Provincia avanza fuerte contra el microtráfico: en Rosario ya son 80 los búnkeres derribados en la gestión de Pullaro

El Gobierno de Santa Fe supervisó el derribo de un nuevo búnker de venta de estupefacientes ubicado en Spiro 314 bis, en Villa Manuelita, Rosario. Con esta intervención, ya son 80 los puntos de venta de drogas inactivados en la ciudad y 136 en toda la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico, en el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El procedimiento fue supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La política de inactivación de inmuebles comenzó a aplicarse a principios de 2024, luego de la sanción de la normativa a fines de 2023, y se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.
La Ley de Microtráfico permite avanzar sobre puestos utilizados para la comercialización de estupefacientes y sobre inmuebles vinculados con circuitos delictivos asociados a hechos de violencia altamente lesiva.
El secretario de Seguridad, Omar Pereira, destacó la importancia de intervenir sobre estos puntos porque, además de funcionar como lugares de comercialización de drogas, suelen convertirse en focos de violencia en los barrios.
“Son centros de violencia que generan problemas graves, con vecinos que vieron su vida trastocada por balaceras y muertes”, señaló Pereira. Y agregó: “Ochenta derribos es un número importante para el breve período de implementación de la ley, pero es una lucha de todos los días. Tenemos que seguir trabajando para que estas intervenciones tengan el impacto que necesitamos”.

Una investigación de más de un año

El fiscal Diego Giro explicó que el procedimiento forma parte de una investigación que lleva más de un año y que ya derivó en numerosas detenciones y en el secuestro de estupefacientes.
“Es el tercer derribo que se realiza en este sector. Hubo uno en la esquina, a pocos metros de aquí, y otros dos de manera paralela al que estamos realizando”, precisó.
Según explicó el fiscal, la investigación apunta a una organización que operaba en la zona y que buscaba reponer los lugares de comercialización cada vez que uno era desarticulado.
“Lo que sucedía era que, cuando se derribaba un punto de venta, se regeneraban otros. Entendemos que esta es la manera de avanzar para llevar tranquilidad a los vecinos y evitar situaciones que no solo generan venta de drogas, sino también toda la violencia asociada”, sostuvo Giro.

La importancia de las denuncias

El fiscal también destacó el papel de las denuncias ciudadanas para detectar los puntos de comercialización y avanzar con las investigaciones.
“La gran mayoría de las causas comienza por denuncias de vecinos que, agobiados por estas situaciones, deciden llamar al 911”, indicó Giro.
En ese sentido, recordó que las denuncias pueden realizarse de manera anónima: “No es necesario brindar datos personales. Esa información permite a la Fiscalía iniciar investigaciones y avanzar sobre estos lugares”.