero afirman que la planta es una bomba de tiempo

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en votación equilibrada y desempatada por un conjuez, dejó a salvo al empresario ítaloargentino Sergio Taselli, quien no deberá responder ante la Justicia por el pasivo ambiental que dejó en una de sus compañías, Petroquímica Bermúdez. En 2019, cuando el empresario todoterreno era defendido por el hoy ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, había logrado un acuerdo judicial por el que el Ministerio Público de la Acusación dejaba de investigarlo, y él llevaba adelante un proceso de descontaminación remediación en el predio de 22 hectáreas linderas con la costa del río Paraná. Pero quien ordenó el cese de la investigación fue el entonces fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, quien acabaría fuera de la función pública y detenido por hechos de corrupción –está a la espera de juicio– por lo cual el caso se reactivó. La defensa de Taselli acudió al máximo tribunal con el reclamo de que no podía ser investigado dos veces por el mismo caso –principio de “non bis in idem”– finalmente lo consiguió.

Considerado de muy bajo perfil y, según se dice, con un pasado de activa militancia juvenil en el peronismo, Taselli pasó “desde cero” a convertirse en uno de los mayores empresarios del país. Se le reconoce una habilidad proverbial para tender, mantener y cambiar vínculos políticos, y despuntó como un fuerte benficiario de las privatizaciones de empresas públicas en la década de 1990 y de la adquisición en subastas de empresas en crisis jaqueadas por la convertibilidad y las importaciones. Sus inversiones fueron y son múltiples: energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario. Fue concesionario de de líneas ferroviarias a través de Metropolitano, y de YCRT, los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, donde quedó señalado por diferentes gremios como responsable, por el proceso de deterioro al que sometió a la empresa, de la muerte de 14 mineros en un siniestro en junio de 2004. En Rosario tuvo en sus manos la Usina Sorrento, otra estructura en franco e indetenible deterioro.

En 1994 Taselli compró parte del paquete accionario de lo que había sido Electroclor. Su continuación, Petroquímica Bermúdez, cerró en 2013, y desde entonces es considerada un bomba ambiental que, lejos de desactivarse, cada período de tiempo aumenta en peligrosidad, según viene denunciando el Taller Ecologista Rosario.

La organización socioambiental sostiene que el predio ubicado en Capitán Bermúdez “sigue estando contaminado con sustancias químicas tóxicas con un gran potencial de daño a la salud y el ambiente”. La firma dejó un riesgoso pasivo ambiental propio, sumado al que había heredado de su antecesora, Electroclor.

En ese marco se tramitaron denuncias judiciales hasta que el fiscal del caso, Juan Carlos Ledesma, por orden del fiscal regional Serjal, había desistido de la acusación contra Taselli.

Pero tras la eyección de Serjal, quien fue detenido por corrupción, el fiscal Luis Schiappa Pietra, reactivó la causa y logró dos fallos en primera y segunda instancia para continuar la investigación.

Los defensores de Taselli adujeron que su cliente no puede ir a proceso porque sería juzgado dos veces por el mismo delito. La primera defensa del empresario la asumió el actual ministro Cúneo Libarona, aunque hoy está representada por el abogado local Jorge Ilharaescondo. Tres camaristas rosarinos descartaron el argumento del doble juzgamiento, al aducir que la primera vez Taselli eludió la acusación de manera injustificada, y de paso sospechosa. Es que Schiappa Pietra y su par Matías Edery consideraron en 2021 que el intempestivo cierre de todo el trámite judicial pudiera explicarse en sobornos.

Sin embargo, la defensa del empresario logró llegar hasta la Corte Suprema provincial para pedir la inconstitucionalidad de la nueva investigación –en realidad la continuidad de la que había sido dejada trunca– ya que Taselli ya había sido juzgado. En rigor, nunca se arribó a sentencia, es decir, no hubo juicio. Pero la defensa buscó extender el mismo concepto de etapa cerrada hacia ese campo.

Y lo logró: la Corte, con los votos de su titular, Rafael Gutiérrez, y de María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuler y, para desempatar, del camarista Fernando Gentile Bersano aceptaron el recurso de inconstitucionalidad y cerraron la investigación penal a Taselli.

Los votos en contra fueron de Daniel Erbetta , Mario Netri y Roberto Falistocco. Pero la cuestión no termina todavía: el fiscal Schiappa Pietra ya anticipó que va a acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿El severo riesgo ambiental denunciado será motivo suficiente para que el máximo tribunal del país ponga plazo para expedirse, cosa que no tiene? Hasta ahora la Corte viene apilando jurisprudencia positiva en materia ambiental. Pero ahora el caso involucra a uno de los empresarios más influyentes en todos los gobiernos desde Carlos Menem a esta parte.

En contrapartida, está el riesgo cada vez más evidente. Vecinos y organizaciones ambientalistas fueron quienes formularon las primeras denuncias, y en 2017, con el gobierno provincial de Miguel Lifschitz, el Estado santafesino inició acciones civiles y penales para garantizar el cierre seguro y la remediación del predio. En 2018, se alcanzó el acuerdo conciliatorio que incluyó medidas de remediación y la extinción de la acción penal, respaldada por el llamado “criterio de oportunidad”, paraguas bajo el cual el juez de San Lorenzo Juan José Tutau cerró el caso en 2019.

Los fiscales Edery y Schiappa Pietra solicitaron en diciembre de 2020 anular esa decisión judicial, y argumentaron que la misma fue parte de un “plan delictivo” organizado por el ex fiscal regional Serjal y el ex fiscal de Estado Gustavo Luzzini, salvando a los accionistas de Petroquímica Bermúdez de afrontar inversiones siderales en descontaminación y remediación.

La Corte santafesina sí dejó abierta una hendija, ya que su resolución es que no se puede reabrir ese caso, ni tampoco hay pruebas suficientes que abonen la sospecha de un plan delictivo, pero aclararon que los fiscales pueden seguir investigando otros posibles delitos.

¿Los habría? La planta industrial permanece clausurada, pero sin haber sido desmantelada completamente, por lo que las organizaciones ambientalistas, en particular el Taller Ecologista, insisten en que representa un riesgo ambiental latente. Hace poco más de una semana, el Taller Ecologista denunció, además, que la planta desactivada no cumple con la obligación de tener un seguro ambiental contratado, y que además tendría todavía almacenadas sustancias tóxicas que representan un grave riesgo para el ambiente y la salud.

Además, se denunció la erosión del predio por vientos y lluvias, lo que podría agravar la dispersión de contaminantes como amianto y gas de cloro: Florencia Sívori, abogada de Taller Ecologista, destacó que la falta de avances en la descontaminación del lugar y la inactividad judicial agravan el problema. También advirtió que el CUIT de la empresa fue dado de baja, complicando aún más el cumplimiento de sus obligaciones legales.

«Estamos ante un doble riesgo: un predio peligroso y la ausencia de seguro que responda ante un posible desastre», afirmó Sívori. Y describió que el sitio “acumula años de deterioro y sigue representando un riesgo significativo para el ambiente y las comunidades cercanas”.

La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. Inspecciones al predio detectaron presencia de sustancias altamente tóxicas y muy dañinas para la salud en el suelo, aire y agua en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Además comprobaron pésimo estado de ductos y de tanques de almacenamiento de cloro que están en el predio. Y encontraron otros residuos peligrosos que no habían tenido correcto tratamiento, y hasta tanques oxidados y perforados en los que se habían guardado sustancias como benceno, amianto y mercurio. Y finalmente derramamiento de distintos elementos químicos en tierra.