Caso Petroquímica Bermúdez: la Justicia aceptó que una ONG participe como "tercero" en la causa civil

Tras casi dos años sin novedades en el juicio por presunto daño ambiental contra la empresa Petroquímica Bermúdez, o más conocida como ex – Electroclor, finalmente surgieron novedades: la Justicia aceptó que una la ONG ambientalista Taller Ecologista participe en la causa civil.
En concreto la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II de Rosario, confirmó la sentencia de 1° instancia dictada por el Juez Andino de San Lorenzo, aceptando la participación de la ONG Taller Ecologista en carácter de “tercero” en la causa.

Desde la ONG celebraron la decisión y recordaron a El Litoral que el predio ubicado en Capitán Bermúdez “sigue estando contaminado con sustancias químicas tóxicas con un gran potencial de daño a la salud y el ambiente”.

El pedido de la ONG había sido presentado el 14 de abril de 2021, en referencia a la causa civil que la provincia de Santa Fe tiene contra Petroquímica Bermúdez -la aceptación aún no estaba firme- con el objetivo participar en el proceso y colaborar con la provincia de Santa Fe en los procesos de remediación del predio ubicado en la vecina ciudad.

“La tercería es una figura jurídica que permite ingresar a un proceso, en este caso la demanda fue iniciada por la provincia de Santa Fe contra la empresa. Ahora nuestra organización -que tiene legitimación para participar- se sumará como tercero. A través de esta figura se manifiesta el interés jurídico en que se logre la remediación, y colaborar en los controles que sean necesarios, aportar conocimientos, entre otros”, explicaron desde la ONG.

Últimos avances de la causa

A mediados del año pasado data la última novedad que permitió que se pueda avanzar penalmente contra los dueños de la compañía.
Si bien los fiscales Matías Edery y Schiappa Pietra, vienen presionando para que se acelere con los procedimientos y se pueda avanzar con la audiencia imputativa por daño ambiental, no hubo efecto.
De hecho, ahora, uno de los fiscales, Edery, se encuentra atravesando una situación particular por otro caso que lo tiene en vilo. Es que dos fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Nº1 con asiento en Santa Fe encabezarán la investigación penal contra el funcionario de la Agencia de Criminalidad Organizada, luego de la denuncia presentada por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno por los delitos de acción pública, en base a diálogos "inapropiados" que el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mantuvo con una lugarteniente de Los Monos, Mariana Ortigala, a quien imputaron por extorsiones contra el dueño de una agencia de loterías.

Ante este escenario, se dificulta la posibilidad de presión por parte de ambos fiscales para poder generar que se reactive el juicio contra Petroquímica Bermúdez. Por ahora, lo que se logró concretar es que la Cámara de Apelaciones de Rosario resolviera que se puede avanzar penalmente contra los titulares de la firma: Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego.
Esto fue posible gracias a que se dejó sin efecto la resolución del juez Juan José Tutau, la cual extinguía la acción penal contra los propietarios de la compañía. Por eso, los fiscales buscaban que se reanudara el proceso judicial cuanto antes, pero a un año de esta noticia, no hubo más avances.
El caso salió a la luz cuando la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia advirtió que la compañía había incumplido los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.
Ante este escenario, para los fiscales, los dueños de la firma tenían que poder ser imputados en la causa, porque tienen responsabilidad en supuesto daño ambiental. Hasta el momento, previo al fallo del Tribunal, solamente dos de los cinco implicados estaban formalmente imputados.
Se trata del exfiscal regional, Patricio Serjal, y el fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini; por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento. Y a Serjal por omisión de persecución. A los titulares de la ex Electroclor, los fiscales buscan que se los impute por contaminación dolosa y perjuicio al medioambiente.