ClaudiaCon un pedido de penas drásticas y un voluminoso expediente que expone la saña del crimen organizado en la ciudad, comenzó en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario el juicio oral contra Pablo Nicolás Camino y otros siete integrantes de su organización. La Fiscalía solicitó prisión perpetua para seis de los acusados, a quienes señala por coordinar y ejecutar una seguidilla de homicidios, extorsiones, amenazas y ataques armados desplegados para consolidar el control de sectores de la barra brava de Newell’s Old Boys y desplazar a facciones rivales en el negocio del narcomenudeo.
El debate se desarrolla ante un tribunal integrado por las juezas de primera instancia Lorena Aronne, Mariana Prunotto y Ana Julia Milicic. La acusación está a cargo de los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello, miembros de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, quienes buscarán demostrar el rol jerárquico que Camino ejercía desde su lugar de encierro.
Entre los múltiples episodios ventilados en el proceso, el emblemático asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano representa uno de los puntos más oscuros de la acusación fiscal. El 1º de febrero de 2023, el músico y malabarista fue secuestrado al azar mientras caminaba por la zona de 27 de Febrero e Iriondo. Los captores lo obligaron a subir a un Renault Sandero negro —sustraído dos días antes a mano armada— y lo trasladaron hasta la puerta del estadio Marcelo Bielsa. Frente al ingreso principal sobre avenida Morcillo, le dispararon tres veces con una pistola calibre 9 milímetros y dejaron entre sus prendas un mensaje intimidatorio dirigido a una facción enemiga. Según los investigadores, Altamirano fue una víctima elegida estrictamente «al voleo» para enviar un sanguinario mensaje en la interna del barro leproso, coordinado mediante comunicaciones telefónicas entre quienes dieron la orden desde la cárcel y los ejecutores en la calle.
La reconstrucción judicial expone además un entramado de violencia desatado en distintos barrios del oeste rosarino. La investigación atribuye a la banda el homicidio de Jorge Maturano, cometido el 20 de febrero de 2023 en barrio Santa Lucía —donde una de las imputadas habría registrado el ataque con su celular—, y el posterior acribillamiento de Pablo Latorre durante el velorio de Maturano esa misma jornada en Teniente Agneta al 1700, instigado por el propio Camino. A la lista se suma el crimen de Benjamín Echavarría, perpetrado el 1º de marzo de ese mismo año.
La violencia de la organización no se limitó a los ajusticiamientos entre bandas. El expediente detalla balaceras contra instituciones públicas, extorsiones a vecinos para despojarlos de sus viviendas o vehículos, y ataques contra comercios locales. Entre los hechos de mayor repercusión internacional figura la balacera del 2 de marzo de 2023 contra el supermercado Único de Lavalle al 2500, propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, donde dos hombres en moto efecturaron disparos y dejaron un cartel con una amenaza explícita.
Detrás de este despliegue de amedrentamiento, la Fiscalía ubica la ambición de la estructura criminal por dominar la venta ambulante, el estacionamiento, los servicios en las inmediaciones del coloso parque Independencia, la seguridad en eventos y el traslado de simpatizantes.
Ante la gravedad de los delitos, los fiscales solicitaron la pena de prisión perpetua para Pablo Nicolás Camino como jefe de la asociación ilícita, así como para Antonela Fernández y Carlos Olguín en calidad de organizadores, y para los ejecutores Carlos Ruiu, Uriel Enrique y Alexis Romero. En tanto, para Axel Nuñez y Lucas Castillo, imputados como integrantes de la red, se requirió una condena de cuatro años y seis meses de prisión. En las próximas jornadas, el tribunal deberá analizar el material probatorio para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los juzgados.
