ClaudiaUn ejercicio de la consultora Qualy reveló que, de haberse aplicado la actualización metodológica en el Indec que el Gobierno postergó en enero, la medida de la inflación acumulada desde diciembre de 2023 sería del 344,3%. Con el sistema actual, en base a ponderaciones de 2004 ya obsoletas, da 328,8%. La diferencia no es poca: 15,5 puntos porcentuales que surgen, como ordena la revisión del propio organismo estadístico en 2017, del mayor peso en el cálculo otorgado a rubros de tarifas de servicios, transporte y alquileres. Precisamente, los que durante el mileismo aumentaron fuertemente y contrajeron el poder adquisitivo de las familias.
El Indec había anunciado en octubre de 2025 que comenzaría a difundir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la estructura de gastos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 a partir de enero de 2026. La actualización, presentada como un paso necesario para reflejar los patrones de consumo más recientes, fue sin embargo suspendida por el Gobierno a comienzos de febrero. Entre otras cosas, eso derivó en la renuncia del entonces director del Instituto, Roberto Lavagna, que venía de la gestión anterior. El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó entonces la decisión con un argumento que ya se demostró falso: «No hay que cambiar el índice ahora», dijo, y agregó que el actualizado «da prácticamente igual».
La reconstrucción de Qualy, que recalculó mes a mes el índice desde diciembre de 2023 utilizando las ponderaciones de la encuesta de gastos 2017/18, permite ahora evaluar aquella afirmación con una serie más extensa. El resultado muestra que, si bien la diferencia mensual puede ser mínima (en julio, por ejemplo, la nueva medición habría dado 2,14% contra el 2,11% oficial), el efecto acumulativo a lo largo de más de dos años amplifica esa brecha hasta los 15,5 puntos porcentuales. La inflación acumulada con el IPC vigente fue de 328,8%, mientras que con la canasta actualizada habría alcanzado el 344,3%.
El núcleo de la diferencia no está en qué productos entran o salen de la canasta, sino en cuánto pesa cada uno en el presupuesto familiar. Según el trabajo de Qualy, «a diferencia de la estructura metodológica vigente, la canasta actualizada le otorga una incidencia significativamente mayor al bloque de Servicios sobre el índice general». Eso es clave porque durante el gobierno de Javier Milei se produjeron fuertes aumentos en tarifas, transporte y alquileres, rubros que con la nueva ponderación tienen un impacto mayor en el resultado final. La estructura vigente, en cambio, utiliza ponderaciones determinadas a partir de la encuesta de 2004/05, actualizadas luego por la evolución de los precios.
El dato también pone en perspectiva una de las principales críticas a la postergación: la decisión de mantener el índice viejo no es inocua en términos de registro estadístico. Los 15,5 puntos de inflación acumulada que el índice oficial no está captando se dan en un contexto de credibilidad en baja de las estadísticas públicas.
El Indec continúa midiendo la canasta basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004-2005, que contiene ítems inverosímiles para la actualidad.
Incluye, por ejemplo, productos y tecnologías que cayeron en desuso o ya no representan el consumo masivo actual. Entre ellos, figura el relevamiento de disquetes, casetes, reproductores de MP3 o iPods. Y el revelado de rollos fotográficos.
También contempla aparatos de fax y, en algunos relevamientos históricos, llamadas desde líneas fijas con baja ponderación moderna.
Hay más, el viejo esquema que sobrevive por decisión oficial abarca transporte no motorizado o arcaico. Es el caso de vehículos de tracción animal como sulkys y carros, además de sus arneses y collares para animales de tiro.
En cuanto a los electrodomésticos, incluye televisores de tubo (CTR) en lugar de pantallas LED o Smart TVs de uso masivo.
A todo lo anterior, se agrega que no mide consumos tecnológicos recientes, como los de plataformas de streaming de video o música, o aplicaciones modernas de movilidad o servicios en la nube.
Un punto central del desfase es el de la ponderación de tarifas de servicios públicos, que no se corresponden con el peso que tienen hoy en los hogares. Energía eléctrica, gas y agua tienen un peso menor al real (9,4%), cuando con patrones actualizados deberían representar un porcentaje mayor del gasto de las familias. Como complemento de esa distorsión, el rubro de alimentos y bebidas detenta una porción muy alta que deforma el impacto relativo frente a otros bienes y servicios modernos.
Al indexar o negociar aumentos salariales basados en un IPC más bajo, los trabajadores enfrentan un costo de vida real superior debido a los fuertes aumentos en tarifas de servicios.
A eso se agrega que las referencias oficiales no reflejan los gastos cotidianos actuales de los hogares, lo que debilita el impacto real de las actualizaciones salariales. Se estiman diferencias de varios puntos porcentuales en la evolución real del salario si se compara contra una canasta actualizada (como la de la ENGHo 2017-2018). Las remuneraciones estatales y jubilaciones atadas al índice oficial sufren un deterioro acelerado frente a los gastos corrientes de las familias.
Además, un índice de inflación retrasado deprime artificialmente los límites de las canastas básicas, alterando los umbrales oficiales de indigencia y pobreza.
