Jefe narco de Nuevo Alberdi fue condenado a 29 años de cárcel por instigar un violento secuestro

Hernán Ramón “Lichy” Romero, el referente de una familia conocida por sus múltiples actividades delictivas de base narco en Nuevo Alberdi, fue condenado a una pena única de 29 años de prisión por haber encargado desde la cárcel el secuestro de un hombre que fue sometido a torturas y baleado hasta que sus captores lo dieron por muerto. La sentencia fue resuelta este lunes por el tribunal compuesto por los jueces Nicolás Vico Gimena, Valeria Pedrana y Silvia Castelli en un juicio oral en el que también fue condenado Luciano, un hermano de Lichy que participó de la maniobra junto a otro joven ya condenado por el hecho y otros dos adolescentes a disposición de la Justicia de Menores.

De esta manera se cierra parte de una historia que significó el inicio de un cruel enfrentamiento entre los Romero y un sector de Los Monos al cual estaba vinculado “Joselito”, tal el apodo del hombre secuestrado en abril de 2020, en el extremo noroeste de Rosario. Una saga en la que se contaron otros asesinatos y balaceras que mantuvieron en vilo la barriada de Nuevo Alberdi.

Secuestro y golpes
Los hermanos Romero habían llegado al juicio acusados de haber secuestrado a José Orlando “Joselito” C. el 4 de abril de 2020 a las 20 en la puerta de la casa de la víctima en Polledo al 3800, en Nuevo Alberdi. Según la acusación formulada por el fiscal Patricio Saldutti, hasta allí llegaron Luciano Romero con el ya condenado Gastón Fabián Núñez y dos adolescentes portando armas de fuego y en permanente comunicación con Lichy, que supervisaba las maniobras desde su celda de la Unidad Penitenciaria Nº 6 —ex alcadía de Jefatura— donde estaba detenido entonces.

Los captores aprovecharon un momento en el que Joselito salió de su casa a limpiar una sartén, le dispararon a las piernas y lo metieron a la fuerza en el auto en el que circulaban, un Peugeot 206 gris, tal como alcanzó a notar la pareja de la víctima que salió a la vereda al escuchar el balazo y pudo ver cómo se lo llevaban. La mujer llamó a familiares de José que a su vez llamaron a la policía. De esa escena los uniformados se llevaron una vaina servida calibre 9 milímetros y un pasamontañas negro que habría usado alguno de los agresores.

Según reconstruiría la investigación los secuestradores llevaron a la víctima hasta una casa de Matheu al 3400 donde fue retenida con este propósito: entregar dinero en efectivo y también los títulos de propiedad de su vivienda y de su auto. Los requerimientos fueron expresados mediante golpes de puños y culatazos que causaron distintas lesiones a Joselito. Las acciones ocurridas en esta casa eran seguidas desde la cárcel por Lichy, con quien se comunicaron varias veces durante las más de dos horas que estuvieron en esa vivienda.

Sin embargo las cosas no resultaron según lo planeado. Cerca de las 22.30, y luego de que Joselito resistiera las violentas demandas de sus captores, Lichy ordenó que lo sacaran de esa vivienda. El hombre secuestrado volvió a ser subido al Peugeot 206 mientras Núñez subió al volante de una camioneta Ford F-100 y se dirigió otra vez para la zona noroeste de Rosario. Cargó combustible en un bidón en una estación de servicios de Baigorria y Circunvalación y enfiló hacia el norte por la ruta 34 hasta un lugar en el que se encontró con sus compañeros que tenían retenido a Joselito.

Los secuestradores circularon en ambos vehículos y al llegar a la altura del kilómetro 4 de la ruta 34 ingresaron a una calle de tierra paralela que hace las veces de colectora. Luego detuvieron los vehículos e hicieron bajar a la víctima. El hombre empezó a correr como podía, ya que estaba herido de bala en sus piernas, mientras los laderos de Romero comenzaban a dispararle por la espalda. Joselito fue alcanzado por varios balazos hasta que cayó entre unos yuyales y la banquina de la ruta.

Los secuestradores habrán pensado que ya estaba muerto y lo dejaron ahí tirado mientras huían en los dos vehículos, distanciados entre sí, por la ruta 34 hacia el sur. Pero no contaron con la asistencia casi inmediata que empezó a recibir Joselito a partir de la acción de vecinos que lo encontraron mortalmente herido. El hombre presentaba un balazo en el abdomen, otro en el muslo izquierdo y fuertes golpes en la cabeza.

Con gran dificultad pudo relatar lo sucedido. La policía llegó a la escena, al igual que una ambulancia del Sies en la que lo llevaron al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí quedó internado con pronóstico reservado pero semanas después se recuperó.

Arrestos y condenas

Tres semanas después, el 24 de abril de 2020, fue apresado Núñez por personal de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC, actual PDI) en un allanamiento realizado en una vivienda de Servellera al 3900, en Nuevo Alberdi. Si bien fue imputado días después, en agosto volvieron a imputarlo a partir de evidencia que había surgido. Dos años después, el 21 de abril de 2022, Núñez aceptó en un juicio abreviado una pena de 19 años y seis meses por el hecho.

Así, Núñez admitió la coautoría de varios delitos: “privación ilegal de la libertad coactiva triplemente agravada por las lesiones causadas a la víctima, por la participación de 3 o más personas y por la participación en el hecho de menores de edad”, y una tentativa de homicidio “doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa y doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de menores de edad”. También se le achacó la portación ilegítima de un arma de guerra y un hecho de encubrimiento. La condena, en este caso, incluye su conducta como partícipe primario de un homicidio.

Lichy Romero, de 34 años, siguió cumpliendo su condena a 7 años y 4 meses recibida el 10 de junio de 2020 como jefe de una asociación ilícita y otros delitos dos atracos a mano armada y lavado de activos. Esa condena se unificó con los 23 años que el tribunal oral le dictó este lunes por haber ordenado el secuestro de Joselito en una pena única de 29 años de cárcel.

Por su parte Luciano Romero, de 23, recibió en este juicio oral una pena a 24 años que se unifica en 27 años de cárcel por una condena anterior a cuatro años dictada por un juzgado de Menores por delitos como amenazas coactivas calificadas, robo simple y un intento de robo agravado por poblado y banda.