ClaudiaLa Justicia de Santa Fe ordenó a la empresa metalúrgica AR Zinc SA el «cese de estado antijurídico», es decir remediación de los daños ambientales, ante el inminente riesgo de colapso de la barranca sobre el río Paraná en su predio de Fray Luis Beltrán. El pedido de Fiscalía destaca que se trata de una situación crítica agravada por el pronóstico del fenómeno climático «El Niño» que amenaza con contaminar directamente las aguas del río Paraná.
La resolución fue dictada por el juez Eugenio Romanini tras una audiencia realizada en los tribunales de San Lorenzo a pedido del fiscal del distrito judicial, Maximiliano Nicosia. El reclamo fue acompañado por representantes de la Fiscalía de Estado encabezados por Domingo Rondina y por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, representado por el secretario Gustavo Leonel junto a su equipo técnico.
La fábrica en cuestión operó desde 1950, bajo el nombre de Sulfacid, en un espacio de unas 50 hectáreas ubicado entre la Ruta Nacional 11 y el Paraná. En 2005, su paquete accionario fue comprado por la multinacional con base en Suiza Glencore. La producción se paralizó de forma conflictiva en febrero de 2016, tras una avería en un horno. Cientos de trabajadores quedaron sin empleo y, además, la firma no diseñó ningún plan de saneamiento para evitar la contaminación ambiental dadas las sustancias peligrosas que utilizaba para al producción de zinc electrolítico y ácido sulfúrico, entre otros productos.
Hubo otro cambio: en 2021, la compró Integra Capital, el grupo que preside José Luis Manzano y que nuclea a todas las inversiones del grupo Vila-Manzano en petróleo, gas, uranio, litio y energía eléctrica a través de la distribuidora Edenor. Adquirieron infraestructura y también la responsabilidad del pasivo ambiental, que nunca remediaron.
El núcleo del conflicto judicial radica en el peligroso pasivo ambiental acumulado en el predio de la firma, que alcanza aproximadamente las 800.000 toneladas de residuos tóxicos derivados del procesamiento de metales pesados, entre los que destacan la jarosita (sulfato de potasio y hierro hidratado básico) y metales pesados como plomo, cadmio y arsénico. Todo ello, agravado por la erosión y el peligro de desmoronamiento de la barranca hacia el río, además del filtrado de tóxicos a las napas subterráneas por acción de las lluvias.
Ante la posibilidad de un derrumbe de la barranca, Fiscalía advirtió sobre el impacto ambiental catastrófico para toda la región y exigió un plan integral que incluya el apuntalamiento del terreno, el cerramiento perimetral para evitar el ingreso de personas y la remediación del suelo contaminado.
La desidia empresaria no es nueva. La firma ya contaba con antecedentes y una orden previa dictada en 2022 por un Juzgado Civil en el marco de un expediente iniciado en 2020. Por esa orden, le exigía la realización de obras de apuntalamiento en la barranca. Esos trabajos nunca fueron realizados por la empresa.
Ante la gravedad de la situación, el juez Romanini impuso un cronograma perentorio de cumplimiento inmediato para AR Zinc SA:
