Claudia
En tanto vecinos, comerciantes, organizaciones y sindicatos se iban sumando, artistas independientes realizaron una intervención.
Los locutores del acto fueron los encargados de leer el documento elaborado por los Sindicatos del Cordón Industrial de San Lorenzo, entre los que se encuentran: AAEMM, ADETRAM, AJEPROMM, APINTA, APOPS, ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE SANTA FE - AMSAFE SAN LORENZO, ASOCIACIÓN SUPERVISORES ACEITEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, ATE SECCIONAL ROSARIO - DELEGACIÓN SAN LORENZO, CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES DE PESCA Y CABOTAJE MARÍTIMO, FESTRAM, FRATERNIDAD, SADOP, SEAMARA, SECYT ROSARIO, SINDICATO DE CONDUCTORES NAVALES, SICORE, SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES, SINDICATO LUZ Y FUERZA, SINDICATO QUIMICO PAPELERO CAP. BERMÚDEZ, SITRAM GRANADERO BAIGORRIA, SITRAM PUERTO GRAL SAN MARTÍN, SITRAM SAN LORENZO, SOEA, SOEPU, SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS, SINDICATO QUÍMICO DE SAN LORENZO, SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTINOS, SUPARA, SUPEH, SUTRAVIP, UPCN.
En el documento, los sindicatos agradecieron la adhesión y participación al paro convocadopor las centrales obreras y manifestaron: “Los sindicatos que participamos de este espacio, rechazamos y repudiamos el DNU 70/2023 y la llamada ley ómnibus, en sus formas y contenidos, por cuanto pretenden arrasar con el estado constitucional de derecho y con ello, todos los derechos y garantías fundamentales del pueblo argentino, producto de un largo proceso de construcción social y cultural ganado a través de la permanente lucha histórica de la clase trabajadora y de toda nuestra sociedad; y de las instituciones republicanas y democráticas, recuperadas y ganadas en estos últimos 40 años y respecto de las que socialmente convinimos no abandonar nunca más.-
Mediante el decreto y este proyecto de ley se pretende arrasar contra el sistema constitucional y legal argentino, eliminando derechos básicos de los trabajadores, suprimiendo la movilidad jubilatoria, quitando la protección a inquilinos, liquidando todo patrimonio nacional aun en empresas públicas superavitarias como YPF y aerolíneas, suprimiendo normas del cuidado y protección del ambiente, quitando recursos al estado, entre innumerables iniciativas encabezadas por el intento de desplazar al parlamento aprobando facultades extraordinarias a un presidente que no oculta su desprecio por la república y el sistema democrático.”
“Se nos quiere imponer una inadmisible limitación al derecho de huelga, eliminar las indemnizaciones por despido, extender los períodos de prueba, promover el trabajo en negro en pymes hasta cinco empleados, limitar la vigencia de los convenios colectivos de trabajo, por citar solo algunos de los ataques hacia los trabajadores. Paralelamente pretende beneficiar a las patronales con la exención de multas y penalizaciones por trabajo no registrado y reduciendo los montos que deben pagar en juicios por despidos sin causa.
El gobierno, además, promete mano dura y represión ilimitada de cualquier protesta social, creyendo que con un bochornoso protocolo se va a poder ahogar el grito de millones de argentinos empujados al hambre, la pobreza y la desesperación. Presidente Milei, ministra Bullrich, no hay protocolo capaz de frenar la indignación que crece y crece contra medidas de un gobierno que pulveriza los salarios de las y los trabajadores.Las propuestas de Javier Milei se resumen en ajuste y más ajuste, pero solo para el pueblo.”
En contacto con la Delegada Seccional de AMSAFE San Lorenzo, Adriana Monteverde, expresó que el DNU y el Proyecto de Ley ómnibus en el ámbito educativo insisten con la declaración de servicio esencial para impedir, de esta manera, el derecho a huelga de las y los trabajadores de la educación. “La educación no es un servicio, la educación es un derecho.
Además, estas medidas favorecen el avance de la privatización y la mercantilización de la educación. La educación es un derecho social, no es mercancía.Las medidas vulneran la estabilidad laboral de la docencia. No nos dejemos engañar, las reformas planteadas no vienen a mejorar el sistema educativo, sino que tienen como objetivo estigmatizar a personas e instituciones.”
Desde el escenario, hicieron también un llamado a legisladores nacionales y jueces para impedir que suceda lo planteado por el gobierno nacional, exigiendo “a diputados y senadores nacionales que rechacen este proyecto de ley que atenta contra el pueblo, las instituciones democráticas, los trabajadores, las organizaciones civiles, la cultura, la educación, el ambiente, la salud, la libertad de expresión, permite la privatización de las empresas del estado, debilita al sistema previsional, destruye a la patria.”
Finalizando con la reiteración del rechazo y el compromiso del movimiento obrero organizado de seguir movilizando y resistiendo ante las pretensiones de quita de derechos.
