ClaudiaSegún las Naciones Unidas, se produce cuando se arresta, detiene, traslada contra su voluntad o priva de su libertad a las personas; y cuando esto es cometido por agentes gubernamentales, grupos organizados o particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. Cada 30 de agosto, se recuerda el Día Internacional contra la Desaparición Forzada.
La ONU reconoce además que este crimen afecta no solo a la persona desaparecida, sino a su núcleo afectivo y a su comunidad. En México, Colombia y Argentina —solo por citar algunos ejemplos— mujeres buscan a sus hijas e hijos y transitan un camino de defensa de los derechos humanos.
Amnistía Internacional propone una mirada en clave histórica. Señala que el uso sistemático de la desaparición forzada fue producto de un conjunto de “aterradoras circunstancias que se extendieron por todo el continente de las Américas durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI”.
Menciona como ejemplos las dictaduras ocurridas en la región y la desaparición como estrategia de silenciamiento y terror hacia la disidencia política. En Argentina, la última dictadura cívico-militar dejó 30.000 personas desaparecidas. Esta estrategia se replicó también en Chile y en Uruguay.
Amnistía Internacional agrega que, en otros países, como Colombia y Perú, “la debilidad de las instituciones del Estado, los conflictos armados y la violencia sociopolítica dieron lugar a un vacío de poder político que permitió a agentes no estatales” perpetrar crímenes que incluyeron la desaparición forzada.
El organismo advierte que, cuando los Estados no actúan en la búsqueda de las personas desaparecidas, esta tarea recae sobre sus propias familias. Y que en muchas ocasiones son las mujeres las que encabezan estos movimientos de búsqueda.
Pero, dice AI, “en lugar de ensalzar y proteger a estas buscadoras, se las ataca, se las denigra, se las desacredita e incluso se las criminaliza por defender los derechos humanos. En su caso, la búsqueda de sus seres queridos puede conducir a asesinatos, violencia sexual, desaparición forzada y amenazas”.
Y explica que “una de las principales razones por las que gran parte de las búsquedas son realizadas por mujeres es la expectativa cultural de que son ellas quienes deben ocuparse de los cuidados”.
Las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, las Madres Buscadoras en México o las Madres de Soacha en Colombia son algunos ejemplos. Las Madres argentinas marcaron un camino que aún permanece en búsqueda de memoria, verdad y justicia por lo acontecido en la última dictadura militar.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia, de un universo de 54.076 personas que buscan a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, el 59% son mujeres. A partir de su experiencia de búsqueda, redactaron una ley para mujeres buscadoras que apunta a su protección y esperan que sea implementada.
En diálogo con el medio DW, Andrea Torres, buscadora de Colombia, expresó: “En Colombia nos enfrentamos al machismo, no veían por qué tenía que existir una ley para las buscadoras”. Y agregó que «la búsqueda está feminizada, porque la mayor parte de desaparecidos son hombres y porque estamos en una sociedad patriarcal que nos impone roles de cuidadoras y por eso nos hemos echado la carga de esta tarea que debería ser del Estado».
En México, esta lucha se visibilizó en la inauguración del último Mundial de Fútbol, cuando las Madres Buscadoras utilizaron ese acto para visibilizar su lucha. Según AI, entre 2019 y 2024, sólo en México hubo 16 asesinatos de buscadoras y buscadores, 13 de ellos de mujeres. Asimismo, una buscadora fue sometida a desaparición forzada.
