ClaudiaEl Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en un trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó el derribo de un nuevo búnker utilizado para la venta de estupefacientes en Centeno 2659, en la ciudad de Rosario.
Se trata de la intervención número 131 realizada en toda la provincia desde la entrada en vigor de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura en diciembre de 2023 y promulgada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Del total de inmuebles inactivados, 76 corresponden a la ciudad de Rosario y 86 al departamento Rosario.
Los derribos comenzaron a ejecutarse a principios de 2024 como parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe y, según los casos, con la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales. La normativa permite inactivar puntos de venta de drogas e inmuebles vinculados a organizaciones criminales y a hechos de violencia que afectan la convivencia en los barrios.
Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó: “Seguimos aplicando la Ley de Microtráfico junto con el MPA y ya tenemos otros derribos en trámite. El lunes 13 realizaremos el primero en la ciudad de Reconquista”. Además, explicó que estas intervenciones se llevan adelante en sectores donde “la violencia vinculada al narcomenudeo deterioró la vida cotidiana de los vecinos, con balaceras y, en algunos casos, homicidios”.
El funcionario recordó, además, que “no es el primer derribo que realizamos en esta zona” y adelantó que “la semana próxima está previsto otro operativo en el mismo sector”.
Por su parte, el fiscal César Cabrera precisó que la investigación cuenta con cinco personas detenidas. Explicó que la causa se inició tras detectarse maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes en un inmueble administrado por personas con una larga trayectoria delictiva en la zona.
Como resultado de los procedimientos, se secuestraron alrededor de 100 gramos de cocaína, lo que dio lugar a nuevas medidas judiciales, más detenciones y otros secuestros de droga. El fiscal remarcó que el derribo del inmueble es una medida clave para impedir que el lugar vuelva a ser utilizado como punto de venta.
Finalmente, Cabrera subrayó que la zona permanece bajo una intervención investigativa permanente. “Creamos un foco específico para Villa Moreno y Villa Centeno. Los resultados están a la vista: disminuyeron los índices de violencia, se inactivaron numerosos puntos de venta y se concretaron detenciones y secuestros de material vinculado a estas organizaciones”, concluyó.
